Mendoza SA: el particular modelo de negocios que impulsa el gobierno con recursos estratégicos

El gobernador Rodolfo Suarez anunció la iniciativa el mismo día en que se fundaba la nueva empresa: Impulsa Mendoza Sostenible, una sociedad anónima convencional, pero liderada por dirigentes políticos y que reafirma el particular modelo de negocios que el Gobierno intenta imponer para gestionar áreas críticas. Ese modelo es particular, pues concentra en el Estado decisiones que habitualmente son del sector privado, como si fuera un anabólico para acelerar respuestas que no llegan por otro lado. Más allá del nombre de la nueva empresa, que tiene algunos eufemismos, es una empresa minera que tiene como misión comercial todas las posibilidades de esa actividad, pero como misión política ser una “agencia de inversiones”, así la presentaron en Canadá.  

Desde la industria no hacen la misma lectura que pretende el Gobierno. “Lo mires como lo mires, es un modelo de estatización”, respondió a MDZ una fuente calificada del sector en Canadá, donde se presentó la flamante empresa estatal. El apuro por crear la sociedad anónima era para que la Provincia pudiera presentarla en la feria PDAC, la principal feria minera del mundo realizada en Canadá. Más allá del entusiasmo con el que se intenta comunicar desde el Ejecutivo, la respuesta es neutra. Mendoza está en el lote de los peores lugares para invertir en el mundo en materia minera. Según el informe Fraser, la “biblia” de los inversores, entre menos de 90 sitios con potencial minero, está en el fondo de la tabla: ocupa el lugar 77. San Juan está en el lote de los más atractivos, incluso por arriba de Chile. Eso afecta no solo a la minería sino a otras inversiones. Aunque reconocen que hay un intento desde el Gobierno, la creación y la gestión de Potasio Río Colorado desde el Estado y la flamante “Impulsa Mendoza” no tienen el impacto esperado en el cambio de percepción., al menos en lo inmediato.

Mendoza SA

Impulsa Mendoza es una sociedad anónima convencional, es decir que esquiva los controles estatales. Pero está conducida por ministros del Gobierno y todo apunta a que tendrá el mismo plantel gerencial que Potasio Río Colorado. De hecho sería la “heredera” de esa empresa si se concreta alguno de los planes para que se reactive la mina de potasio de Malargüe (la intención es que un privado se haga cargo y PRC deje de estar y, así, todo pase a la nueva empresa). Tiene un capital inicial de 10 millones de pesos y podría quedarse para sí los derechos mineros que el Gobierno considere. Allí es donde desde el sector ven una distorsión: creen que, como ocurrió con EMESA, creen un socio obligado para los proyectos.

El principal problema de la minería en Mendoza es la desconfianza de los controles del Estado. Impulsa Mendoza no parece tener como misión resolverlo. En cambio, hay organismos que tienen esa misión y que en la Provincia son irrelevantes. Así, por ejemplo, la Dirección de Minería de la provincia, organismo que por ley tiene la potestad de autorizar los proyectos y  donde está la policía minera, tiene un presupuesto anual irrelevante, de solo 50 millones de pesos. El fondo minero y el fondo especial minero, creados para el control e impulso de esa actividad desde el Estado, tienen en conjunto 3 millones de pesos de presupuesto anual. Es decir, la Sociedad Anónima ya nación con más presupuesto que la estructura estatal para controlar. La nueva empresa tiene a Enrique Vaquié y Víctor Ibáñez como jefes, y, como PRC, a Emilio Guiñazú como potencial gerente general (fue quien la presentó en Canadá).

Emprende Mendoza formará así el lote de empresas y sociedades que se administran desde la política y que incluye empresas reestatizadas, como Aysam,  servicios que antes prestaba la administración pública y fueron “privatizadas” pero con gestión política, como la empresa Aeronáutica, y otras que concentran decisiones diversas y cruzan roles, como EMESA. En todos los casos los roles se tornan difusos porque hay cruces de responsabilidades. Los que ejecutan y los que controlan están del mismo lado del mostrador.

EMESA es el ejemplo más potente por el poder que tiene esa compañía. Fue creada por el exgobernador Francisco Pérez casi a “pedido” de Miguel Galuccio cuando estaba en YPF. Y, curiosamente, su “archienemigo” Alfredo Cornejo le dio impulso. Esa empresa tiene al Estado y a los municipios como accionistas. Y se capitalizó con los ingresos por regalías de todas las hidroeléctricas y empresas energéticas donde participa el Estado mendocino. La empresa tiene las acciones de Hidisa, Hinisa, Potrerillos, Dioxitek, Distrocuyo.  Esos recursos dejaron de ir a rentas generales y están en EMESA, que también heredó concesiones petroleras revertidas y otras estratégicas. Así, tiene la posibilidad de asociarse con empresas privadas y lo hace, aunque para muchos esa condición “espanta inversiones”. Es socio de Pluspetrol, Aconcagua, Roch, Hattrick y Geopark. También está vinculada a la empresa Galileo en el gasoducto virtual. Lo mismo ocurre con emprendimientos hidroeléctricos y de otras energías renovables. Es lo que ocurrió con CEOSA en las pequeñas hidroeléctricas. EMESA tuvo un resultado vidrioso, pues tuvo a cargo la licitación de Portezuelo del Viento, que fracasó. Allí se vio el cruce de roles, pues los gestores de EMESA estaban en la elaboración de los planes (desde EMESA), en la confección de los pliegos (también desde emesa y el Ministerio de Infraestructura), en el análisis de los oferentes (desde el Ejecutivo) y también en el único consorcio que se presentó a la licitación (a través de IMPSA). Hoy Mendoza tiene un atraso en inversión energética enorme y ha perdido terreno frente a otras provincias, como San Juan (que también tiene una empresa estatal).

La otra empresa estatal que creó el “modelo Mendoza”, es AEMSA, Aeronáutica Mendoza SA. Esa empresa tiene como misión gestionar la lucha antigranizo y el equipo de pilotos que, en vez de ser empleados estatales, están en la empresa. Tiene un presupuesto de algo más de 1300 millones de pesos y de todas las sociedades es la que menos políticos tiene en el directorio. Solo su presidente Marcelo Japaz está claramente identificado. En su patrimonio tiene los mismos 4 aviones que compró Julio Cobos cuando era Gobernador.

La Sociedad de Transporte de Mendoza también fue creada por el actual equipo de gobierno. Allí se concentra la gestión de las líneas de transporte estatales, pero tiene un “amplio” pivoteo con las empresas privadas. Alquila colectivos, contrata servicios, se vincula y, al mismo tiempo, recibe subsidios y aportes de dinero frecuentes de parte del Estado. Este año tiene un presupuesto de 2700 millones de pesos, más subsidios autorizados por el Gobierno y aportes para comprar vehículos. "Autorizase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, a invertir en la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. con fines de inversión en bienes de capital y/o obras de infraestructura que la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. estime conveniente", dice el Presupuesto. Algo parecido pero más intenso pasa con AYSAM, la empresa que fue creada tras la quita de la concesión de la empresa de aguas. Esa firma tenía un plan estratégico que venció el año pasado. Además de su recaudación, los usuarios pagan un plus para obras y recibe aportes de subsidios y todas las obras estructurales se hacen con toma de deuda del Estado. Este año se prevé buscar 130 millones de dólares y otros 5200 millones de pesos para obras estructurales. El Estado también forma parte de otras empresas, como IMPSA, que fue capitalizada y donde comparten directorio "el kirchnerismo", el "albertismo" y el "cornejismo".