La Justicia reabre la investigación en la causa "Chocolate" Rigau

El Tribunal de Casación bonaerense habilitó al juez Guillermo Atencio y a la fiscal Betina Lacki a continuar con la investigación por la posible estafa realizada por Julio "Chocolate" Rigau y que involucra a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el manejo de plata por fuera de las contrataciones formales para una supuesta "caja política", que era distribuida por un encargado político que aún no se conoce. 

En una larga sucesión de acción y reacción promovida por los doctores Miguel Angel Molina y Alfredo Gascón, representantes de uno de los estudios jurídicos más importantes de La Plata, con muchísimas conexiones políticas y judiciales, los avances y las detenciones en las actuaciones judiciales se suceden día a día. 

La resolución de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal platense, a cargo de María Florencia Budiño y Fernando Mancini, que llegó de manera expeditiva ya que el miércoles nomás se había interpuesto el pedido para anular una de las principales medidas de prueba, como lo es el contenido del celular de "Chocolate", que podría indigestar a toda la maquinaria política institucional de la Cámara de Diputados provincial y al peronismo platense por añadidura, ya que Rigau era un referente importante de esa estructura política. 

A pesar de esta novedad jurídica, que deja sin efecto la presentación de los abogados defensores y el aval de los jueces Alejandro Villordo y Juan Benavidez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, el juez Atencio debe esperar que se lo notifique formalmente desde la Cámara correspondiente y resuelva sobre su resolución, lo cual, para el caso, podría ser tan solo una formalidad. Pero hasta que no se cumpla, el magistrado no habilitará ninguna medida adicional. 

El Tribunal no sólo dejó sin efecto la resolución de la Sala III que había dispuesto la ilegalidad de todo lo actuado por un supuesto error de procedimiento en el momento en que fue detenido Rigau el 9 de septiembre pasado sino que, además, puntualizó la validez de Poder Ciudadano como "particular damnificado", tal cual había escrito particularmente el juez Atencio. 

La presencia de una ONG es algo que aterra a los legisladores. No quieren ni creen pertinente que una entidad de esta características revise la transparencia y organización de una casa ya de por sí opaca. Además, en esta causa, se mezcla cierta inquina preexistente entre los poderes legislativos y judicial que deben convivir pero se recelan. 

El magistrado no puede autorizar ninguna medida de prueba, fundamentalmente la de la apertura del celular de Rigau, hasta que no sea formalmente notificado. "Eso nunca se sabe cuánto tarda... Puede ser mañana o será luego del fin de semana largo. Hay que esperar", sostienen en las cercanías del juzgado de Garantías 3 ante la posible que todo se dilate y, como quiere el oficialismo, nada suceda hasta después de las elecciones generales del 22 de octubre.

Llamativamente, entre las medidas de pruebas solicitadas por la fiscal de la causa, no hay una sola intervención dentro de la estructura administrativa de la Cámara de Diputados bonaerense. Nada más se solicitaron informes protocolares, pero ninguna acción determinante, como la búsqueda de listas que determinen qué se hacía con el dinero recaudado, quien era el responsable de tomar lo que conseguía "Chocolate" a través de sus raids en los cajeros automáticos y hasta donde escala la asociación de responsabilidades.