Revés de la Corte contra Cristóbal López por una millonaria demanda a Mendoza

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló contra un reclamo de la petrolera Oil M&S SA, empresa que era propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López. El máximo tribunal de justicia de la provincia rechazó una demanda de la compañía pidiendo que se anule una decisión del Gobierno de Mendoza y se le reintegre una suma de 7,8 millones de dólares por la inversión en un área petrolera que le había sido adjudicada, pero que por una serie de irregularidades nunca entró en producción.

La petrolera interpuso una acción procesal administrativa contra la Provincia solicitando la nulidad de un decreto del gobernador y una resolución del entonces Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía que había rechazado el reclamo por el reintegro de la inversión luego de que se extinguiera el permiso de exploración del área petrolera “Río Diamante”.

La demanda impulsada por la ex empresa de Cristóbal López apuntaba contra el Decreto N° 1738/20 dictado por el ex gobernador Rodolfo Suarez, que había ratificado la Resolución N° 178/19 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. De esta manera, la firma pedía que se le reintegre la inversión realizada que asciende a la suma de U$S 7.843.065.

La ex Sala II del Alto Tribunal, integrada por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, rechazó la acción del empresario kirchnerista y le dio la razón al Gobierno provincial en que la petrolera no cumplió con los procedimientos de estudios ambientales necesarios para llevar adelante los trabajos en el área adjudicada y tampoco concretó las inversiones económicas comprometidas. Por lo tanto, la Justicia dejó firme la decisión de quitarle el permiso a la firma de López y desestimó el reintegro de la millonaria cifra que reclamaba la compañía.

Oil M&S había sido adjudicataria de un permiso de exploración tras una licitación pública para áreas petroleras, en el año 2008, durante la gestión del peronista Celso Jaque. La compañía que estaba en manos del empresario kirchnerista obtuvo el área de “Río Diamante”, en forma condicional hasta tanto acreditara su situación fiscal regular ante el Dirección General de Rentas (DGR) de Mendoza y AFIP.

A mediados de 2009 se le otorgó la entrada anticipada y provisoria al área, pero apenas pudo realizar algunas exploraciones. Ya durante el gobierno de Francisco “Paco” Pérez hubo dos intentos de convocatoria a audiencia pública para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero ambas fracasaron. Uno de esos fracasos se debió a que en una publicación a la audiencia la firma explicitó que se procedería a hacer estimulación por fractura hidráulica (fracking) en varias formaciones y en ningún momento formó parte del estudio y por eso no había sido evaluado.

En 2015 intervino la Fiscalía de Estado, que suspendió el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental y archivó el expediente, de manera que no se pudo avanzar más en la exploración del área petrolera.

Al año siguiente, ya durante el gobierno de Alfredo Cornejo, Oil M&S ofreció devolver el área petrolera en cuestión y rescindir el contrato, y solicitó un reintegro de 7,8 millones de dólares por todo el gasto realizado para cumplir el contrato –menos el lucro cesante–, liberándola de todo compromiso u obligación relativa a la concesión del área.

El Ministerio de Economía extinguió el permiso de exploración y posteriormente rechazó un recurso de revocatoria que interpuso la empresa, mientras que luego el gobernador Rodolfo Suarez en 2020 desestimó un recurso jerárquico.

Esas decisiones fueron ratificadas esta semana por la Suprema Corte, en un fallo argumentado por el ministro Omar Palermo, al que adhirieron sus colegas de la ex Sala II, Mario Adaro y José Valerio.

Los magistrados entendieron que la empresa de Cristóbal López reiteró los argumentos expuestos en instancias anteriores y no lograron “desvirtuar los extremos fácticos y jurídicos” considerados por el Gobierno de Mendoza para desestimar el pedido.

Agregaron que “las pericias rendidas en la causa no aportan elementos para ponderar la legitimidad de la actividad administrativa examinada”.

En tanto, los jueces remarcaron que “la Provincia encuadró la situación en derecho e inició las actuaciones dirigidas a constatar el incumplimiento según el mecanismo que el Pliego preveía en su art. 25.20 y en tanto Autoridad de Aplicación de las Leyes 17.319, 26.197 y 7.526 en el territorio sometido a su jurisdicción, y ejerciendo las funciones que tales normas confieren”.

“Entre esas facultades, controló el estricto cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en materia ambiental y, verificado el incumplimiento en el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, extinguió el permiso exploratorio e intimó a la actora a pagar el saldo pendiente actualizado de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 4.40 y 25.6 del Pliego”, concluyó el tribunal.