Subsidios al transporte y una larga pelea de Mendoza con la Nación

Hace dos semanas, el Gobierno nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior en línea con su objetivo de ajuste fiscal. Sin embargo, la medida fue percibida por los gobernadores como una represalia tras el frustrado paso de la ley ómnibus por el Congreso. Se trata de un fondo creado para subsidiar a las empresas de colectivos urbanos de las provincias y es el motivo por el que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se puso en pie de guerra contra el presidente Javier Milei. 

La semana pasada, se conoció el fallo de un juez federal de Rawson que dio lugar a una medida cautelar presentada por el gobierno de Chubut para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Esta decisión de la Justicia abrió la puerta para que otras provincias reclamen la restitución de los subsidios, entre ellas, Mendoza.

 

Desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que están trabajando en una presentación formal y que están buscando antecedentes y documentación desde hace dos años. La idea es esperar a ver cómo le va a Chubut en la Corte porque hasta ahora solo hay una decisión de un juzgado federal. 

“Estamos analizando la situación y trabajando en algo al respecto pero con más pruebas”, indicaron desde el Ejecutivo sin más detalles antes las consultas de MDZ. 

Uno de los primeros en criticar la medida fue el gobernador Alfredo Cornejo. “Creo que es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente. Tonta por donde se la vea”, dijo el mandatario provincial sin tapujos cuando se conoció la medida de la Secretaría de Transporte de la Nación.

“Claro que hay que reducir subsidios en Argentina, pero hay que hacerlo de manera inteligente. No es de esta forma. Los que hicieron las cosas bien están siendo perjudicados”, agregó. Alfredo Cornejo se refería directamente a su antiguo reclamo de discriminación entre las provincias y el AMBA que históricamente recibió más subsidios para transporte. 

Mendoza, los subsidios y los reclamos

“En términos de federalismo estamos en el peor momento de Argentina”, denunciaba en 2021 el por entonces secretario de Transporte, Natalio Mema, para señalar la inequidad entre los subsidios que recibía el AMBA y los que llegaban de forma irregular a Mendoza.

En ese momento, Mema aseguraba que en términos reales los recortes eran del 50%. “Para el Gobierno Nacional un mendocino vale menos que una persona que vive en AMBA”, cerraba su reclamo el funcionario provincial.

En mayo 2022, cuando Alfredo Cornejo era legislador nacional, presentó en el Senado un proyecto de redistribución de los subsidios al transporte público de pasajeros para terminar con la inequidad entre el AMBA y las provincias del interior del país. Según palabras de Cornejo, 85% del total de subsidios nacionales eran para el AMBA (donde se subsidiaba el 100% del pasaje), mientras que solo 15% restante se repartía entre el resto de las provincias. Además, en ese momento a Mendoza llegaban la mitad de los fondos que correspondían.

En julio del año pasado, Mendoza reclamaba los pagos que no llegaban desde febrero. “El dinero no lo entregaron porque había un supuesto error en una planilla de San Rafael, cosa que no era cierta y ya demostramos. Todos los meses cambiaban la forma en presentar las rendiciones correspondientes”, dijo en ese momento Mema. 

La discusión se extendió hasta octubre. La Nación dijo que Mendoza no entregaba documentación y desde la provincia aseguraron que a la documentación obligatoria se sumaron 24 notas y reuniones presenciales para aclarar dudas y diferencias, pero ni esas gestiones lograron destrabar los subsidios. “El federalismo está en su peor momento con el gobierno de Cristina y Massa”, escribió irónico Natalio Mema en su cuenta de X en ese momento.  

Un mes después se supo que la documentación que faltaba era de unos 20 recorridos de media y larga distancia que habían ocurrido entre los años 2008 y 2013, en las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez. El problema es que en esa época gran parte de las resoluciones solo estaban en formato papel y muchas se perdieron o fueron destruidas por exfuncionarios. 

A noviembre del año pasado, Mendoza había recibido $1.643 millones. En febrero de 2003 se habían cortado los desembolsos y había llegado uno solo de $1.100 millones. En ese momento, la deuda de la Nación era de $6.277 millones.

El caso de Chubut

La primera provincia en reclamar formalmente por el corte de subsidios al transporte fue Chubut. El gobernador Ignacio Torres se presentó ante la Justicia Federal y pidió una medida cautelar para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del interior dispuesta por el Gobierno Nacional. 

La semana pasada, el juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre dio lugar a la medida cautelar y la noticia fue acompañada por un comunicado de la Provincias Unidas del Sur (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa) en donde aseguraron que “las provincias son preexistentes a la Nación” y que “nadie puede someterlas ni extorsinalas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen”.

“Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, disparó el gobernador de Chubut en X y despertó el enojo de Javier Milei que trató de “degeneradores fiscales” a los mandatarios provinciales y compartió un comunicado de la Oficina del Presidente. 

En primer lugar, el Gobierno Nacional aseguró que los fondos que se recortaron corresponden a una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario. Después apuntó contra los gastos provinciales. “De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con austeridad (...) Si a los gobernadores no les alcanza deberán reducir drásticamente el gasto público”, señalaron desde la Oficina del Presidente.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio se solidarizaron y sacaron un comunicado en apoyo a Torres. “El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, dice el documento firmado por Alfredo Cornejo.