La trama de los saqueos y el dato que inquieta: quién está detrás del miedo que se generó en Mendoza
Los primeros mensajes de alerta comenzaron el jueves 17 de agosto. Dos días después, se hizo realidad de manera aislada, pero inquietante. La carnicería de un dirigente político de Las Heras fue desvalijada y, en paralelo, otros robos disfrazados de saqueos quedaban en el intento; todos con la misma metodología: ingresaban por separado a un supermercado, llenaron carritos con mercadería costosa y luego se agruparon para intentar salir sin pagar. “La policía los atrapó y los obligó a devolver la mercadería en las góndolas”, contó una testigo. El Gobierno eligió el silencio, a pesar de los datos de inteligencia que alertaban la posibilidad de que escalara y el temor a que la semántica surtiera efecto, a que se instalara que había saqueos en Mendoza.
El martes siguiente la realidad respondió a un miedo virtual que sacó de eje a todos: una ola masiva de mensajes emitidos por redes sociales personales y grupales generó pánico, una especie de Guerra de los Mundos mendocina. Persianas cerradas, escuelas en alerta, universidades que cerraron. Todo en base a cadenas falsas y datos que corrieron de boca en boca; mejor dicho de “teléfono a teléfono”, ese dispositivo que tiene un vínculo tan íntimo con cada persona que genera credibilidad y, en este caso, miedo.
Vulnerables. Así se sintieron los mendocinos. Frágiles ante una situación tensa y sin defensas frente a mecanismos de acción que tienen un alcance gigante, inalcanzable. Los mensajes de WhatsApp se distribuyen a la velocidad del tipeo de dos teclas: reenviar y enter, mientras que el aparato estatal reacciona al ritmo del siglo XX. La policía y el Ministerio de Seguridad lograron disuadir sin generar incidentes graves, pero la política actuó tarde.
Ahora comenzará la “apertura” de los más de 50 teléfonos secuestrados para saber si hay redes reales, si son hechos aislados y si hay instigadores más allá de los detenidos.
De la reconstrucción de los hechos y las investigaciones surgen varias hipótesis y, en todos los casos, el telón de fondo es la fragilidad política y el caldo de cultivo para que actúen delincuentes. Los robos a supermercados fueron, en su mayoría, planificados por grupos más relacionados con la delincuencia común, por parias oportunistas, que por desestabilizadores. Así se desprende de los mensajes que fueron interpretados por los fiscales: aprovechando el contexto, organizaban lugar, horario y metodología. “Lo que escribieron, se condijo con lo que intentaron hacer”, explicaron. Hay 87 detenidos. Entre ellos 10 niños y 13 adolescentes que son imputables (tienen entre 16 y 18 años). Los niños eran escudos o fueron “invitados” a ejecutar una picardía, que en realidad eran hechos delictivos. Fuera de ellos, 23 de los 62 adultos acusados y apresados tienen antecedentes previos por haber cometido algún delito o tener causas pendientes. La mayoría por robo y hurto. Los analistas del Ministerio de Seguridad creen que es un lumpenaje que aprovecha el momento; ejecuta y busca sacar provecho. Hay detenidos como instigadores personas del Este, el Valle de Uco y el Sur, pero incluso por haber promovido disturbios en otros sitos. También creen que ayuda el contexto y que la situación podría empeorar: mal clima político y una situación económica desesperante.
Pero los investigadores tienen un punto ciego con lo ocurrido el martes, con el pánico esparcido de manera más anónima e incontrolable. Allí creen que sí hay alguna planificación más sofisticada para encender la mecha del miedo y que luego corra al ritmo que los teléfonos permite. No hay imputados que estén asociados al origen de los mensajes, muchos de ellos inverosímiles, que circularon ese martes. Que ingresaban a las escuelas. Que iban a saquear colectivos. Que la calle Arístides era arrasada. Que en el microcentro había “hordas” de gente para robar. Aunque muchos veían que en la calle no pasaba nada, el temor a que lo que su teléfono decía sea realidad los indujo a actuar en consecuencia, al menos por precaución. Por eso cerraron comercios, hubo un ausentismo enorme en las escuelas y las calles del centro quedaron desiertas. Ganó el miedo. Incluso algunas rutinas se instalaron.
El gobernador Rodolfo Suarez habló recién el martes pasado el mediodía. Antes, habían dejado todo solo en manos de la policía y el Ministro de Seguridad. A la infinita y veloz red de mensajes distribuidos por WhatsApp, Suarez había intentado contrarrestarla vía Twitter, esa red social de “informados” que es la predilecta por la política, pero con mucha menos permeabilidad social que otras. La reacción tuvo efecto, aunque con el miedo consumado en las calles. No hubo mensaje unánime de las cabezas de los tres poderes, aunque sí de las segundas líneas.
Peor aún, ante la crisis la primera línea política de Mendoza priorizó las divisiones. No hubo coordinación real entre los municipios y el Gobierno, los candidatos optaron por especular; salvo Omar Parisi. El desacople entre los dirigentes y la realidad tuvo efecto negativo.
El origen
Mendoza y Neuquén fueron primero. Y la ola llegó a la provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de hechos fue, según aseguraron a MDZ fuentes calificadas, mucho mayor a lo revelado oficialmente por la cantidad de saqueos que hubo. “Estaban desbordados”, explicaron.
Los detenidos están acusados de delitos graves, pero el contexto los complica más. Robo en banda e instigación. Pero con consecuencias peores para ellos porque lo hicieron en grupo, con menores de edad y generaron pánico en la comunidad. Los agravantes operan en este caso con hechos reales, pues el efecto miedo fue tangible. Por eso también no son excarcelables.
La mayoría de los imputados recibió algún tipo de asesoramiento similar. Se negaron a declarar y deberían comenzar a aparecer pruebas clave: los peritos informáticos abrirán los teléfonos de los acusados para ver mensajes y tratar de establecer si había redes, si operaron de manera aislada o agrupados. Y, lo más complejo, si hay operadores detrás. “Queremos ir hacia arriba, saber si hay instigadores de otro nivel o no”, explican desde el Ministerio Público Fiscal. Incluso puede darse una lógica adaptada: que haya instigadores invisibles y que quienes acciones no tengan relación con ellos.