Un juez demandó a Alberto Fernández y pidió una condena millonaria

El camarista Leopoldo Bruglia no se quedó en la simple amenaza de que demandaría al presidente por daños y perjuicios, lo hizo. Después de una mediación fallida decidió ir a la Justicia Civil para obtener una reparación luego de que Alberto Fernández dirigiera tuits en contra de su persona en noviembre de 2022, que consideró ofensivos.

Es que cuando la Cámara Federal intervino en la causa conocida como Revolución Federal y decidió excarcelar a los imputados, recibió varias críticas del oficialismo, entre ellas fue el presidente quien utilizando las redes sociales, apuntó directamente contra Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a quienes tildó de “dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución” y además dijo “los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron”.

En ese momento, Bruglia al no sentirse respaldado por la Asociación de Magistrados decidió renunciar a la institución expresando su malestar. Además dijo por entonces que demandaría al presidente. 

Para el magistrado dicho accionar al provenir de una figura pública con el grado que ostenta y por el medio utilizado, hace que la agresión desplegada en forma personal y como representante gubernamental máximo de la Argentina, “haya provocado un daño ilimitado, sin alcances determinables y en constante progreso y expansión, por el cual deberá responder”.

En la presentación sostuvo que tal imputación por parte de la máxima investidura del país le causó daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral–, daño en la imagen pública, familiar, social e institucional y ello transgredió “los límites nacionales, tanto frente a mis colegas, a las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, como a terceros y al público en general, con fuertes implicancias en el ejercicio de mi actividad de juez”, agregó.

A la hora de solicitar en la justicia la reparación pertinente frente a la ofensa, en su demanda pidió que se lo condene a abonar la suma de cuarenta millones de pesos, con más los intereses desde el día del hecho, es decir 2 de noviembre de 2022. Aclaró que ese importe será destinado a las personas o entidades que entienda corresponda.

Por otro lado, solicitó la retractación pública del demandado por el mismo medio y cuenta personal y/o mediante una publicación equivalente a la efectuada el día 02/11/2022, la que deberá realizar a partir de diez días hábiles de quedar firme la sentencia.

Finalmente, requirió que la publicación de la parte dispositiva del fallo sea publicada en los diarios –edición papel y portal digital- Clarín y La Nación durante dos fines de semana, sábados y domingo en solicitada en destacado.

Asimismo, a la hora de ampliar su planteo pidió que se citen a diversos testigos como Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, el diputado Pablo Tonelli, el abogado Daniel Sabsay, entre otros.

Y pidió también una pericia informática para determinar si la cuenta @alferdez es un perfil verificado como perteneciente a Alberto Ángel Fernández y en caso de ser afirmativo, hizo una serie de solicitudes.

Pero lo más curioso de la demanda presentada por el juez Bruglia, es un pedido a la Facultad de Derecho de la UBA para saber si el "Dr. Alberto Angel Fernández" se desempeña como profesor o si lo hizo. Justificó esta medida en que ello determina una capacidad mayor de motivarse, "conocer la juridicidad de los actos, alcances, gravedad y evaluar con mayor o menor precisión cuestiones jurídicas". 

Ello porque considera que incide sobre la magnitud del aspecto subjetivo en la intención de dañar y por ende en la prueba de la intencionalidad de su voluntad de ofender, "repercutiendo también sobre la extensión del daño".