Mendoza no puede permitir piquetes a la producción, el trabajo, el contrato social y la vida cotidiana
La situación social del país es dramática, pero la solución no es profundizar la cultura de los piquetes a la producción, el trabajo y al desarrollo de la vida cotidiana. En los últimos días, creció la presión de algunas organizaciones políticas para conseguir más planes sociales. No más trabajo, sino la dádiva que implica el dinero que el Estado entrega como paliativo y cuya administración terceriza en esas organizaciones. Un círculo vicioso, nocivo.
Todos los ciudadanos tienen derecho a peticionar, a reclamar por lo que creen justo. En un contexto de crisis, esa tensión es entendible. Pero hay formas de hacerlo sin perjudicar a los que trabajan, a quienes necesitan circular. A los empleados, a los comerciantes, a los turistas, a los jubilados, a quienes usan el transporte público. El bloqueo de las vías de circulación, los acampes ocupando espacios públicos son formas de alteración del orden que están fuera de las normas y ponen en riesgo la paz social.
Mendoza no puede permitir que se corte la convivencia democrática. Dentro de la ley todo; fuera de la ley nada. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se transformaron en zonas sitiadas, invivibles, impredecibles por los cortes, la ocupación sin control del espacio público. Ese modelo no se puede replicar. Mendoza nunca fue “piquetera”, porque es una provincia donde se respetan las normas. La particularidad es que se entorpece la vida y se altera la paz en la provincia para ejecutar un reclamo al Gobierno nacional. La repercusión de esas protestas es inocua para lo que ocurre en Casa Rosada, que no acciona ni tiene poder para desalentar esos métodos. Pero tiene un fuerte impacto negativo en la provincia y los municipios. Comercios sin trabajar, familias demoradas, niños que no llegan a la escuela, angustia en las calles.
Redes
El Estado tiene una red de ayuda social directa e indirecta; de transferencia de recursos para el acceso a derechos que de por sí implica una enorme inversión pública. Asignaciones familiares (incluida la AUH), pensiones y planes de asistencia alimentaria. Pero hay otros fondos que están etiquetados con eufemismos, pero terminan siendo el germen de un círculo vicioso donde el Estado bono pone los recursos y también paga los costos. O donde la Nación alimenta una usina de agrupaciones que, unidos y organizados, se retroalimentan con las propias necesidades.
Fue el propio Gobierno nacional el que tercerizó la administración de esos recursos. Y como un mecanismo insaciable, los reclamos por más fondos crecieron. Hoy los planes sociales representan un 4% del Producto Bruto. Recursos que se transfieren para consumo, sin que haya producción. Que alimentan organizaciones políticas nocivas para el propio sistema y que utilizan a las personas hasta el borde de la indignidad.
En 2002 los planes de emergencia, comenzando por el Jefas de Hogar, fueron un paliativo para una crisis aguda. Pero el sistema se pervirtió. El Estado se alejó y solo cumple el rol de financista. La presión se ejerce a través de mecanismos de extorsión que condicionan: cortes de ruta, acampes, presiones.
Mendoza debe mantener un contrato social para permitir que todos se expresen, pero sin potenciar los problemas, sin alterar el orden y con respeto a las normas. En ese pacto deben estar los ciudadanos, dirigentes y partidos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.