El brutal ajuste que deben tomar en Buenos Aires y que desvela a Axel Kicillof

La Provincia de Buenos Aires será uno de los territorios donde el ajuste se hará sentir con mayor crudeza y no solamente por que es la tierra en donde el kirchnerismo nunca quiso respetar los valores de mercado que sí tienen que soportar los ciudadanos del interior del país, con tarifas de transporte y servicios muchísimo más caros.

El peronismo kirchnerista se transformó en un partido del Conurbano gracias a estas y otras medidas que ahora deberán romper. Aumentos entre el 100% y el 300% están siendo analizados directamente sobre la tasa de servicios generales. En Avellaneda y en Pilar, en tanto, ya rige el mismo sistema de actualización de la Ciudad de Buenos Aires, basado en la inflación del mes anterior.

Moreno y Hurlingham son los distritos que más van a aumentar sus tasas municipales, según el relevamiento realizado por MDZ. 230% y 300% respectivamente. En el segundo distrito, ahora manejado por el camporista Damián Selci, se ve obligado a una actualización brutal producto que fueron los ahora oficialistas que, enfrentados con Juan Zabaleta, no le habían aprobado el ajuste de 2023.

En tanto, el gobernador Axel Kicillof, que hoy encabezó la jura de sus nuevos y ratificados funcionarios, todavía no envió ningún proyecto sobre el ajuste impositivo. “Nunca lo hace hasta que se trate el del Gobierno nacional”, advirtió un diputado provincial que ve antes que nadie cualquier iniciativa oficialista. Sin embargo, en esta oportunidad, su opinión pareció simplemente para cumplir.

El presidente Javier Milei ya adelantó que continuará con los mismos parámetros presupuestarios que rigieron durante todo 2023. Traducción: licuación de gastos a través de la inflación, con lo cual, lo que se pague en cualquier mes próximo, le significará en términos reales mucho menos de lo que esa erogación cuesta al día de hoy.

Sin el auxilio automático en el Gobierno nacional, la Provincia es la que más fuerte ajuste deberá realizar. Tal cual describió un exfuncionario bonaerense, con decisiva participación durante una década en el manejo de los fondos provinciales, “todo está desmadrado. Roberto Baradel es el que maneja todo lo que sigue después en materia salarial, y eso es un desastre”.

“Así y todo, supongamos que la gestión Kicillof ajusta todas las clavijas en cuanto a los controles de presentismo, se eliminan las arbitrariedades que se encuentran en las carpetas médicas policiales, se vigila el trabajo de los médicos, etc, etc, etc. Eso significará un control de gastos pero no alcanzará. Efectivamente, sigue habiendo un desfasaje entre lo que debería recibir la Provincia en materia de coparticipación y lo que sí recibe efectivamente”, explicó.

Según una fuente del Gobierno bonaerense muy bien informada, hasta el momento, jamás se pensó en la emisión de una cuasi moneda como lo fue el Patacón. Según otro especialista bonaerense, que participó de todo aquel proceso, “la situación de 2001 con la actual es totalmente diferente. Hoy no hay casi deuda corriente. En aquel momento teníamos un atraso de casi un año con todos los proveedores estatales”, recordó, y aclaró que el Patacón servía, además, para pagar impuestos nacionales, “cosa que claramente el gobierno de Javier Milei no le permitirá a Kicillof”. Ese detalle, para él, fue el secreto del éxito de aquel bono.

Hasta el año pasado, el gobernador se financiaba para sus gastos corrientes y la realización de obras públicas con cuatro elementos. La recaudación impositiva formal, la coparticipación nacional, la ayuda extraordinaria que le dio Alberto Fernández por orden de Cristina Fernández de Kirchner desde septiembre de 2020, cuando se desató la crisis policial que supuestamente sobrepasó a Sergio Berni y el endeudamiento acordado con la oposición.

En el 2024 deberá hacer los números restándole el endeudamiento, calculado en U$s 150 millones de dólares, y los giros prebendaros del Gobierno nacional. La única manera de destrabar una de estas dos sumas de financiación es con una nueva deuda, que deberá ser acordada previo pago de unos $15.000 adeudados, mayoritariamente, a municipios opositores.