Presupuesto 2025: extractivismo justificado por equilibrio fiscal
Nos enfrentamos a una crisis climática y ambiental sin precedentes, agravada por un contexto político y social en debate y crisis. En esta actualidad, sumada a la falta de divisas y la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales, Argentina se enfrenta nuevamente al dilema de optar por un desarrollo sostenible y a largo plazo o recurrir a un modelo cortoplacista, basado en la explotación intensiva de sus recursos naturales, que a grandes rasgos también optaron los últimos 3 gobiernos al menos. El Presupuesto 2025 presentado por el gobierno de Javier Milei expone la decisión de profundizar un enfoque extractivista que, lejos de promover un desarrollo inclusivo y sostenible, pone en riesgo el futuro de nuestros recursos soberanos y desestima una perspectiva socioambiental para el país.
Este presupuesto evidencia una vez más la falta de un plan estratégico que considere los beneficios de una economía basada en la sostenibilidad. En lugar de buscar soluciones basadas en tecnología e innovación que permita el aprovechamiento responsable de nuestros recursos, se insiste en repetir los errores del pasado, no solo en nuestro país sino en la región, priorizando la obtención inmediata de divisas a través de la explotación indiscriminada, que se lo denomina como el “mal de la abundancia” o “el mal de los recursos”. Es necesario un cambio de paradigma que permita aprovechar el potencial de nuestros recursos naturales, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Foto: MDZ.
Se trata de una visión cortoplacista, que opta por atender la urgencia sin mirar las limitaciones que le genera al Estado y las consecuencias en nuestra sociedad. Se ignoran nuevamente los ejemplos de países como Noruega, que han sabido gestionar sus recursos de manera sostenible, y se asemeja más a economías dependientes y volátiles, como Angola. La ausencia de un marco regulatorio que condicione la explotación de estos recursos a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental, la Ley Bases, y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), solo agravan esta situación.
Un análisis detallado de los números revela que el presupuesto destinado a la gestión ambiental depende en gran medida de financiamiento internacional. Cerca del 25% del total asignado a este sector proviene de aportes internacionales, lo que evidencia una contradicción entre el discurso político del gobierno, que rechaza las principales agendas globales, y la realidad financiera que lo sostiene. Este desfasaje no solo resta credibilidad a las políticas ambientales del Ejecutivo, sino que también pone en entredicho la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y protección del medio ambiente.
Además, la distribución interna de los recursos muestra un problema significativo: aproximadamente el 70% del presupuesto total asignado a la Subsecretaría de Ambiente (ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) se destina a gastos operativos, como salarios y servicios no personales. Esto deja menos del 30% disponible para la implementación de programas específicos, limitando seriamente la capacidad de respuesta y ejecución de políticas cruciales para enfrentar los desafíos urgentes que el país necesita abordar. La falta de recursos para proyectos concretos de conservación y gestión ambiental refleja la ausencia de una estrategia coherente que priorice la inversión en este sector vital.
Los sectores críticos para la protección del ambiente, como los bosques nativos y los glaciares, continúan mostrando signos de desfinanciamiento. La falta de inversión en estos sectores críticos no solo pone en riesgo los servicios ecosistémicos que proveen, como la regulación hídrica y la contención de inundaciones, sino que también afecta a las comunidades que dependen directamente de estos recursos. La protección de los bosques y glaciares es fundamental no solo para la biodiversidad y el equilibrio ambiental, sino también para la economía local y la seguridad hídrica de amplias regiones del país.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego merece un párrafo aparte, más aún en el contexto de crisis producto de los incendios que vive la población de Córdoba, que se ha convertido en un problema recurrente y de gran impacto, como fueron los recientes casos de Chubut y Corrientes. Aunque el presupuesto muestra un aumento nominal, la inflación proyectada del 120% genera una pérdida real del orden del 30% en el poder adquisitivo de los fondos destinados a combatir incendios forestales. Sin mencionar que hoy en día no hay una propuesta seria y coordinada para de las jurisdicciones para abordar la principal respuesta a estas situaciones la prevención.
Pero lo más destacado del presupuesto no son solo las partidas específicas sino lo que muestra la “ley de leyes” presentada por el gobierno. Mientras el mundo avanza hacia un modelo de desarrollo que prioriza la transición energética y la economía verde, Argentina parece retroceder, aferrándose a un paradigma extractivista que prioriza el beneficio inmediato de unos pocos sobre la sostenibilidad y el bienestar de todos. Países de todo el mundo están adoptando políticas para fomentar energías limpias, crear empleos verdes y desarrollar una industria extractiva que minimice el impacto ambiental, asegurando que los recursos naturales puedan ser aprovechados también por las generaciones futuras. Argentina opta por un modelo anacrónico, con escasos fondos de control y supervisión que no solo pone en riesgo el ambiente, sino que también limita las oportunidades de desarrollo económico y social en un contexto global cada vez más competitivo y en términos de mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad.
Un dato que llama la atención es que, a pesar de la retórica oficial, este es el primer presupuesto que menciona de manera explícita la crisis climática y la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un marco a seguir, pese a tener funcionarios con esa orden, como el caso del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, designado con el mandato de detener cualquier participación argentina en la Agenda 2030, batalla que esta vez deciden dejar de lado. Si bien este reconocimiento puede interpretarse como un avance, la falta de coherencia y compromiso real en las políticas y asignaciones presupuestarias sugiere la falta de verificación y lectura del documento avalado por el máximo mandatario.
En conclusión, podemos ver que nuestro país sigue atrapado en un ciclo de dependencia económica de sus recursos naturales, que no solo perpetúa la vulnerabilidad económica, sino que también socava su capacidad para enfrentar los desafíos globales que se avecinan. El presupuesto presentado, junto con iniciativas como el RIGI, no hace más que consolidar un modelo extractivista que perpetúa la dependencia de la economía argentina de recursos naturales sin valor agregado. Esto limita nuestras oportunidades de desarrollo sostenible y nos aleja de la posibilidad de integrarnos en la economía global con una propuesta competitiva y respetuosa con el medio ambiente. Este proyecto lejos de impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo, consolida un modelo económico que hipotecará el futuro de nuestros recursos naturales. El país necesita una visión de desarrollo que vaya más allá de la mera extracción de recursos y que se alinee con las tendencias globales, pero eso requiere dialogo y consenso, aspecto que no verificamos en la gestualidad de este gobierno.
* Dr. Facundo Ríos. Abogado, Matrícula CPACF F°132 T°860