El Gobierno nacional busca marcarle la cancha a la Justicia por el DNU
Mediante una presentación del Procurador del Tesoro, el oficialismo le pidió al fuero Contencioso Administrativo que no intervenga en los amparos contra el decreto porque ya es tratado en el Congreso.
El Gobierno nacional decidió contestar a las demandas hacia el Estado por el DNU y le solicitó al fuero Contencioso Administrativo federal que es abstenga de intervenir en los amparos que recibió el decreto. La justificación se basó en que el Congreso ya tomó intervención en esos casos.
Fue a través de una presentación de los abogados de la Procuración del Tesoro, donde respondieron al amparo presentado por el Observatorio del Derecho en la Ciudad. Cabe señalar que por este recurso contra la iniciativa del oficialismo, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para resolver si declara o no constitucional el mismo.
"No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial", expresaron.
En ese sentido, pasaron a comunicar que el procedimiento de revocación "dependerá de la exclusiva voluntad del Congreso y del debate democrático- representativo y sobre el cual los jueces no pueden avanzar".
Incluso, advirtieron que una eventual intervención del Poder Judicial "constituiría una actuación cuanto menos prematura, toda vez que se encuentra en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional y el trámite parlamentario de la Ley N° 26.122, cual es el debido contralor por parte del órgano legislativo, del DNU dictado".
Sobre el amparo del Observatorio del Derecho en la Ciudad, la Procuración del Tesoro presidida por Rodolfo Barra sostuvo que "carece de legitimación, al no ser titular de un derecho que resulte afectado por el DNU cuestionado".
"Nos encontramos frente a un supuesto en el que la actora no ha alcanzado a demostrar en qué medida la supuesta `omisión antijurídica` le afectaría, motivo por el cual no cabe reconocerle aptitud para demandar en el presente proceso", argumentaron.
Asimismo, el Gobierno hizo alusión a las sesiones extraordinarias en el Congreso y recordó que "el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con la Constitución Nacional, puede hacer uso de facultades legislativas cuando existen circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes".
"El conjunto de medidas implementadas por el DNU número 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria", finalizaron.
La decisión a resolver quedó en manos del juez Lavié Pico, sobre si declara la inconstitucionalidad o no del decreto, tal cual lo pidieron varias entidades, particulares y ONG´S, entre otros.

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