Ecos del piquete: Eduardo Belliboni y Victoria Tolosa Paz fueron denunciados
El referente social, Eduardo Belliboni, fue denunciado ante la Justicia federal a raíz de la toma de parte de la sede del Ministerio de Desarrollo Social que encabezó junto a otros manifestantes durante la noche del martes. También fue denunciada penalmente la ministra a cargo de la cartera, Victoria Tolosa Paz.
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La presentación fue realizada por el legislador porteño y precandidato a jefe de gobierno porteño, Roberto García Moritán, quien apuntó contra el líder de Unión Piquetera por organizar el corte de la 9 de Julio y por la toma de un sector del edificio ubicado sobre esa avenida. En tanto, responsabilizó a la funcionaria por no denunciar la irrupción en el edificio público.
En el escrito, el referente de Republicanos Unidos sostuvo que durante la jornada del martes "diversas organizaciones piqueteras" convocaron a "una muchedumbre". "Obstruyó la Avenida 9 de Julio para realizar reclamos de rutina, impidiendo el tránsito del transporte público y particular por la zona afectada", expresó.
Luego, subrayó contra Belliboni junto a otros manifestantes "procedieron a tomar por la fuerza algunas oficinas públicas en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social".
El documento destacó que "impidieron la actividad de los funcionarios públicos por aproximadamente 7 horas", apuntó contra Victoria Tolosa Paz por no tomar medidas para evitar la toma y se la vinculó con "una modalidad de encubrimiento". "Es claro que la Sra. Ministro (Victoria) Tolosa Paz debió denunciar cualquier ingreso ilegítimo al edificio del Ministerio, atentado o estorbo a las actividades que desarrollan allí autoridades públicas", mencionó el documento firmado por el propio García Moritán, acompañado por José Magioncalda, Milena Rendrich, Javier Romano y Yamil Santoro, entre otros.
Y agregó el texto: "Si los manifestantes impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habría configurado un atentado a la autoridad, por lo que correspondía a la titular del Ministerio instruir que se realice la correspondiente denuncia para que tomen intervención el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad".
En este punto, García Moritán hace hincapié en el artículo 194 del Código Penal, el cual “reprime con prisión de tres meses a dos años, al que ‘sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas’”.
Cabe destacar que tiempo atrás el legislador había presentado un proyecto de reforma constitucional con especial interés en desterrar piquetes y cortes que impidan la libre circulación. En aquella oportunidad, había argumentado que “el Estado se encarga de asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin perjudicar los derechos de los demás” y, por tanto, se establecerán “mecanismos legales para proteger el derecho a la paz social y la convivencia”.
Por sorteo, la denuncia quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.