Testimonio: el explícito pedido de coima para zafar en una causa investigada por Walter Bento

El hombre entró a la cochera en un Camaro, un auto ostentoso; que no pasa desapercibido. Tras algunas palabras, dejó los eufemismos de lado. “Son 81 mil dólares, y en dos días está liberado. Son para Bento”, dijo. El mensaje era para el padre de un joven que estaba detenido por haber quedado involucrado de manera lateral en una causa federal. Su familia había transitado todos los caminos legales posibles, sin alertarse de que había un atajo para liberarlo: pagar coimas.

El requisito que el “puntero” de la Justicia Federal ponía era cambiar de defensor y nombrar un abogado a pedido de la red de corrupción para que el plan ilegal funcione. El designado debía ser Jaime Alba, un penalista que tenía aceitados vínculos en el Juzgado Federal 1 de Mendoza, conducido por entonces por Walter Bento, y que ahora es enjuiciado como sospechoso de ser parte de la asociación ilícita que lideraba el juez.

El testimonio al que accedió MDZ de primera mano (se reservan los nombres para resguardar de la fuente) es parte de una causa que no fue incluida en el juicio que se lleva adelante en Mendoza. Se trata del caso de corrupción denunciado dentro del PAMI, en el que se fraguaban recetas para comprar medicamentos, especialmente insulina, a costo de esa obra social para luego transarlos de manera ilegal.

Toda la trama interna ocurrida en esa causa grafica cómo funcionaba el mecanismo de corrupción en la justicia federal de Mendoza. Uno de los datos sobresalientes es que los involucrados en la trama exceden la lista de acusados en la causa que fue elevada a juicio. Hay más abogados y también funcionarios judiciales que podrían ser parte. Incluso había tarifas distintas. Los 81 mil dólares pedidos eran para lograr la excarcelación rápida. Pero había un tarifario más accesible: 10 mil dólares para “hacer desaparecer” una parte del expediente. El destinatario de ese monto menor no era Bento.

Quien ofreció los servicios para acelerar la liberación del detenido es un hombre conocido y que es parte del juicio, pero solo como testigo. Se trata de Diego Stuto, que estuvo preso por estafa y además está vinculado como informante de la policía de Mendoza y de los fiscales de la provincia. Stuto, según pudo comprobar MDZ, comenzó su trabajo estando detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer. En los tiempos libres compartidos, comenzó el ablande para informarle a algunos presos federales que podían “salir antes”, si le hacían caso.

Bento está procesado y enfrenta un juicio oral por estar sospechado de haber liderado una organización criminal dedicada a otorgar favores judiciales a cambio del pago de coimas. Está acusado de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad. En la causa hay varios hechos sobre los que abundan las pruebas. Pero no son los únicos. Los "favores" recibidos son sutiles, pero trascendentes. En algunos casos se trata de cambio de carátulas, de acceso a beneficios o simples demoras en la ejecución de medidas. En la causa PAMI, por ejemplo, a muchos les llamó la atención la demora del juez Bento en avanzar a pesar de las denuncias previas. En ese juicio hubo condenas, pero la cadena de acusaciones se cortó mucho antes de los cargos jerárquicos. 

El mecanismo

Las estafas que se ejecutaban desde la sede local del PAMI habían sido denunciadas mucho tiempo antes. Pero fueron algunos hechos fortuitos los que aceleraron el proceso. Habían robado sellos de médicos, tomaban recetarios oficiales y construían pedidos falsos de medicamentos, principalmente insulina, para comprarlos a costo del PAMI y luego revenderlos en un circuito paralelo que incluía traslados a Córdoba y otros distritos.

