El 2025 ya llegó: avanzó la Corte y el agro amenaza con el default

Javier Milei termina el año con desafíos múltiples, muchos de los cuales no estaban en la agenda inmediata de este diciembre que venía más que pacífico, al menos para las costumbres argentinas. Está claro que en materia de paz social y confianza en el futuro el presidente logró en este fin de año lo que casi ninguno pudo al menos en la década pasada: protestas desactivadas y una expectativa de mejora futura que pocas veces como ahora se reflejó en las proyecciones.

¿Eso implica que Milei no tiene tormentas importantes por delante? Para nada. La Corte Suprema le reservó a la Casa Rosada todo un menú de alternativas judiciales que promete mover el tablero sensiblemente cuando los tribunales vuelvan de la feria judicial que va del 1 al 31 de enero. La despedida de Juan Carlos Maqueda de la Corte había pasado casi desapercibida entre brindis y saludos que le fue dando cada organización relacionada con el derecho. Todo indicaba que el “justice” se iba del cargo con tranquilidad, abriendo paso a una Corte de tres miembros que definiría luego cuestiones espinosas.

Sin embargo, Maqueda le puso la firma en los dos últimos acuerdos del máximo tribunal a temas que definieron causas que, en el fondo, marcarán la política del 2025. Cristina Fernández de Kirchner será juzgada en la causa por el memorándum con Irán, el expediente que más la complica moral y éticamente hablando, por una decisión de fin de año de la Corte, que también falló a mediados de diciembre que Cristina y su hijo Máximo vayan a juicio oral por  la causa Hotesur-Los Sauces. En un país que no tiene ley de Ficha Limpia para cargos nacionales, esos juicios mantendrán alta la temperatura electoral del 2025.

El menú de decisiones de la Corte Suprema se completó esta semana con un fallo que apunta directamente a resolver el demorado proceso de autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo emitido el viernes es simple en su enunciación y extremadamente sofisticado en el impacto que tendrá varios fueros judiciales.

Los cuatro miembros de la Corte Suprema hasta ese momento (ayer Maqueda ya no pertenecía al cuerpo) decidieron que en los casos de apelación de fallos de Cámara de la justicia ordinaria nacional la competencia será del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, de la Corte porteña.

Es interesante abundar en el porqué del fallo de la Corte y en las consecuencias futuras que tendrá. Para los jueces supremos el proceso de autonomía de la ciudad que se inició en 1994 con la reforma constitucional y continuó luego en 1996, tuvo demasiados frenos en cuanto lo que estableció la voluntad de los constituyentes que definieron que el territorio de la Capital Federal pasaría a ser autónomo y no dependiente del Poder Ejecutivo, que hasta ese momento nombraba por decreto a su jefe.

Ese proceso de autonomía tiene pasos pendientes ineludibles y que ahora quizás se aceleren, como es el caso de la transferencia definitiva de los puertos locales, del transporte público en su integridad, todos temas sobre los que esta semana volvió a insistir Jorge Macri.

El jefe porteño se anotó un triunfo importante con el fallo de la Corte Suprema ya que el avance en autonomía en materia de la justicia local será clave. La autonomía porteña entró ahora en el menú electoral como nunca; la interacción de la justicia nacional ordinaria con los tribunales porteños se dará como nunca se vio. En un proceso de cruce entre el PRO, que en la ciudad representa Jorge Macri, y la estrategia de la libertad avanza de desembarcar en territorio porteño rompiendo el acuerdo inicial de complementación y ayuda con el macrismo, el terreno institucional en CABA pasa a ser un campo de batalla ideal.  Y el jefe de gobierno porteño tendrá mas elementos, ahora aportados por la Corte, para diferenciarse de Javier Milei en su defensa por el modo de vida de la ciudad, algo que ya hizo leitmotiv con su campaña “Buenos Aires Primero”.

Nunca debe olvidarse que en materia constitucional la Corte Suprema tiene un doble rol, que por otro lado el kirchnerismo siempre se ha negado a reconocer. El máximo tribunal es la instancia última de apelación judicial, pero al mismo tiempo es la razón final de la estabilidad del del sistema republicano. Sus decisiones pueden y deben impactar en el mantenimiento del funcionamiento del Estado como entidad de derecho. Inclusive en la ley de acefalía el presidente de la Corte es un eslabón esencial en la línea de mando presidencial. Por eso no llamó la atención el reclamo de la Corte en el fallo sobre la autonomía porteña ante la demora en avanzar con el proceso de autonomía plena que el peronismo siempre quiso frenar.

