Cómo es el proyecto del Gobierno para privatizar rutas y autopistas
El Gobierno presentó este martes a través de Vialidad Nacional la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), un sistema que permitirá licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para su operación y mantenimiento, en el marco de su plan para privatizar la gestión de esos caminos.
El Gobierno había anunciado en octubre la decisión de poner en manos del sector privado la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas que en su mayoría se encuentran a cargo de Corredores Viales S.A. La empresa estatal acumula 30 millones de dólares de déficit operacional, financiado hasta diciembre de 2023 con fondos del Tesoro Nacional, según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En ese sentido, Adorni había adelantado que "cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente”. El vocero calificó la posibilidad como una “apertura inédita hacia la transparencia", a diferencia de “la obra pública que anidó la vieja política y funcionó como caja del delirio populista kirchnerista”.
La RFC abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos y "significará un ahorro de 6.100 millones de dólares para el Estado Nacional", aseguraron desde el Gobierno. El sistema busca "mejorar la eficiencia en la gestión de las rutas concesionadas" y se implementará a través de un proceso de licitación pública bajo el régimen de la Ley N°17.520, que fue modificada a partir de la sanción de la Ley Bases.
El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera está integrada por el Tramo Oriental, que incluye las rutas 12 y 14 y la Conexión Rosario-Victoria, y la convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.
El nuevo sistema apunta a la eficientización del uso de las tarifas de peaje. Para ello, el Gobierno determinó que la empresa concesionaria "no deberá abonar ningún canon al Estado Nacional, ni este último aportará ningún concepto como subsidio". "Esto permitirá que la concesión se solvente exclusivamente con la recaudación por el pago de peaje", explicaron.
Además, al momento de adjudicar la concesión se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario. Desde Vialidad Nacional también destacaron que el nuevo sistema "permitirá la participación de actores tanto del sector de la construcción vial como de otros sectores privados para garantizar mayor transparencia y competencia, logrando así mejores resultados para los usuarios".
A su vez, una vez adjudicado el tramo a la empresa concesionaria, las tarifas vigentes al momento de la adjudicación regirán hasta que la empresa asegure las condiciones óptimas de transitabilidad, antes de poder aplicar las nuevas tarifas de concesión. "Estas condiciones incluyen: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación", remarcaron.
El sistema de concesión también prevé la incorporación de controles dinámicos de peso y la actualización de los sistemas de control estáticos con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en el Control de Cargas. "Esto evitará el exceso de cargas que producen un deterioro desmedido del pavimento ocasionando gastos innecesarios que se trasladan al usuario", indicaron.
También se incorporarán vías TelePASE y el "sistema free-flow" (sin detención) como métodos de pago dinámicos con el fin de agilizar el tránsito.
Los proyectos estarán a cargo de las empresas concesionarias y Vialidad Nacional, como ente rector, realizará las mediciones del estado de las calzadas y el debido control por resultados. Por último, las concesionarias tendrán una tarifa máxima que podrán cobrar en concepto de peaje y los cuadros tarifarios se actualizarán trimestralmente según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, explicaron.