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Denunciaron ante el Jury de Enjuiciamiento a las autoridades del Tribunal de Cuentas por un error millonario

El senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti acusó ante el jury de Enjuiciamiento al presidente y los vocales del órgano de control por no contemplar intereses en un contrato incumplido.

Un "error de cálculo" que generó un perjuicio millonario a la comuna de San Rafael ha motivado al senador Armando Magistretti a pedir el Jury de Enjuiciamiento a las autoridades del Tribunal de Cuentas. El presidente del PD ya había denunciado la situación ante Fiscalía de Estado y Fernando Simón confirmó que se cometió un grave error al dar por saldada una deuda de la empresa constructora Nihuil Construcciones S.A con la Municipalidad de San Rafael sin que se contemplaran los intereses acumulados en dos años de mora.

En concreto, la comuna le había abonado de forma indebida 2.3 millones de pesos y para evitar sanciones, dos años después la empresa reintegró esa misma suma. Si bien de esa forma el Tribunal de Cuentas dio por saldada la situación, el senador Armando Magistretti denunció que no se tuvieron en cuenta los intereses generando un perjuicio a la comuna de alrededor de 12 millones de pesos.

Ayer el presidente del Partido Demócrata realizó una presentación al Presidente del Jury de Enjuiciamiento Dr. Dalmiro Garay Cueli, "denunciando el posible mal desempeño en sus funciones de las cinco máximas autoridades del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, en relación a sus actuaciones en el fallo Nº18022". "El HTC admitió la devolución de un pago ilegítimo realizado por dicho municipio sin reclamar los intereses correspondientes a dos años, en una época de alto proceso inflacionario, considerando que no había daño a la Hacienda Pública, todo ello en base al dictamen del Relator del HTC Dr. Gustavo Riera, quien ha sido propuesto por el Gobernador Cornejo como nuevo vocal del tribunal", argumentan desde el PD en la presentación que realizaron ante el Jury de Enjuiciamiento.

"La presentación tiene por objeto determinar las responsabilidades correspondientes. Es imprescindible que los organismos de Control de la Provincia funcionen en forma correcta para cuidar el dinero de los mendocinos. Los hechos como los denunciados son consecuencia directa de la politización de los órganos de contralor y atentan contra el principio republicano de la división de poderes", esgrimen.

 

En el documento sostienen que se trata de un "error inexcusable, mal desempeño en funciones y manifiesta arbitrariedad" de las autoridades del Tribunal de Cuentas debido a que que el artículo 71 de la ley orgánica del HTC N° 9292 "dispone expresamente el pago de intereses para esto casos". 

"El fallo hace caso omiso a ello incurriendo en un error inexcusable pergeñando un mal desempeño en funciones basado en una absoluta arbitrariedad, basándose en el dictamen del Secretario Relator Dr. Riera, pues aceptó la devolución de la misma suma pagada hacía casi dos años, sin intereses", remarca Magistretti y agrega que en otros fallos el mismo Tribunal de Cuentas si aplicó el referido artículo.

"A su vez, este error inexcusable cometido en el fallo 18022 por los cinco acusados no resiste opinión alguna pues atenta contra el sentido común y contra la naturaleza misma del órgano constitucional (art. 181 y ss. Constitución Provincial) con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia", adhiere.

"Atentaron directamente contra la misma institución que representan lo cual no podemos tolerar", agregó Armando Magistretti y remarcó que "ante el error inexcusable cometido por los aquí acusados, quienes, reitero, se basaron en el arbitrario dictamen del Dr. Riera, me vi obligado a denunciar el caso ante Fiscalía de Estado, la cual resolvió en legal forma y conforme a derecho".

El caso de la polémica

En el año 2022, la Municipalidad de San Rafael le abonó indebidamente 2.3 millones de pesos a una empresa constructora y el Tribunal de Cuentas lo detectó al auditar ese ejercicio. En concreto, el Tribunal de Cuentas había observado que el presupuesto de la obra era de 6.8 millones de pesos pero la empresa Nihuil Construcciones S.A había solicitado otros 2.3 millones de pesos en concepto de mayores costos. Lo llamativo era que la propia licitación dejaba claro que no se reconocerían ese tipo de adicionales bajo ningún concepto. En otras palabras, no correspondía pagarle ese dinero extra a la empresa. 

Ese procedimiento irregular ponía en una situación delicada a los funcionarios municipales que habían autorizado el pago y arriesgaban una sanción económica. Por eso, para evitar conflictos, dos años después la empresa depositó en una cuenta del municipio los 2.3 millones de pesos y el Tribunal de Cuentas entendió que eso era suficiente para dar el tema por saldado.

Ante esa decisión, el senador Armando Magistretti denunció que no se tuvo en cuenta la inflación que existió desde que la empresa recibió el dinero y el momento en el que lo devolvió sin ningún tipo de actualización. Magistretti presentó un pedido de informes en la Legislatura pero no prosperó, por lo que directamente decidió acudir a Fiscalía de Estado afirmando que el perjuicio a la comuna rondaría los 12 millones de pesos.

En el mes de junio, Fiscalía de Estado confirmó que el Tribunal de Cuentas cometió un error al dar por saldada una deuda de la empresa constructora Nihuil Construcciones S.A con la Municipalidad de San Rafael.