La UBA rechazó la intervención de la SIGEN y pidió auditorías externas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó este lunes la "intervención del Gobierno" a las casas de estudio a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y acusó al Ejecutivo de querer "atacar la libertad académica". A su vez, la institución destacó las auditorías que actualmente recibe y convocó a organismos independientes para hacer "una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad para brindar información indudable a la ciudadanía".

A través de un comunicado, la UBA aseguró que la SIGEN "no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales", ya que estas "son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional". A su vez, argumentó que el organismo "no agrega nada a la transparencia pública del Estado", ya que "no publica sus informes ni brinda información a la ciudadanía".

En ese sentido, la institución que dirige Ricardo Gelpi denunció "un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva". De acuerdo a la institución, al Gobierno "no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto", sino que lo que el Ejecutivo quiere es "controlar qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña".

"Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos, qué docentes pueden enseñar y qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad", sentenciaron.

A su vez, la UBA enfatizó que "rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público", y enumeró la lista de pruebas a la que es sometida. Entre ellas, mencionó a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano de control externo dependiente del Congreso y compuesto por 7 auditores de los distintos partidos políticos.

A ese organismo se suma el Poder Legislativo, a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual; el Poder Ejecutivo, con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación.

Por último, refirió a la Auditoría General de la Universidad, "independiente de la administración universitaria", cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos; "y a toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia".

Sin embargo, para "terminar de despejar todo tipo de dudas", la UBA solicitó formalmente a la AGN "que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023". A su vez, realizó "una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía".

Por último, la casa de estudios adeñantó que decidió llevar la discusión sobre quién debe ejercer el control interno sobre las universidades ante el Poder Judicial, "único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley".

El comunicado de la UBA llegó como respuesta al Gobierno de Javier Milei, que impulsó la intervención de la SIGEN. Ante el rechazo de las universidades al control del Ejecutivo, el presidente enfatizó: “Principio de revelación. La UBA se niega a ser auditada. Ello no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginamos, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es peor a lo imaginado”.