Arrancó la feria judicial pero la Corte intenta desactivar una bomba
Este lunes comenzó la feria en el Poder Judicial de Mendoza. Según la acordada 31.150 firmada el 4 de julio, quedará a cargo de la presidencia el juez Julio Gómez durante esta semana y Omar Palermo lo hará la semana que viene. Sin embargo, todos los magistrados del máximo tribunal intentan desactivar la amenaza que pone en duda el éxito del concurso de ingreso para que se ocupen 200 vacantes en la Justicia. Las sospechas de filtraciones de las respuestas del primer examen en el que rindieron 18.990 mendocinos han generado dudas respecto a los 2.109 que aprobaron. Lo que deben resolver en la Corte es si se posterga el segundo examen o se mantiene la fecha original del 19 de julio.
La negociación interna es tensa y las diferencias se han hecho públicas. El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, considera que la fecha no debe moverse y que se deben tomar todos los recaudos para garantizar la transparencia del segundo llamado. Es decir, si hubo trampa en el primer examen no importa porque solo aprobarían el segundo los que realmente se prepararon. Esa postura es compartida en parte por otros magistrados pero entienden que es precipitado sostener la fecha del 19 de julio y convendría aclarar antes si realmente hubo personas que accedieron a las respuestas y cómo lo hicieron.
Para eso, el senador del PRO Germán Vicchi -integrante de La Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi- exige que se den a conocer los resultados del primer llamado en el que aprobaron 2.109 personas. Con esa información, entiende que se podría saber si familiares de funcionarios judiciales o de las personas que tenían acceso a las preguntas aparecen en la nómina.
"El concurso de ingreso al poder judicial sigue siendo un misterio. No hay respuesta alguna a las irregularidades. Mendoza sigue silenciada. ¿Hasta cuando la política continuará dominando las instituciones? La transparencia de Mendoza es nuestra prioridad", disparó el domingo Vicchi en las redes a la espera de una respuesta al pedido de informes que presentaron ante la Corte la semana pasada.
Desde el máximo tribunal de Justicia han pedido explicaciones a la Universidad Nacional de Cuyo sobre la posible violación a la confidencialidad de las respuestas y desde la casa de estudios pusieron en marcha una investigación administrativa. El disparador de las suspicacias sería que la persona que mejor rindió y en menos tiempo hizo el examen es familiar directo de uno de los trabajadores de la Facultad de Ciencias Económicas que estaba a cargo de cargar los exámenes en la plataforma Moodle en la que rindieron online casi 19 mil mendocinos.
En el Poder Judicial todos coinciden en algo: el concurso no debe caerse. Las diferencias radican en qué hay que hacer para blindarlo y despejar así todo tipo de dudas respecto a quienes finalmente ingresen a trabajar en la Justicia. Desde la UNCuyo analizan que el proceso lo fiscalice un equipo externo que vendría de la Universidad Nacional de Córdoba pero hay otras ideas dando vueltas. Por ejemplo, el viernes el juez Mario Adaro propuso que se le pida una declaración jurada a cada una de las personas que aprobó el primer examen.
“Mi postura personal es que aunque no estuviera previsto hay que publicar la lista de aprobados del primer examen, hay que cerrar todas las impugnaciones y estamos proponiendo incorporar una declaración jurada sobre si conocieron o no conocieron el contenido antes del examen”, manifestó en MDZ Radio. Si dicen que no pero luego se demuestra lo contrario, se puede accionar contra esa persona.
Otra idea que exteriorizó el viernes Adaro es que la segunda evaluación fuese presencial y no virtual como ocurrió con la primera.