Vuelve el juicio contra uno de los alfiles de Cristina Fernández de Kirchner por "la década ganada"

Ante el tribunal Oral federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Oscar Méndez Signori y Fernando Canero, continuará desde este lunes, con las declaraciones testimoniales, el juicio oral que se le sigue al senador  Oscar Parrilli; a Katya Daura, extitular de Casa de Moneda; y a Javier Grosman, exdirector de la Unidad Ejecutora Bicentenario, entre otros, por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta al haberse pagado un adelanto de $800.000 por libros de "La década ganada" que nunca se imprimieron en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En el mismo juicio se debate un proceso seguido contra Katya Daura por el presunto uso de cerca de 8 millones de pesos de la Casa de Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital para sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de en su casa de la localidad bonaerense de Pilar. 

En julio del año pasado, en el marco del juicio que se desarrolla de forma virtual, para su indagatoria, Oscar Parrilli solicitó hacerlo de forma presencial. El motivo del pedido era la necesidad de hablarle cara a cara al presidente del TOF 7.

"Castelli considero que debería haberse excusado porque hay enemistad manifiesta y considero que no es juez natural, sino especial puesto de manera arbitraria”, sostuvo por entonces el alfil de Cristina y agregó que en 2018 el magistrado fue puesto en una causa donde él ya estaba. 

Oscar Parrilli cuestionó los traslados de jueces y sobre todo el de Germán Castelli que se encuentra judicializado. Al respecto le dijo: "Usted tuvo palabras agraviantes hacia mi persona en la carta que envío a la comisión de Asuntos Constitucionales donde habló de que participamos de una maniobra ilegal con prepotencia continuada por el Ejecutivo”, al referirse a ello, el actual senador fue más allá y expresó: “Usted fue designado en San Martín no aquí, yo no le di el acuerdo porque entiendo que no debe estar sentado donde está y menos juzgándome”.

Finalmente, el imputado decidió no recusar al presidente del Tribunal y continuó su indagatoria negando haber cometido el delito por el que se lo acusa. Por eso aseguró que "la causa existe porque Bonadio tuvo una actitud de persecución ideológica contra el Gobierno (kirchnerista)" y remarcó que del requerimiento de elevación a juicio de la causa no surge que se hubiera cometido delito. Además, remarcó que se lo juzga por haber gobernado la argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner.

"Analizan acciones de gobierno que les podrán gustar o no, pero que no tienen nada que ver con delitos", sostuvo. Y resaltó que la idea del libro, que no se hizo, tenía que ver con dejar registro de las acciones de gobierno llevadas a cabo durante una década. “Se me juzga por un libro, por el contenido de un libro. Pero yo no licité el contenido, licité el formato, calidad, características del libro”, sentenció.

Por su parte, Katya Daura rechazó haber usado fondos del Estado para beneficio personal.

Recordemos que una de las causas se originó a raíz de una denuncia del entonces presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose, por las maniobras supuestamente defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo.

Dicha adjudicación de la "Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010" por entonces a cargo de Oscar Parrilli fue para el organismo dirigido por Katya Daura para imprimir 100.000 ejemplares del libro sobre "La década ganada" por $ 8.000.000, de los cuales recibió un anticipo de $ 800.000 pesos para la primera etapa.

Según la denuncia, el proceso licitatorio habría estado direccionado a que la Casa de Moneda ganara y contratara a terceros parala publicación de un libro sobre la década kirchnerista que nunca se hizo y tampoco fue reclamado por la Secretaría de Presidencia.

La Casa de Moneda compró papel a Celulosa Argentina por $ 2.650.000 y una parte lo envió a depósitos de la firma Anselmo Morvillo S.A., quien se encargaría de la impresión de la obra y que ahora reclama por una deuda de $ 1.650.000 pesos en concepto de depósito de papel. 

Cuando en 2017 el fiscal Carlos Rívolo le pidió al fallecido juez Claudio Bonadio la elevación de la causa, consideró que Oscar Parrilli, en su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, “tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda – por fuera de los canales legales- los términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a Casa de Moneda por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución”.

Pose, también denuncio por entonces a Daura por utilizar fondos del estado para beneficio personal al contratar un sistema de seguimiento satelital para sus autos y personal de seguridad. Por entonces, el fiscal Gerardo Pollicita había imputado a Daura y a Héctor Desmarás, quien fue gerente de seguridad de la Casa de Moneda y a Mario Enrici, quien era gerente general y fueron procesados por el juez Sebastián Ramos. 

En marzo de 2018 la Cámara Federal, al confirmar los procesamientos, refirió: “La estructura montada –custodios, choferes, seguimiento satelital de vehículos- para respaldar las actividades de Daura y sus 5 hijos, ha sido desmesurada, infundada e ilógica, y generó el uso de recursos del Estado para beneficio personal de la nombrada y su círculo íntimo".