Control de daños en la Corte tras el escándalo del Consejo de la Magistratura
Las denuncias penales por tráfico de influencias en la selección de jueces impactaron en la Suprema Corte. Le pidieron a la jueza Teresa Day, presidenta del Consejo de la Magistratura, que no concurra al menos por un mes.
Audios comprometedores, denuncias penales por tráfico de influencias y sospechas sobre posibles irregularidades en la selección de aspirantes a magistrados encendieron todas las alarmas en la Suprema Corte de Justicia. A raíz de los hechos que tomaron trascendencia pública en la última semana, el máximo tribunal de Justicia decidió en pleno que la presidenta del Consejo de la Magistratura, Teresa Day, no concurra a ese organismo al menos por un mes. En los hechos, la medida paraliza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura hasta que se aclare si han existido órdenes de aprobar o desaprobar a aspirantes.
El malestar que existe en el Poder Judicial es palpable y muchos se muerden la lengua para evitar que se dañe la confianza y la institucionalidad. "Estamos observando con cierta preocupación, no lo voy a negar, el nivel que tiene respecto a las temáticas que son públicas. La Corte no solo está tomando la temática, la está debatiendo y va a ir expresándose de acuerdo a la necesidad y en los momentos oportunos. No es conveniente por ahora dar opiniones personales, pero no es que no las tenga", manifestó el jueves pasado en MDZ Radio el juez José Valerio.

Valerio aclaró que el Consejo de la Magistratura no es un órgano del Poder Judicial, pero reconoció que al ser presidido por un integrante de la Corte es menester que se ocupen de preservar la institucionalidad. "Es importante que el que mira todo esto de afuera tenga confianza en el funcionamiento de las instituciones. El Poder Judicial no solamente selecciona personal administrativo, también participa de alguna manera, con la presidenta del Consejo de la Magistratura, en la selección de los jueces. También participa del Jury de Enjuiciamiento con 7 de 21 miembros que deciden si corresponde o no separar un magistrado. Tiene una serie de responsabilidades y me parece que la Corte tiene el deber de asegurar el debido proceso, los derechos. Es básico", manifestó procurando ser cauto en sus declaraciones para no arrojar más leña al fuego.
"Esto va a ser por ahora, salvo que quedemos liberados los miembros de la Corte o cada uno asuma a su riesgo de decir lo que opina. Por ahora lo prudente, incluso por el carácter que ha tomado públicamente, lo aconsejable es la prudencia. La Corte debe ser prudente", destacó.
Los audios del escándalo
Si bien en los últimos días el conflicto ha alcanzado dimensiones políticas en el marco de la campaña electoral, el detonante fue la denuncia presentada el 8 de agosto por el abogado Leonardo Pasccon contra el Director de Persona Jurídica, Sebastián Soneira, y la presidenta del Colegio de Abogados, Andrea Maturana por los delitos de coacciones y falsedad ideológica.
Lo que parecía ser un conflicto interno del Colegio de Abogados en la designación de integrantes de comisiones asesoras terminó por convertirse en un escándalo de proporciones impensadas. Sobre todo luego de que Pasccon aportara audios en los que se escucha cómo integrantes del Consejo de la Magistratura admiten que recibieron instrucciones de aprobar a ciertos aspirantes a pesar de que otros dieron mejores exámenes. También ofrecimientos de cargos en el Ejecutivo por parte del subsecretario de Justicia, Marcelo D'agostino, denunciado por tráfico de influencias.
Má allá del uso político que La Unión Mendocina y el PJ hicieron de este escándalo responsabilizando al cornejismo por esta cooptación del Consejo de la Magistratura, el hecho reviste una gravedad institucional serio y siembra dudas sobre acomodos de magistrados "amigos". Quizás el más fresco en la memoria es el de la expresidenta de la Juventud Radical y funcionaria provincial, Daniela Torres, que en abril fue nombrada jueza de menores.
Desde Xumek presentaron una denuncia por injerencias del Poder Ejecutivo en los sistemas de elección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura y el debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial de Mendoza. "Los ataques contra la independencia del Poder Judicial de Mendoza y el atropello al ejercicio de la abogacía como profesión independiente, denunciados en nuestra presentación de diciembre de 2021, no solo permanecen en el tiempo, sino que se han implementado nuevos mecanismos que reafirman la intromisión y el manejo arbitrario de la coalición gobernante, encabezada por Alfredo Cornejo, sobre el servicio de justicia", advierten.
"Es por todo esto que reforzamos nuestra solicitud respecto a la pronta intervención de esta Excelentísima Relatoría Especial para que contribuya a recuperar la institucionalidad del poder judicial, normalizando su funcionamiento de acuerdo a los estándares constitucionales y convencionales que aseguren el acceso ciudadano a una justicia independiente e imparcial en la provincia de Mendoza, hoy seriamente comprometido", esgrimen.
En ese contexto enrarecido la Suprema Corte decidió actuar de forma precautoria y determinó que María Teresa Day no concurra durante un mes a las reuniones del Consejo de la Magistratura. Sin su presencia, no se pude convocar a reuniones por lo que se frena su funcionamiento hasta nuevo aviso. Si bien se barajó la posibilidad de removerla como presidenta de la institución, entendieron que lo más prudente era esperar que pasen los comicios provinciales para no generar caldo político con un tema institucionalmente sensible.

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