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Sin ampliación, con azar y más fallos plenarios: cómo será el funcionamiento de la Corte

El oficialismo busca modificar radicalmente el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia para transformarla en un tribunal colegiado. El presidente tendrá funciones jurisdiccionales. Todas las causas se sortearían y los temas institucionales se tratarían en pleno.
Alejandro Gullé, el procurador de la Corte, Dalmiro Garay, el presidente del máximo tribunal, y sus seis jueces Foto: Suprema Corte de Mendoza
Alejandro Gullé, el procurador de la Corte, Dalmiro Garay, el presidente del máximo tribunal, y sus seis jueces Foto: Suprema Corte de Mendoza

El proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que envió el Gobierno generará un cambio enorme en el funcionamiento y tiene varios mensajes encriptados, como adelantó MDZ. Por un lado, es una salida técnica y legislativa a un problema político que tiene a ese tribunal bloqueado. Al mismo tiempo le agrega transparencia al funcionamiento luego de que la situación no diera para más: las posiciones están tan divididas que hay casi "voto cantado" en cada Sala y ante cada fallo, con la insólita posibilidad de elegir ternas de jueces según el perfil: en Mendoza si se necesita un fallo a favor o en contra del Gobierno es posible seleccionar. 

En el proyecto también hay otra sutileza. El oficialismo desistió de su plan original para ampliar la Suprema Corte y le pone coto de 7 integrantes. Había sido Alfredo Cornejo quien, en su gestión, presentara un proyecto para que sean 9 los jueces. Además, hay una visión distinta: en ese momento se creaban y potenciaban 3 salas. Ahora se crea un cuerpo colegiado integrado por los 7 ministros de la Corte y con el azar como mecanismo de elección. Todos los jueces deberán "saber" de todo. 

El otro eje es el rol del Presidente del tribunal. Tendrá, de aprobarse la ley, funciones jurisdiccionales. Es decir analizará y firmará sentencias en cualquier tipo de causas. Hasta ahora solo lo hacía en fallos plenarios, pues no integra ninguna de las salas "temáticas". El presidente retomará el "rol de juez" y será uno más en las causas en las que salga sorteado. 

Lo que Dalmiro Garay y quienes lo sucedan no perderán es poder: aunque habrá una sala administrativa, como ahora, gran parte de las decisiones corren por cuenta del Presidente. Incluso mantiene la lapicera para convocar a plenarios si lo cree conveniente. Allí hay otra clave que no puede separarse de la coyuntura política de la Corte actual. Aunque se elegirán por azar las ternas de jueces que actuarán en cada causa, hay una llave; una vía de escape de emergencia que puede ser funcional para quien conduzca ese cuerpo. Es que con la firma de tres magistrados o la decisión del Presidente se puede llevar a plenario una causa

Suarez y Garay, dos de los hombres de mayor poder en la provincia. 

En detalle

El proyecto se maduraba desde hace tiempo y aunque públicamente no lo mencionen, hubo idas y vueltas constantes entre integrantes de la Corte y del Gobierno. El funcionamiento operativo de la Suprema Corte de Mendoza está viciado. Ese Tribunal está dividido en tres salas, pero solo dos tienen potestades jurisdiccionales.  La Sala 1 aborda temas civiles y comerciales. La Sala II las causas penales y laborales. Entre ambas se reparten por turnos las causas por reclamos administrativos y los recursos de inconstitucionalidad. Los turnos son rotativos y fijos, por lo que solo alcanza con esperar que los jueces "deseados" estén de turno para que recaiga en ellos. El problema se potencia con la identificación política que hay en cada grupo, cosa que ha sido motivo de acusación interna cruzada. 

Forum shopping" se llama en la jerga; acomodo en criollo. El proyecto aboliría esa tendencia. Los 7 ministros serían un solo "colegio" de jueces y cada causa que llegue tendrá un sorteo para elegir los 3 jueces que se avocarán a su análisis y dictamen. El tratamiento será, incluso, jerarquizado por orden de llegada (el primero que salga sorteado será el que comande la causa). 

El "colegio" elimina la especialización de los jueces en cada sala y le dará más trabajo y poder a quienes están en las sombras: los relatores y secretarios de la Corte. Curiosamente gran parte de las pujas internas entre los jueces tiene que ver más con los nombramientos de ese equipo (que se expandió notablemente) que con diferencias ideológicas. La "oficina de gestión" será la encargada de asignar, vía sorteo las causas. 

La disputa interna en el máximo órgano de justicia tiene dos grupos enfrentados, aunque hay matices. El ala radical está integrada por Dalmiro Garay, Pedro Llorente, María Teresa Day y José Valerio. El ala peronista por Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez. El pico de tensión se generó cuando a través de dos sentencias Adaro y Palermo acusaron que en la Corte había mayorías automáticas y un uso interesado de los instrumentos, como el llamado a fallo plenario. En realidad detrás de esa acusación hay una realidad nociva: la ya mencionada "elección" de tribunales. Las diferencias políticas parecen insalvables. Si se aprueba el proyecto, habrá una convivencia "diversa" entre los integrantes según los sorteos de las causas. 

El proyecto del oficialismo regula también el pleno de la Corte, es decir el funcionamiento del cuerpo completo. Los 7 jueces serían los encargados de dirimir las causas de conflicto entre poderes, las acciones de inconstitucionalidad (ese punto es clave para evitar decisiones parciales en temas estructurales) y también las Acciones Procesales Administrativas.

Es decir, todas las causas que eran parte del "Forum Shopping" ahora serán tratadas en pleno; votarán los 7 jueces. Esa decisión  tiene aval porque se trata de causas que merecen un respaldo amplio. Al mismo tiempo hoy son funcionales coyunturalmente al oficialismo porque tiene mayoría en la Corte. Con la eliminación de las salas fijas también se licúa el alcance de Adaro y Palermo, quienes lideraban la influyente Sala 2 e incomodaban al oficialismo.

Un punto que puede generar conflicto interno es que le mantienen al Presidente de la Corte la atribución de llamar a pleno cuando lo considere o, incluso, se puede convocar con la firma de tres jueces del mismo tribunal. Es decir, queda la puerta abierta para "desarmar" el colegio cuando lo crean necesario. 

Además de cambiar el funcionamiento en el abordaje de las causas, también crea una nueva estructura de gestión. Entre otras cosas, habría dos nuevos funcionarios jerárquicos. Se trata de dos Secretarías Judiciales que serán el primer dique de contención. Una de las secretarías sería jurisdiccional (para causas específicas de cada área jurídica) y la otra de origen (donde recaerán las causas que tienen a la Corte como instancia única, como las inconstitucionalidades). Desde Tribunales aseguran que no se crearían nuevos cargos, sino que se reconvertirían las secretarías actuales. 

Internamente en Tribunales hay acuerdo para desarmar el "forum shopping", pero no existe unanimidad sobre el camino elegido. Ahora el debate se traslada a la Legislatura, donde el oficialismo tiene un cómodo tránsito. En la época de Cornejo la reforma de la Corte fue el una de las pocas iniciativas que no prosperaron porque hubo oficialistas que se negaron a apoyarlo porque proponía la ampliación del tribunal. Eran momentos en los que no había una mayoría "clara", como sí ocurre ahora. Esa realidad hace prescindir al Gobierno de la estrategia de sumar jueces para garantizar apoyo.