Alberto Fernández suma una nueva denuncia a su historial: de qué lo acusan

La diputada nacional, Graciela Ocaña, junto a otros legisladores de Juntos por el cambio (JxC) denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de economía, Sergio Massa, y a todo otro ministro o funcionario que por acción u omisión tuviere responsabilidad en el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 163/2022 y 164/2022.

Se los acusa de delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Asimismo, la oposición apuntó, en particular, contra la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, en tanto se encuentra a cargo del ente que tiene como función “administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se creó, en primera medida, como resguardo para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencia”.

Según la denuncia presentada a través de los DNU “se produce un desfalco de fondos públicos mediante un feroz endeudamiento que comprometerá el futuro de los argentinos”.

Esa vía de endeudamiento, sostiene la presentación, “es el medio de apropiación forzada de títulos públicos nominados en dólares y bajo jurisdicción extranjera en manos de entidades del Sector Público Nacional, en particular de la ANSES. Todos los organismos, entes descentralizados y empresas del Estado se ven forzados a un canje de sus tenencias dolarizadas por títulos en pesos y bajo jurisdicción local. Un claro detrimento a las condiciones legales y al valor a largo plazo de sus activos”.

La explicación de los denunciantes sobre los DNU

Los DNU disponen “tres medidas compulsivas” que, bajo el eufemismo de avanzar “por el sendero de disminuir el desequilibrio fiscal”, continúan aumentando el déficit público y “perjudicando a todos los contribuyentes, con especial encono contra los jubilados acreedores de los recursos del FGS”.

La primera medida consiste en obligar a todo el Sector Público Nacional y a los fondos y patrimonios de afectación específica administrados por organismos públicos, a vender o subastar sus tenencias en un conjunto de títulos públicos nacionales denominados en dólares estadounidenses, en las condiciones y términos que defina el Ministerio de Economía. Con el 70% del total producido por esa venta, las entidades públicas estarán obligadas, además, a adquirir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos y bajo ley local.

La segunda medida es un canje forzoso para todas las entidades del Sector Público Nacional, incluida la ANSES. Se compele a que entreguen al Tesoro Nacional sus tenencias en títulos públicos bajo ley extranjera y en dólares estadounidenses, en canje por títulos públicos bajo ley local y en pesos.

Los nuevos títulos que reemplazarán a los que son compulsivamente canjeados o adquiridos con el producido de las ventas forzosas, son bonos duales en pesos ajustables según Coeficiente de Estabilización de Referencia (inflación) o tipo de cambio de referencia (devaluación). Devengarán intereses sobre capital ajustado y tendrán una tasa implícita de emisión de hasta el 8% nominal anual.

La tercera medida consiste en establecer que los pagos de servicios por intereses y amortizaciones de capital de las letras en dólares emitidas en el marco de los Decretos Nros. 622/2021, 576/2022 y 787/2022 (más de USD 4.300 millones) sean reemplazadas, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos con condiciones a definir por el Ministerio de Economía. Se trata, en definitiva, de un canje forzoso para todos los tenedores.

“Las consecuencias de los DNU no solamente serán nefastas para todos los contribuyentes, sino que violan una expresa disposición constitucional por vulnerar la autonomía económica y financiera con la que deben administrarse los fondos de nuestros jubilados”, agregan.

Además, aseguran que el programa anunciado supone “la degradación en la calidad de los activos de todo el sector público”, ejemplificado por la pesificación de los ahorros de nuestros jubilados en el FGS.

Por último, destacaron que siendo función del FGS garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencias, es que el fondo sirve de resguardo para que ANSES pueda hacer frente al pago de los beneficios del sistema integrado previsional argentino, por tal motivo, arguyen, “las medidas que pretenden adoptarse mediante los DNU en crisis provocarán un evidente y perjudicial impacto en la cotización del Fondo haciendo incurrir los funcionarios involucrados en estas medias en claras responsabilidades penales por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario”.

A la hora de solicitar la apertura de la causa judicial, solicitaron que se requiera al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo de la Nación que remita todas las actuaciones administrativas relacionadas con el dictado de los DNU.