Las fuerzas federales amplían el ciberpatrullaje para evitar estafas
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actualizó las directivas para las labores preventivas en el espacio cibernético que realizan las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Esta decisión tiene como objetivo abordar los delitos emergentes relacionados con el uso de tecnologías, criptoactivos y transacciones en línea.
La Ley N° 22.520, que regula los ministerios, asigna al Ministerio de Seguridad la responsabilidad de desarrollar políticas criminales y estrategias para prevenir el delito, así como combatir el crimen organizado. Por otro lado, la Ley N° 24.059 establece el marco jurídico para garantizar la seguridad interior, delegando al Ministerio la conducción política de las acciones en este ámbito.
En este contexto, la Resolución N° 428/2024 ya había fijado pautas para la prevención de delitos cibernéticos. Sin embargo, el aumento de transacciones con criptoactivos y la proliferación de estafas virtuales, como esquemas piramidales y delitos de intermediación financiera no autorizada, subrayó la necesidad de ampliar y actualizar las directrices.
Con esta nueva resolución, el artículo 2° de la Resolución N° 428/2024 fue sustituido para incluir nuevos enfoques en la prevención de delitos cibernéticos. Entre las prioridades se encuentran la lucha contra la intermediación financiera ilegal a través de criptoactivos, el lavado de activos y las estafas en plataformas digitales. Asimismo, se reforzaron las acciones contra la violencia de género, el acoso, la explotación sexual infantil y la trata de personas en el entorno cibernético.
La actualización también incluye medidas para identificar y prevenir fraudes, extorsiones y falsificaciones realizadas en plataformas digitales, así como delitos económicos. Además, se priorizará la búsqueda de personas desaparecidas o requeridas por la justicia, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.
El nuevo artículo 2° establece que las Fuerzas Federales deberán enfocarse en delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, violencia de género y explotación sexual, además de fraudes económicos y actividades ilegales en el ámbito digital. También abarca la venta de bienes y servicios restringidos, el uso indebido de criptoactivos y otras infracciones identificadas en el ciberespacio.