Votar para revertir el declive de la Argentina

Nuestra decadencia tiene muchas explicaciones erradas que nos alejan de las soluciones verdaderas. La cultura del “gen” argento, chanta, vivo, y vago es absurda y, además, inmoral: la mayoría de la población aún vive decentemente, estudia, trabaja, paga impuestos y ansía con progresar, a pesar de la corrupción pública y la entronización constante de malos ejemplos. Tampoco ayudan las miradas basadas en resentimiento o prejuicios, en ambos bandos ideológicos. Muchos países con empresarios millonarios, y numerosos empleados públicos y gastos sociales, son sociedades florecientes, justas y sin miseria. Oponer a ricos contra pobres, capitalismo contra Estado, es estéril. En Argentina se exageran los antagonismos para esconder el verdadero problema.

Las sobreactuadas rivalidades de las dirigencias encubren su pacto tácito: “El Moncloa Argentino del Estado-Botín”. Más que en otro país, nuestra administración pública, en todas las jurisdicciones, está colonizada por políticos y corporaciones. Casi todos (95%) los cargos directivos de línea y de carrera están usurpados por acomodados, en general sin idoneidad ni experiencia. Los puestos directivos en empresas y agencias públicas de áreas claves para el desarrollo, como energía, salud, agua, seguridad social, transporte, ambiente, etc., van a improvisados o incompetentes: suficiente para explicar la decadencia.

Pero eso no es lo peor. La captura del Estado violenta procedimientos, la legalidad, el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sin imparcialidad del Estado, se socava la democracia y la igualdad de acceso al poder con elecciones justas, sin uso personal de recursos públicos, como en los feudos provinciales y CABA. Sin sistema de mérito, el primer empleador del país destruye el valor de la educación y el esfuerzo. Romper las normas y límites del Estado descontrola el gasto público y su estructura jerárquica. Sus
altos cargos son lo más jugoso del Estado-botín: sirven para lucrar, recompensar, comprar voluntades y apoyos. El Estado nacional siempre tuvo unos 300 altos cargos políticos: hoy son 8.514 según la página oficial. En CABA, son más de 2.200 cargos “gerenciales” -por acomodo-, 6 veces la cantidad de ciudades comparables como Madrid o Santiago, que son por concurso. En la provincia de Buenos Aires, el descontrol ya es total, y los datos ni se publican.

Repartir cantidades enormes de cargos, sin criterio de idoneidad, genera pujas intensas -cualquiera puede aspirar a cualquier cargo-. Insume mucha energía, dejando poca para gobernar. Hay provincias donde dar empleo es la actividad principal de sustentación política del gobernador: proveer políticas públicas y desarrollo ya casi no es necesario. Eso explica la “irracional” hostilidad a la inversión y el empleo privado: ¡le resta valor al negocio de dar cargos públicos! YPF tuvo 50.000 empleados, y
privatizada, produjo más petróleo con 5.500. Según una auditoria francesa, el Hospital Posadas necesita 1.500 personas, pero tiene 5.000; igual en Aerolíneas, y todo ente público.