Echaron a un empleado público por agredir a un discapacitado en un hogar
El Gobierno de Mendoza echó a un empleado del Hogar Lorenzo Bordón, para personas con discapacidad, por agresiones físicas y verbales a un paciente internado en ese establecimiento. Se trata del agente Fernando Javier Cartrón, quien tenía antecedentes y tras un sumario fue cesanteado.
A través del Decreto Nº 2881, firmado el pasado 6 de diciembre por el entonces gobernador Rodolfo Suarez, se dejó cesante a Fernando Javier Cartrón, quien tenía un cargo de Clase 07 en la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Al mismo tiempo, el decreto de cesantía establece que deberá recomendarse a los responsables de la Dirección “rever, revisar y/o relevar la planta de personal a cargo del cuidado de los/as albergados/as y su aptitud, capacidad y/o idoneidad para llevar adelante tales tareas, a efectos de evitar o prevenir a futuro, situaciones como la investigada en el presente sumario”.
El hecho se produjo en el Hogar Lorenzo Bordón, ubicado en Godoy Cruz, y se inició un sumario administrativo tras un informe elevado por una enfermera que prestaba servicios con el sumariado, quien afirma haber sido testigo de agresiones proferidas por Cartrón a uno de los albergados del establecimiento, en presencia además de otras dos personas.
El decreto plantea que “el maltrato recibido por el albergado, es inadmisible, más cuando el Estado debe promover las condiciones que permitan a los ciudadanos de la Provincia el ejercicio de sus derechos humanos y sociales de forma plena, propendiendo a garantizar la integración social de aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, por lo que en una primera apreciación de los hechos y la prueba merituada surge la responsabilidad del agente sumariado de manera directa y lo impropio e irregular de la conducta esgrimida por el agente Fernando Javier Cartrón, quien tiene antecedentes de la índole de lo investigado”.
El empleado tenía antecedentes disciplinarios y una sanción de 30 días de suspensión sin goce de haberes por causas de violencia y maltrato años atrás.
Asimismo, las autoridades a cargo del sumario sostuvieron que “la defensa del agente busca excusar lo inexcusable trasladando la culpa a la víctima que en este caso no puede siquiera expresarse, tal como ha quedado probado en el presente expediente”.
Por estos motivos se sugiere la aplicación de la sanción de cesantía de conformidad a lo normado en el Art. 5 incs. b) y d) de la Ley N° 9103, medida que terminó adoptando el Gobierno provincial.