Arancelamiento en salud y universidades: detalles y primeras reacciones

El Gobierno anunció la implementación de aranceles para los servicios de salud y educación universitaria destinados a extranjeros no residentes. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca generar recursos adicionales para las universidades y aliviar el sistema de salud público. Sin embargo, la decisión ha provocado escepticismo y rechazo en los sectores implicados.

En el ámbito académico, el plan permitiría que las universidades nacionales cobren aranceles a estudiantes extranjeros, especialmente en carreras como Medicina, donde en algunas instituciones el 30% de los estudiantes no son argentinos. A pesar de este porcentaje, los datos oficiales indican que los extranjeros representan solo el 4,3% de la matrícula total en las universidades públicas y el 3,9% en las carreras de grado. Se estima que unos 79.800 estudiantes extranjeros podrían ser afectados por la medida.

El anuncio tomó por sorpresa a rectores y autoridades universitarias, quienes cuestionan tanto la viabilidad económica como los aspectos legales de la propuesta. Según la normativa vigente, solo pueden inscribirse en universidades argentinas aquellos extranjeros que residan en el país y cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación genera incertidumbre respecto a cómo se definiría a los "extranjeros no residentes" y cómo se implementaría la medida. Universidades como la de Buenos Aires expresaron su malestar por no haber sido consultadas previamente.

En cuanto al sistema de salud, el proyecto toma como antecedente las iniciativas provinciales de Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes. El Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, argumentó que el acceso gratuito a servicios sanitarios para migrantes sin intención de establecerse en el país carece de respaldo constitucional y no beneficia a la sociedad argentina.

La medida también genera debate en el contexto de los esfuerzos del Gobierno por descentralizar la gestión del sistema de salud. Desde la administración nacional se ha promovido la autonomía de las provincias para administrar recursos y servicios sanitarios. Sin embargo, aún no está claro cómo se articularán estas políticas con el proyecto de arancelamiento, cuyo texto definitivo será presentado próximamente al Congreso para su debate.

Este anuncio reactiva una discusión que ya había surgido en 2023, cuando el Congreso rechazó una propuesta similar en el ámbito educativo. En aquel entonces, el argumento principal fue que el arancelamiento podría limitar el acceso de estudiantes extranjeros y contradecir el principio de gratuidad que caracteriza al sistema público argentino.