Veto universitario: cómo votaron los diez diputados mendocinos
Este miércoles, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario luego de que la oposición no obtuviera los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso. Si bien los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo habían logrado reunir 160 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), mediante apoyo de aliados (sector UCR, PRO, Creo e Independencia), consiguió las 85 voluntades necesarias para sostener el veto.
En lo que respecta a los diez diputados que representan a Mendoza, solamente los tres integrantes de La Libertad Avanza respaldaron a Milei: Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez. En tanto que rechazaron el veto los radicales Lisandro Nieri, Julio Cobos y Pamela Verasay, en conjunto con los peronistas Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo. Lourdes Arrieta, que actualmente tiene su monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal, también votó en contra del veto.
Julio Cobos, quien es uno de los radicales mendocinos que critica con más frecuencia a Javier Milei, se refirió a lo ocurrido en la Cámara alta. "Lamento profundamente que la defensa de la #UniversidadPública no fue unánime y contundente. Siento que le dimos la espalda a nuestro pasado, a la historia que nos forjó y formó como profesionales, a la igualdad de oportunidades impulsada por una movilización social ascendente", indicó en sus redes sociales.
"Le dimos la espalda al presente, a millones de personas que en abril y en estas semanas salieron a pedirnos razonabilidad y defensa de las universidades. Por último, le dimos la espalda al futuro, es inconcebible pensar que una Argentina con menos educación será una Argentina mejor", resaltó.
"Viene la discusión del Proyecto de Presupuesto 2025 y una vez más tenemos que buscar acuerdos para priorizar la educación pública. Hoy no fue el caso", concluyó el exvicepresidente.
El maipucino Adolfo Bermejo también se pronunció al respecto. "Lamentablemente, hoy la Cámara de Diputados aprobó el veto de Milei, poniendo en peligro el futuro de nuestras universidades. La educación pública merece ser defendida, no destruida. Es un golpe para los estudiantes y el desarrollo del país", dijo y, en tono desafiante, sumó: "No nos vamos a quedar callados".
En tanto que el diputado de La Libertad Avanza Facundo Correa Llano aseguró en apoyo al Gobierno nacional. "Logramos en Diputados sostener el veto del presidente Javier Milei. El proyecto no contemplaba el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, lo cual es una violación directa a la Ley 24.156 de Administración Financiera. Esta ley es explícita: cualquier gasto no previsto en el presupuesto debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento".
Y añadió: "El Gobierno desde que asumió ha priorizado las necesidades más urgentes de la sociedad, entre ellos está la educación superior. Es importante señalar que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Esto es inaceptable. Necesitamos una administración pública más transparente y responsable.
La ley que había sancionado el Congreso ordenaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación”. A su vez, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Uno de los puntos más que más ruido hizo en Casa Rosada indicaba que se debía "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
Así, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó un impacto fiscal del 0,14% del PBI, una cifra cercana a $738.595 millones. La Ley de Movilidad Jubilatoria, la última ley sancionada y vetada por el Gobierno tenía un costo de 0,4%.
Cómo votaron todos los diputados