Las denuncias existían, pero dormían en el Juzgado Federal 1 de Mendoza. Incluso Bento había tomado una de esas casusas cuando estaba subrogando otro juzgado. En 2012 se inició una causa por las múltiples reclamos de médicos y farmacias por recetas y sellos apócrifos. En 2014 el médico Luis Ignacio Mackern Oberti denunció en el juzgado de Bento que le habían robado el sello y estaban recetando medicamentos de manera fraudulenta. Los propietarios de farmacias Del Plata también alertaron sobre irregularidades por la alta demanda de medicamentos a costo del PAMI. Pero las causas durmieron en el despacho del juez que ahora es enjuiciado, hasta que se hicieron públicas por un hecho fortuito: un hallazgo de la policía de Mendoza de un cargamento irregular de insulina.

Mientras la causa no avanzaba se había montado una industria ilegal que funcionaba con los pedidos truchos, el retiro de medicamentos, los pagos del PAMI y la reventa de esos remedios (insulina y reactivos) con una logística de distribución propia. Incluso hasta se adquirieron farmacias para tal fin.

El adobo

Cuando la noticia explotó, hubo allanamientos y decena de detenidos. Algunos directamente involucrados, otros de manera lateral y también hubo quienes quedaron tras las rejas por las dudas. Desorientados, algunos de los familiares de los detenidos comenzaron el raid para conseguir asesoramiento jurídico.

La U32, es decir los calabozos de Tribunales Federales, era el lugar de detención. Luego también entenderían que era el lugar de “adobo”, donde algunos implicados eran ablandados para caer en las redes de corrupción para conseguir favores. Las excarcelaciones se demoraban, aún en algunos casos de personas acusadas sin mayores pruebas. También comenzó el desfile de abogados y un descubrimiento: no es lo mismo cualquier defensor. “Nos habían dicho que para que saliera, era conveniente contratar a algunos abogados. Con el tiempo vimos que era verdad”, explicó el familiar de un detenido.

Como si fueran cotos, el vínculo con Bento y la Justicia Federal incluye una especie de derecho de admisión. No todos los abogados litigaban en ese juzgado, menos lo hacían  con éxito y aún menos si no eran parte de la cadena de vinculaciones que ya funcionaba. Honorarios en dólares y una frase que queda resonando: “Es mejor una defensa amigable”. Con ese concepto un reconocido abogado penalista de Mendoza graficó la estrategia que seguía en el juzgado de Bento. Ese abogado patrocinaba a alguno de los líderes de la banda que, a diferencia de otros, lograron la libertad en tres meses.

La familia del detenido que recibió el pedido de coimas buscaba respuestas. “Mi hijo seguía detenido, lo trasladaron a la cárcel y no sabíamos por qué. Demoraban la imputación y no se podía defender. Consultamos a muchos abogados. La defensa hizo todo bien técnicamente, pero no había respuesta”, recuerda uno de los familiares. En medio de la desesperación, el detenido recibía otros consejos en la cárcel: Stuto le sugería que la salida era otra, que había una forma de agilizar su excarcelación y que él tenía la solución. El “puntero” quedó en libertad y, luego de triangular contactos, apareció el pedido formal de coimas, que se hizo en un edificio público y de noche.  “Vino y me dijo cuánto era. Me llamó la atención el monto, no solo por la cantidad, sino porque no era un número redondo. En ese momento pensé todas las formas de conseguirlo por la desesperación, pero no podía. Ya habíamos gastado todo”, explicó el familiar. Stuto le puso la cara al pedido, con la recomendación de cambiar de abogado para nombrar a Alba. Al salir de la sala, su interlocutor le dijo: “te llamo por teléfono y acordamos”. “No, por teléfono no. Tengo el teléfono intervenido”, respondió Stuto, que de eso sabía mucho.

Stuto tiene un rol extraño en la causa Bento, pues fue quien grabó a Jaime Alba en conversaciones comprometedoras. Según el testimonio al que accedió MDZ, en este caso el operador podría haber tenido un rol similar al de Diego Aliaga, es decir vincular a detenidos con la cúpula de la justicia federal para acceder a beneficios. Alba está procesado por ser, según las sospechas, uno de los organizadores de la asociación ilícita.