Ganó Javier Milei: ¿y ahora?

Triunfó Javier Milei. Decía hace poco un reconocido analista político y encuestador que “si gana Sergio Massa con el actual estado de la economía, hay que reescribir todos los libros de marketing político”. No será necesario reescribir nada. Pero, ¿y ahora?

Potencialmente, estamos a la puerta de un cambio muy importante, con algunas características similares a la de 1989. Se trata del fin de otro ciclo del esquema de economía cerrada, fuerte regulación e intervención estatal en el sistema económico, déficit fiscal y alta inflación. En aquella oportunidad terminaba un proceso de prácticamente sesenta años; ahora se trata de uno de veinte. En ambos procesos hubo intentos de cambio, pero no fueron más que interrupciones en una tendencia más profunda.

Tanto entonces como ahora el movimiento es hacia el esquema opuesto: apertura, desregulación, reducción del déficit fiscal y combate firme a la inflación.

Pero hay algunas diferencias sustanciales. En aquel momento la necesidad de cambio se daba partir de la experiencia traumática de la hiperinflación, la cual, hasta ahora se está evitando, por más que el nivel de inflación actual sea sumamente peligroso. Por otro lado, la pobreza es incomparablemente más elevada hoy que en aquel entonces, lo que da un contexto muy complejo al cambio que se quiere realizar. Sin embargo, aparece en la experiencia presente algo novedoso: el plan a implementar no quedó escondido en una “revolución productiva” o un “salariazo” sino que apareció explícito en una “motosierra”, y fue validado, más o menos voluntariamente, por una mayoría superior a la imaginada. Finalmente, hay otra diferencia muy importante a resaltar: en aquel momento, el cambio de rumbo fue llevado a cabo por alguien que manejaba una cuota de poder notablemente superior a la del futuro presidente.

Es interesante entonces sacar algunas lecciones de lo ocurrido con aquel otro cambio estructural que se inició en 1989, ganó dinamismo con la Convertibilidad en 1991, y terminó estrepitosamente en 2001, para dar luego inicio a una dramática marcha atrás a partir de 2003 y especialmente desde 2008.

Fueron hitos fundantes de todo ese proceso las leyes de desregulación de la economía, la de reforma del estado y la de emergencia económica; las mismas permitieron desarmar el andamiaje de regulaciones y trabas que se había ido construyendo a lo largo de décadas, y sanear las cuentas públicas. Lo mismo el compulsivo Plan Bonex, destinado a resolver el problema del déficit del banco central. La reestructuración de la deuda externa, la Convertibilidad y la apertura de la economía dieron la forma final al nuevo régimen.

El mismo implicaba un esquema de incentivos absolutamente distinto al que había imperado durante largo tiempo, expresado en lo que los economistas llamaríamos una estructura de precios relativos diferente. Este cambio se dio con relativa velocidad, pero la reacción del sistema económico al mismo no fue simultánea. Los mercados financieros son los que más rápidamente se acomodaron al nuevo escenario. Las decisiones de gasto también lo hicieron con relativa velocidad. Sin embargo, la reubicación de los factores de producción hacia las actividades productivas más atractivas no fue veloz. Y todo el proceso estuvo condicionado por un pecado original: la estructura de precios relativos quedó virtualmente cristalizada en una situación poco favorable para la actividad económica local a partir de la fijación del tipo de cambio. Como resultado, el desempleo se presentó con una intensidad no vista en el país.

El deterioro fiscal que tuvo lugar desde mediados de la década de los ’90 dio inició al fin del nuevo esquema. El mismo fue potenciado luego por el cambio en las condiciones internacionales a partir de 1997, la tensión social creciente y la complicación del escenario político, desembocando en la crisis cambiaria y bancaria de fin de 2001 y principios de 2002. Con el advenimiento de Néstor Kirchner en 2003 comenzó la vuelta al esquema previo a 1989.

¿Qué nos muestra la situación actual? Un presidente electo que afirma que la máxima prioridad es la reforma del estado y eliminar en un año el déficit fiscal, y que entiende que debe atender con urgencia el déficit del banco central, pero, conociendo la experiencia del Plan Bonex 89, habla de soluciones de mercado y de respeto a todos los compromisos del Estado. Que quiere avanzar en la desregulación de la economía y en su apertura para comerciar con la mayor cantidad de países posible. Se trata de los mismos principios fundantes de la experiencia de 1989. El gran interrogante es el poder político con que contará para implementar los cambios. Cuenta con el aval de una mayoría significativa de la población, pero no con los legisladores suficientes. Este es el primero y principal escollo que deberá sortear y que condicionará todo lo que siga después.

Como consecuencia de lo anterior, se producirá en forma inexorable una nueva estructura de precios relativos. En su momento, las hiperinflaciones facilitaron ese proceso; el primer desafío actual en esta dimensión será evitar que ese cambio de precios relativos desate una nueva hiperinflación. Y el siguiente será el mismo que el de los ’90: tener en cuenta que no todo el sistema económico podrá adaptarse con igual velocidad al nuevo esquema, para lo cual se deberá evitar cristalizar una estructura de precios relativos inadecuada, pero además deberá hacerse lugar en la reforma del estado para la indispensable ayuda a la población que le cueste reubicarse en el sistema productivo porque el proceso no será instantáneo.

Y aquí aparecen lo que, a mi juicio, son los dos aspectos críticos a los que deberá prestar especial atención la conducción económica de la nueva gestión si queremos evitar otra vuelta al pasado como la de los últimos veinte años. Por un lado, el estricto mantenimiento de la solvencia fiscal, como condición sine qua non para la baja de la inflación y para evitar el atraso cambiario, y por el otro, una adecuada política de capital humano para que los beneficios del nuevo esquema económico lleguen bajo la forma de empleo y salarios dignos a la abrumadora mayoría de la población.

Ya hasta esta instancia los desafíos son múltiples, pero se presenta uno más en función de las propuestas del nuevo presidente: su voluntad de favorecer un esquema de competencia de monedas con miras a, en el futuro, dejar de disponer de moneda propia, lo que sería equivalente a una versión más extrema aún de la Convertibilidad y que podría entrañar el grave riesgo de nuevamente cristalizar una estructura de precios relativos desfavorable que atentaría contra el objetivo de un buen nivel de empleo. Entiendo que es una meta de mediano plazo, y entiendo y hasta un punto comparto los beneficios de ese esquema, pero considero que entraña un peligro importante ya que podría hacer que, en el futuro, aunque se hubieran dado todas las condiciones previamente mencionadas, el nuevo esquema colapsara por falta de sustento social, tal como ocurrió en 2001.

El inicio de un nuevo gobierno es siempre el renacer de una esperanza de que nuestro querido país pueda dejar atrás tantas décadas de frustraciones. Las oportunidades están. Esperemos que nuestros dirigentes, con su accionar recto, nos puedan dirigir hacia un futuro mejor.

* Economista, director de C&T Asesores Económicos y profesor de Economía Monetaria y Economía Argentina en la UCA