Tierras fiscales: el agujero negro del Estado que Rodolfo Suarez busca ordenar

La semana pasada MDZ dio a conocer que el gobierno de Rodolfo Suarez vendió 4000 hectáreas de tierra fiscal a un precio de $450 pesos por hectárea. Pero lo que se supo este viernes es que el propio Ejecutivo reconoce que no existe un registro claro de la cantidad de hectáreas que existen de tierras fiscales en Mendoza ni cuál es el estado en el que se encuentran. Atento a ello, se dispuso concentrar toda la documentación existente y el control en la Secretaría de Ambiente que conduce Humberto Mingorance.

En sus considerandos, el decreto 568 firmado el 4 de abril reconoce que "la provincia no cuenta con la información de la totalidad de tierras fiscales, lo que implica el riesgo de que particulares se apropien de tierras mediante títulos supletorios, usucapión y hasta casos de usurpación". Incluso, agrega que "existen casos en que por falta de control se detectaron loteos o urbanizaciones que implicaban usurpaciones en tierras fiscales".

El tema es sensible ya que encierra intereses millonarios. Muchas de esas hectáreas están en zonas desiertas, pero otras en puntos estratégicos de la provincia, codiciados por desarrolladores y particulares. 

Atento a ello, el gobernador dispuso un cambio sustancial que apunta a ordenar el caótico registro que se lleva de las tierras fiscales. Sobre todo después de que el Tribunal de Cuentas que advirtiera sobre los perjuicios que le pueden generar al Estado la inexistencia de un inventario de tierras fiscales y del movimiento de las mismas. El propio órgano de control reconoce que se trata de un tema complejo y puso en conocimiento de Fiscalía de Estado la situación.

A raíz de ello se ha dispuesto la derogación de las facultades que se otorgaban a instituciones como el Registro Único de Propiedad del Inmueble que por falta de estructura nunco pudo llevar un detalle acabado de la situación de las tierras fiscales de Mendoza. En su lugar, establece que la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales, creada el año pasado por Humberto Mingorance, se haga cargo de la competencia y lleve adelante "el relevamiento y la registración en el Sistema de Información Contable (SIDICO) de las tierras fiscales de la Provincia que no estén sometidas al dominio público y que no tengan una afectación específica".

Es decir, delega las facultades en la Secretaría de Ambiente que también tiene el poder de destrabar la venta de esas tierras en el marco de lo que permiten la Ley de Arraigo y la Ley de Colonización. Justamente, fue bajo el amparo de esta última que se vendieron las 4000 hectáreas en Monte Comán.

Lo curioso es que el propio gobierno provincial admite que "la Contabilidad de la Provincia de Mendoza no refleja la existencia de tierras fiscales en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, lo que implica el riesgo de que la misma no exponga los hechos y actos económicos y financieros que afecten o puedan afectar patrimonialmente a la Administración Provincial en las operaciones que impliquen la administración y disposición de tierras fiscales". Es decir, durante años el tema fue un agujero negro que posibilitó situaciones irregulares en perjuicio del patrimonio provincial.

Específicamente, los considerandos del decreto dejan por escrito que "existe actualmente una clara confusión y superposición normativa en cuanto a la competencia para efectuar la tarea de registración de los terrenos fiscales" a pesar que en el año 2001 se había creado el Registro Único de la Propiedad Inmueble (R.U.P.I.) que debía mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de una base de datos única. Claramente eso nunca ocurrió.

A tal punto, que el año pasado la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial dictó en el mes de enero la Resolución Nº 16/22 por la cual crea en su ámbito la "Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales" (UGATiF), entendiendo que le corresponde a aquella Secretaría "planificar, gestionar y ejecutar las políticas tendientes a promover un uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales de Mendoza con una función social y sustentable en términos ambientales, reforzando el rol del Estado como ordenador, regulador y promotor del bien común".

Pero además, la misma también podrá "promover la ejecución y la planificación de las políticas de desarrollo territorial y planes de uso de la tierra de conformidad a la normativa vigente” y “realizar acciones tendientes a promover asentamientos poblacionales en zonas habilitadas con el objeto de poner en valor las características productivas y de desarrollo regional de cada zona”. Es decir que se le otorga “la función de aplicar en lo pertinente la normativa referida a la gestión y administración de tierras fiscales”.