Hay un dicho en el campo que refleja realidades como pocos: “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, dice la sabiduría de tierra adentro. En este caso parece volver a aplicarse. Cristina Fernández de Kirchner salió ayer con furia a atacar el fallo de la Corte Suprema. Se subió a la crítica sobre esa decisión del tribunal alegando que benefició, como un regalo de Navidad dijo, el reclamo de los accionistas de SOCMA (se refirió a Mauricio Macri) en el caso de la apelación de un incidente del expediente de la deuda por el Correo Argentino.

En realidad, Cristina brama de furia contra el fallo de la Corte Suprema porque supone una pérdida absoluta de poder de combate en las apelaciones de fallos que pueden venir en adelante en la Justicia nacional ordinaria, no en la Federal donde tramitan las causas donde se la juzga por corrupción, y que también tendrá impacto en toda la legislación laboral. El criterio de interpretación de fallos en la justicia del trabajo podría ser desde ahora mucho más letal para los intereses del gremialismo argentino que la reforma laboral por ley que en parte quedó trabada en el Congreso.

Lejos de la política judicial reapareció en el horizonte una amenaza que la historia argentina escuchó en algunas ocasiones: la posibilidad de una cesación de pagos por parte de la sojera Los Grobos y su controlada Agrofina, son la muestra de una crisis que el agro venía anticipando. Inmediatamente se encendieron todas las alarmas  y no fueron pocos los productores que corrieron a verificar cuales eran sus posiciones de venta tomadas en el mercado.

Un caída abrupta del precio de los granos puede cambiar todo el escenario, tanto para los grandes players como para el propio Estado, que vive de recibir del campo 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones.

Y esta vez no es la excepción: en 2023 la soja cotizó en Chicago a un promedio de US$ 521 en términos reales, con picos que superaron los US$ 600 la tonelada. El precio promedio de exportación que se espera para el 2025 es de US$ 369,5 la tonelada, claramente mas abajo que el promedio de la campaña que ya terminó.

En ese contexto hay tres realidades que deben recordarse para entender que sucede con el anuncio de cesación de pagos de un empresa y dos controladas del agro sobre la imposibilidad de cumplir con vencimientos de pagarés agropecuarios por montos que van desde US$ 100.000 hasta US$ 10 millones. En primer lugar muchas de las decisiones del sector se tomaron en el 2023 con contratos pensados en un contexto preelectoral con una proyección de dólar futuro que rondaba los US$ 2000.

En esos números, la relación entre el costo de los insumos del campo importados en muchos casos a dólares financieros libres y con exportaciones liquidadas a dólar oficial quieto menos la retención de 30 % terminó siendo letal. Los dos puntos estan relacionados con la definición que Luis "Toto" Caputo y el gobierno sobre la imposibilidad de negociar nada que vaya en contra del superavit y el combate a la inflación. 

El campo viene reclamando un sendero de baja de las retenciones a las exportaciones. La semana pasada, en los conciliábulos de fin de año, desde las asociaciones que nuclean a los productores más grandes hasta la que reúnen a los más chicos coincidieron en dos puntos: apoyo al Gobierno y a los cambios que propone, pero expectativa inmediata por la baja de retenciones y el final del cepo. Caída de precios, pérdida de competitividad y presión fiscal se repitieron en todos los brindis como argumentos de la crisis.

En ese marco aparece el anuncio del incumplimiento de pago de las empresas Surcos, Agrofina y Los Grobo Agropecuaria. Todo arrancó con un default chico de US$ 500.000 en los Surcos, siguió con US$ 100.000 en Los Grobo y estalló con US$ 10 millones en Agrofina, todas integrantes del mismo grupo.

La crisis desató dudas y las preguntas estallaron en el mercado: “¿Hay crisis o es una amenaza al Gobierno que se hace el distraído a la hora de definir cuándo bajarán retenciones?”, confiaba un productor a MDZ.

Siempre en off, como acostumbra hablar el sector agropecuario, otro involucrado razonó: “El problema ahora no es tanto el financiamiento, sino los costos (altos en dólares), y el nivel del dólar (bajo) para liquidar. Los números no cierran para muchos…”.

Hay malicia y duda en otros comentarios que se escuchaban: “¿Realmente creen que estas empresas tienen imposibilidad de pago? Entonces se pierden el ABC de los gigantes: resultado negativo por pasivos siempre, cuando estoy incómodo concurso o amenazo con quiebra , empujo hasta el límite a los acreedores y al final pago lo que quiero cuando quiero reperfilando deuda”, bramaba un liquidador de soja curtido en muchas crisis

Como sea el conflicto se instaló. Javier Milei deberá tenerlo presente ahora, cuando todo parecía indicar que era un tema central pero para 2025. La política y la economía son lo mismo y se entrelazan en sus problemas. El Gobierno ya lo aprendió.