Los últimos antecedentes de quita de fueros a legisladores mendocinos
Este miércoles la Cámara de Diputados de Mendoza resolvió por unanimidad quitarle los fueros a la diputada Janina Ortiz, tras los pedidos de dos fiscales que la investigan por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones. Se trata de un hecho poco habitual en la Legislatura provincial, que en las últimas décadas solo se ha producido en dos oportunidades.
El antecedente más reciente de quita de fueros a un legislador provincial ocurrió en 2020. La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el pedido de desafuero contra el senador Marcelo Romano, quien fuera aliado de Protectora y tiempo después formó parte del Partido Verde.
La solicitud para quitarle la inmunidad procesal había sido impulsada por la fiscal Gabriela García Cobos, quien lo acusó de “atentado contra la autoridad” tras haber protagonizado un incidente con policías durante un control vial.
El hecho había ocurrido durante las elecciones del 11 de agosto de 2019, cuando la Policía Vial requirió documentación a la hija del entonces senador. Romano se presentó en el lugar y habría tenido un altercado con los uniformados. Según consta en el expediente, el sancarlino habría increpado y amenazado a los policías.
“Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”, expresaron los agentes que les habría dicho el legislador.
El pedido de desafuero contra Romano se aprobó el 26 de mayo de 2020 y se aprobó por 22 votos afirmativos contra 16 negativos. Fue acompañado por los senadores de los bloques Radical, PRO, Partido Socialista, Libres del Sur y Masfe. Mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda, el Partido Intransigente y Protectora Fuerza Política se opusieron.
La causa judicial se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia y todavía no ha tenido una resolución. Romano denunció en ese momento y sigue sosteniendo que se trató de una persecusión política en su contra orquestada por el entonces gobernador Alfredo Cornejo.
El otro precedente legislativo de quita de fueros se remonta al 2007 e involucró a la entonces senadora peronista Esther Pedernera, quien fue investigada por los delitos de “fraude al Estado” y “falsificación de instrumento público”.
La investigación comenzó en 2006, tras la denuncia de un asesor de la senadora Carlos Aciar, quien la responsabilizó por una rendición de viáticos legislativos falsa por viajes a San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. Las sospechas de la Justicia eran que Pedernera había falsificado la firma de Aciar para hacerle figurar el gasto de los viáticos y quedarse con el dinero.
El fiscal especial Eduardo Martearena presentó a mediados de 2007 un pedido de desafuero contra la senadora. En medio de la controversia, la misma pidió su propio desafuero para que la Justicia la investigara y la Cámara Alta lo aceptó.
Posteriormente Pedernera pidió licencia y después renunció a la banca. La causa judicial se resolvió recién en 2010, cuando se condenó a la exsenadora a la pena de 2 años de prisión en suspenso y se le aplicó una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.