¿Proscripta? Cuál es la situación judicial de Cristina Kirchner

Ya no es un secreto y así como lo había adelantado el día que recibió su primera condena, Cristina Fernández declinó su candidatura de cara a las elecciones. No es que ella alguna vez lo hubiera planteado pero el clamor de su espacio y seguidores hacían pensar en esa posibilidad. Hoy ya es un hecho, la vicepresidenta no tiene intenciones de estar en el ejecutivo que ocupó dos veces como presidenta y actualmente acompañando a Alberto Fernández en la fórmula que se impuso en los últimos comicios.

En su carta volvió a hablar de proscripción. Técnicamente y jurídicamente, es una falacia. Pese a todo, ella sigue insistiendo en que la condena e inhabilitación en la causa Vialidad “tiene una única traducción política y electoral: la proscripción”.

Lo cierto que es una condena que no está firme y ya está a estudio de la Cámara de Casación que días atrás rechazó las recusaciones de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y aceptó la excusación de Javier Carbajo por haber intervenido en otro expediente donde dejó asentada su opinión respecto a la obra pública. Cuando se complete la sala vendrán los siguientes pasos procesales que incluyen una audiencia para que las partes expongan y recién ahí los magistrados podrán analizar si revocan o no las condenas y/o si le suman el delito de asociación ilícita que reclama la fiscalía.

Y esa resolución terminará en el Máximo Tribunal que tendrá la palabra final, por dicha razón es que vuelve a mencionar la palabra proscripción al sostener que así “como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”. 

Pero la causa Vialidad no va llegar probablemente a la Corte este año y si ocurre el año próximo con los tiempos que se dilaten podrían pasar años hasta que se expidan.

Ahora bien, hay otros procesos en los que la vicepresidenta está involucrada. Uno de ellos es la causa cuadernos en la que está acusada como jefa de una asociación ilícita a cargo del Tribunal Oral Federal 7, sin fecha alguna de inicio hasta que no se analicen los ofrecimientos de prueba o si hay que hacer alguna medida suplementaria.

Por otra parte y no menos importante son las causas Hotesur y Memorándum con Irán. Las mismas están en manos de la jueza Ana María Figueroa que aguarda por la aprobación del pliego para permanecer 5 años más en el poder judicial el 30 de mayo. Sus colegas de la sala 1 ya emitieron su voto pero necesitan que la magistrada emita el suyo para poder compaginar todo. 

En Hotesur-Los Sauces (donde se investigó el delito de lavado) la vicepresidenta, sus hijos y otros imputados fueron sobreseídos por mayoría por el Tribunal Oral Federal 5 el 26 de noviembre de 2021 al entender que no existía delito y por dicha razón no se debía realizar ese juicio.

Fue pese al pedido del fiscal Diego Velasco que cuando presentó su dictamen entendió que los pedidos debían rechazarse al considerar que aún había prueba pendiente, entre la que se encontraban peritajes contables y otros informes que aún no habían llegado al expediente.

Al analizar la causa tuvieron en cuenta que “las transferencias de fondos -o beneficios otorgados- inexorablemente revistieron un origen lícito, no sólo porque debieron ingresar (o ser aplicados) a través de medios bancarios o financieros al sistema económico, sino porque, como se dijo, dichos movimientos -o beneficios, en su caso- estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades públicas”.

En el caso del Memorándum con Irán, el 7 de octubre de 2021 el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar  Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge  Khalil y Allan Bogado, “por cuanto los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito”.

Tras esta decisión, las querellas y la fiscalía apelaron los sobreseimientos y solicitaron que la causa sea analizada en un juicio oral. 

Por otra parte, y ya en la última instancia, la Corte debe resolver el planteo del fiscal Raúl Pleé para que se reabra Dólar Futuro y que tuvo aval del procurador Eduardo Casal ante el Máximo tribunal, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros fueron sobreseídos y se realice el juicio para ventilar allí las cuestiones. 

Es decir, aún queda un largo derrotero judicial por delante porque lo que resuelva la Cámara de Casación sea en un sentido u otro probablemente será recurrido en la Corte que como decimos tendrá la última palabra. 

Por otro lado la Justicia federal investiga y en este caso la vicepresidenta no es imputada sino daminificada, el intento de homicidio y la relación que pudo haber tenido o no Revolución Federal. Causas que se investigan por separado aunque Cristina Fernández de Kirchner en su carta las asocia al referir que durante el año 2022 “vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado”.

Eso lo sostuvo en relación a la agrupación revolución federal que está siendo investigada en la justicia y que tiene cuatro personas procesadas y dos de ellos, uno Jonathan Morel que deberá ampliar indagatoria el próximo 5 de junio ante el juez Martínez De Giorgi.

Por otra parte se investiga el intento de homicidio del que la vicepresidenta se negó a que sea elevada a juicio respecto a los imputados al considerar que existe prueba pendiente como la pista Milman a la que sus abogados apuntan. Volviendo a su carta cuando habló de los grupos violentos dijo que la culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, y que llamativamente, luego del magnicidio frustrado, “esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia”.

La vicepresidenta considera responsable de todo a la Justicia, la oposición y los medios porque para ella, desde “el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos”, es decir sigue sosteniendo la idea de lawfare para responder a cada imputación judicial.