Tribunales

El conflicto jurídico detrás de la imputación de Janina Ortiz que deberá resolver la Corte

La abogada defensora de la esposa de Daniel Orozco presentó una declaración de certeza por la ambigüedad con la que fiscales interpretan el artículo 318 del Código Procesal Penal. Entiende que se ha forzado la imputación de Ortiz y pidió que la Corte se expida. Los detalles.

Mariano Bustos
Mariano Bustos miércoles, 30 de agosto de 2023 · 19:00 hs
El conflicto jurídico detrás de la imputación de Janina Ortiz que deberá resolver la Corte
María Elena Quintero, abogada de Janina Ortiz. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La papa caliente finalmente llegó a la Suprema Corte. La abogada de Janina Ortiz, María Elena Quintero, presentó una acción declarativa de certeza para que el máximo tribunal aclare cómo debe interpretarse el artículo 318 del Código Procesal Penal. El motivo del pedido es que entiende que existe un doble estándar dentro del Ministerio Público a la hora de contemplar la figura de la declaración informativa y que eso genera incertidumbre jurídica. "No podemos estar dependiendo de quién toque como fiscal para saber si te imputan directamente sin pruebas o en su lugar te llaman a declaración informativa", explicó la abogada a MDZ. Para entender el conflicto jurídico hay que adentrarse en el fango de las causas judiciales que involucran a la esposa del intendente Daniel Orozco.

Las acusaciones están teñidas de especulaciones políticas marcadas por la cercanía de las elecciones provinciales en las que Orozco se presenta como candidato a vicegobernador de Omar De Marchi. La celeridad con la que han avanzado las investigaciones y las contradicciones entre los criterios que aplican distintos fiscales motivaron la presentación de la abogada de Janina Ortiz.

El pedido es puntual: que la Suprema Corte determine cómo debe interpretarse el artículo 318 del Código Procesal Penal que se refiere a la "declaración informativa". El argumento de Quintero es que en algunas causas los representantes del Ministerio Público respetan ese artículo mientras que en otras lo desconocen y directamente aplican la imputación prevista en el artículo 271.

"La finalidad de la presente acción es obtener del Máximo Tribunal de la Provincia el dictado de un pronunciamiento que, estimando la queja deducida, establezca la correcta interpretación de la norma del art. 318 del C.P.P. en cuanto a si debe, o no, ser considerado obligatorio para los Fiscales y en qué casos, toda vez que la situación de incertidumbre que han generado las actuaciones referidas, sobre una interpretación que venía desarrollándose en pacífica jurisprudencia, pone en serio riesgo la actuación del Ministerio Público Fiscal y le resta seguridad al ejercicio de la acción penal, tal es el interés legítimo que asume el carácter de gravamen irreparable, que origina el presente pedido de declaración de certeza", argumenta la letrada.

Dos causas, dos criterios 

El pedido de la defensa de Janina Ortiz se sustenta en el disímil devenir de dos causas que la tienen involucrada. En una se dio lugar a la imputación por coacción porque la fiscal Adjunta en lo Penal, Paula Quiroga, no está de acuerdo con la figura de la declaración informativa. En cambio, en la causa que investiga el posible desvío de fondos municipales a través de una cooperativa de trabajo, el fiscal Adjunto en lo Penal, Darío Tagua, ordenó que se tome declaración informativa a Ortiz y Daniel Orozco.

Janina Ortiz, Daniel Orozco y María Elena Quintero.

"Los criterios jurídicos divergentes de los Fiscales Adjuntos en lo Penal afectan el derecho a la tutela judicial efectiva (Arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) a de mi defendida, pudiendo la situación tornarse irreparable, además, de configurar la cuestión procesal en un caso de inseguridad jurídica y gravedad institucional manifiesta que corresponde solucionar", argumenta.

"Tal situación se agrava en tanto los Fiscales de Instrucción y Fiscales en Jefe, se han visto obligados a dejar sentado su criterio jurídico en relación a la inexistencia de elementos que justifiquen la imputación de Ortiz en las causas aludidas, siendo obligados a vincularla en los diferentes procesos en virtud de órdenes emanadas de los funcionarios que han cumplido con el rol de Fiscal Adjunto en lo Penal ante la licencia por razones de salud del titular de la función", esgrime para luego entrar en el detalle de esas contradicciones.

"La doctora Paula Quiroga ( en la causa N° P- 63716/23) instruyó a los Fiscales Sebastián Capizzi y Gabriel Blanco para que imputen a Janina Ortiz, bajo argumento de que según su criterio el art. 318, viola el derecho de defensa y únicamente la persona puede ejercer sus derechos plenamente ante una imputación", manifestó y puso énfasis en que esa decisión se tomó a pesar de que Capizzi consideraba que debía aplicarse la declaración informativa en lugar de la imputación en la causa en la que se acusa a Ortiz de coacción.

"En tanto en la causa P- 65010/23 el doctor Darío Tagua, actuando como Fiscal Adjunto ordenó al Fiscal Flavio D´Amore la vinculación de Janina Ortiz mediante una recepción de declaración informativa prevista en el art. 318 del C.P.P", cuestiona en referencia al otro proceso en el que se investigan desmanejos en fondos municipales a través de la cooperativa de trabajo, Manos a la Obra.

"Es decir, ambos funcionarios (Quiroga y Tagua) del Ministerio Público en ejercicio de la Fiscalía Adjunta Penal de la Procuración General, ante la ausencia de una Directiva General del Procurador General actúan de manera contradictoria y en ambos casos afectando derechos de mi defendida, teniendo que recurrir al Máximo Tribunal de la Provincia a fin que ponga fin a la situación de incertidumbre que se ha generado, en tanto la Dra. Quiroga actuando como Fiscala Adjunta tiene como criterio establecido no recibir declaración informativa e imputar directamente, poniendo a las personas bajo el estigma de una imputación aunque la misma no corresponda a tenor de la prueba existente; o por el contrario teniendo que someterse a una declaración informativa cuando no hay elementos para la imputación, en virtud de que el funcionario que está ejerciendo la Fiscalía Adjunta en lo Penal entiende que debe estar arrimada a la causa, sin mediar otros argumentos que la presión política y mediática que envuelve al caso", finaliza en el escrito.

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