El Gobierno vuelve a apelar la Ley de Financiamiento Universitario y espera un fallo de la Corte

El Gobierno volverá a apelar este viernes el fallo judicial que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Fuentes oficiales señalan a MDZ que la presentación se realizará ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que deberá conceder o rechazar el planteo para que termine llegando a la Corte Suprema.

Si no se acepta el recurso extraordinario, la Casa Rosada recurrirá a “una queja” ante el máximo tribunal para que acepte tratar el caso.

Funcionarios afirman que no cuentan con los fondos necesarios para cumplir con la norma, siendo uno de los aspectos centrales en la defensa del oficialismo, que sostiene que atenta contra el equilibrio fiscal. Hablan de un monto cercano a los 2,5 billones de pesos.

La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025, apuntó a una recomposición salarial, estableciendo que los sueldos de docentes y no docentes deben actualizarse retroactivamente según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, sumado a una cláusula de ajuste mensual automática por IPC.

La ley garantiza la operatividad de las facultades al ordenar la actualización de los gastos de funcionamiento (luz, servicios y mantenimiento) de acuerdo con la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales. También protege programas sensibles como las becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios, claves para la salud pública. En términos de control, la legislación refuerza la transparencia mediante la obligatoriedad de auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación.

El Gobierno intentó frenar la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025, el cual suspendía la ejecución presupuestaria bajo el argumento de que la ley no especificaba de dónde saldrían los fondos, violando supuestamente la Ley de Administración Financiera. Esta medida fue el disparador de una serie de presentaciones judiciales por parte de las universidades y gremios, quienes acusaron al Estado de "abandono presupuestario".

En los tribunales, los libertarios apelaron sistemáticamente cada amparo otorgado a las instituciones educativas. El argumento recurrente de los abogados oficiales fue que la Justicia no tiene facultades para interferir en la política económica ni para obligar al Ejecutivo a realizar gastos que pongan en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, este planteo sufrió un revés histórico el 31 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los recursos del Estado. Los jueces calificaron los argumentos gubernamentales como "poco serios", señalando que el equilibrio de las cuentas públicas no puede utilizarse como excusa para desoír leyes nacionales que protegen derechos constitucionales básicos como el acceso a la educación y la ciencia.

El proyecto de financiamiento universitario del Gobierno

La Casa Rosada prevé tratar este año en el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, que modifica la ley aprobada por el Congreso en 2025 con impulso de la oposición.

El objetivo, según el texto enviado, es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026.

En cuanto a los salarios, la iniciativa propone una recomposición escalonada con tres aumentos del 4,1% para docentes y no docentes, a partir del 1º de marzo. A diferencia de la normativa actual —que obliga a ajustar los haberes al menos en línea con la inflación medida por el Indec desde diciembre de 2023—, el nuevo texto elimina la garantía de actualización por IPC y también suprime la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.

Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria obligatoria cada tres meses, pero elimina la cláusula que aseguraba una actualización mensual no inferior a la inflación. De este modo, se flexibiliza el mecanismo de negociación salarial frente al esquema vigente, que establecía una referencia directa con la evolución de los precios.

En materia de financiamiento, la propuesta oficial establece que los gastos se cubrirán con partidas específicas para educación universitaria y, en caso de excedentes, con fondos de las Obligaciones del Tesoro. Sin embargo, la ley actual ya contempla mecanismos para garantizar recursos sin afectar la coparticipación ni los aportes nacionales, incluyendo el uso de mayores ingresos fiscales.

En relación con los gastos de funcionamiento, el nuevo proyecto fija que las partidas se ajustarán sólo si la inflación supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto 2026, y elimina la recomposición correspondiente a 2024. En contraste, la legislación vigente dispone una actualización automática según la variación del IPC, lo que implicaría un incremento cercano al 31,9%.

También se introducen modificaciones en áreas sensibles como hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión. Mientras la ley actual prevé actualizaciones bimestrales atadas a la inflación durante 2025, el nuevo proyecto únicamente contempla un refuerzo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario, sin mencionar el resto de las partidas ni establecer mecanismos de actualización periódica.

El rechazo al proyecto se expresó en una reunión realizada el 24 de febrero en la Cámara de Diputados, donde legisladores y representantes del sistema universitario cuestionaron la iniciativa. La rectora de la UNA, Sandra Torlucci, remarcó que ya existe una ley aprobada cuyo cumplimiento corresponde al Ejecutivo.

En la misma línea, un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional junto a Feduba advirtió que el proyecto oficial no reconoce la recomposición salarial de 2023-2024, propone aumentos limitados para 2026, no garantiza actualizaciones por inflación y omite una recomposición integral de los gastos de funcionamiento.

Según ese análisis, mientras la ley vigente obligaría a destinar más de $2,7 billones adicionales a salarios en 2026 (un incremento del 63,68%), la iniciativa del oficialismo reduciría esa cifra a apenas $187.744 millones (4,3%), lo que implicaría una diferencia de alrededor de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores del sistema universitario público.