Veto al Financiamiento Universitario: qué dice el Boletín Oficial y cuándo se debate en Diputados
El veto total de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario se conoció poco después de que finalizara la masiva marcha de docentes, no docentes, alumnos y sectores de la oposición. Ahora la suerte del decreto presidencial está en manos del Congreso. Legisladores tienen previsto pedir para el 9 de octubre la sesión especial para ratificarlo o rechazarlo.
El Gobierno pone otra vez la mira en los "87 héroes" que acompañaron el veto del jefe de Estado a la ley que actualizaba la movilidad jubilatoria porque el escenario ya no es el mismo. Las dudas crecen respecto al bloque de diputados del PRO, en donde hay posturas diversas.
Este miércoles se los vio en la marcha al diputado Álvaro González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, y el legislador Héctor Baldassi opinó luego de la marcha que "hay que hacer eficientes los recursos, controlar y mejorar, pero la prioridad debe ser el financiamiento de la educación superior".
Mientras el bloque define su posición, una posición que se analiza es que los diputados amarillos que rechazan el veto se ausenten de la votación. De esa manera técnicamente no se afectarían los dos tercios necesarios para acompañar al presidente, aunque se alcanzaría con un número más bajo.
La diversidad de posturas también alcanza otra vez a los radicales, inclusive a alguno de los los cinco que cambiaron su postura sobre los haberes de los jubilados.
Desde el Ejecutivo aclaran que no rechazan la discusión sobre el aumento de presupuesto para las universidades. El vocero presidencial Manuel Adorni destacó que el Congreso es el lugar para seguir dando el debate pero insisten en que deben aclarar de dónde salen los fondos para financiar las propuestas.
Por eso rechazan la última ley sancionada y advierten que si el veto de Milei es rechazado, el Gobierno podría judicializar la cuestión, llevando el proceso ante la Corte Suprema mediante un per saltum o derivarlo al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Las razones de Milei para el veto
El veto hace énfasis en que el proyecto contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier norma que autorice gastos no previstos debe indicar claramente las fuentes de recursos para cubrirlos. En este caso, se calcula que los aumentos en las partidas para gastos operativos y salariales supondrían un costo adicional de 1,5 billones de pesos, cifra que no tiene respaldo presupuestario, lo que requeriría recursos extraordinarios no contemplados.
La medida también planteaba inconsistencias con las normativas de negociación colectiva, que establece que los aumentos salariales en el sector público deben ser consensuados mediante acuerdos paritarios. El proyecto de ley vetado habría generado, según el Ejecutivo, un trato preferencial para los empleados de las universidades frente a otros sectores del personal de la Administración Pública Nacional.
El Ejecutivo destacó que ya se han realizado incrementos salariales para el personal universitario, los cuales alcanzaron el 87 % entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, porcentaje que se encuentra por debajo de la inflación acumulada en ese periodo, que fue del 144 %. Aun así, el Gobierno argumentó que las subas establecidas en la ley sancionada eran excesivas y ponían en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales.
Además, el veto menciona que la norma establecía un mecanismo de actualización automática de las becas estudiantiles, lo que incrementaría aún más el gasto público. La ampliación progresiva del número de beneficiarios y los montos de las becas no cuenta, según el Ejecutivo, con una planificación adecuada dentro del presupuesto aprobado.