En un clima tenso, Suarez avanzará con una ley de cambios en la Corte

Por un instante, en medio de la conmoción del jueves a la noche, pareció que algo había cambiado. Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo tuvieron, después de años sin hablarse, un contacto y hasta aparecieron juntos en una foto casual difundida mientras estaban reunidos en la salón Arturo Illia del Senado de la Nación, unas horas después de que Fernando Sabag Montiel intentara dispararle a Cristina Kirchner.

Hasta coincidieron en algo. Cornejo expresó, ante ese nutrido grupo de senadores oficialistas y opositores reunidos espontáneamente para repudiar el ataque, algunas críticas por el accionar de la custodia de la vicepresidenta y Anabel lo respaldó. “Tiene razón Alfredo”, avaló ante todos. Esa frase, tras años de enfrentamientos y peleas, podía sonar como un comienzo de búsqueda del diálogo y una apertura a la convivencia ante la sensación de que la grieta había encontrado su límite esa noche a las 20.53.

Sin embargo con el correr de las horas del viernes y del sábado todo fue volviendo al mismo nivel de enfrentamiento político, en Mendoza y en el país. O como lo describió el analista Caros Fara: “Para el 99% importa lo que le pasó a Cristina Kirchner, pero ya no importa lo que pasó. Cada segmento quedará atrapado en sus propios prejuicios”.

Rodolfo Suarez apostó otra vez por lo que más le rinde en los sondeos de opinión desde la pandemia a esta parte: diferenciarse de Alberto Fernández en esas medidas objetables ( y en algunos casos desconcertantes) que habitualmente toma el presidente como respuesta a las crisis. En aquella oportunidad, fue ir para el otro lado en Mendoza de aquellas condiciones de encierro tan estrictas que se habían impuesto en muchas zonas del país. Hace tres días fue pasar por arriba del decreto presidencial que había declarado un feriado nacional tras el ataque a Cristina. Y el gobernador hizo lo que hizo, aún a costa de la constitucionalidad de su decisión.

Este clima político a nivel nacional, se trasladará esta semana a Mendoza. Sin dudas. El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, se presentará en la Legislatura antes del miércoles para ingresar, seguramente en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que se viene discutiendo en un clima de mucha tensión en el máximo nivel de la Justicia para modificar radicalmente el funcionamiento de la Suprema Corte.

Básicamente, el proyecto transita por tres andariveles. Como primera instancia se mantiene el actual ordenamiento por salas (la Sala 1 que es competente en materia de derecho Civil y de Familia y la Sala 2 que se ocupa del fuero Penal y del Laboral) pero la novedad está en que estas salas dejarán de estar integradas por jueces fijos para pasar a designaciones por sorteo.

En segunda instancia, la ley prevé que el presidente de la Corte participará de las votaciones cuando hoy eso no sucede y la novedad se agrega en este punto: tras las denuncias de dos de los integrantes del máximo tribunal de extracción peronista, Mario Adaro y Omar Palermo, de que existen supremos permeables a la presión del gobierno para el manejo de los fallos plenarios, la ley busca regularlos estableciendo solo algunas causas en las que se imponga una decisión de los siete integrantes del cuerpo. Por lo que se sabe hasta ahora, una votación del pleno de la Corte quedaría acotada solo a controversias en materia de inconstitucionalidad o en aquellas en las que se vean afectados derechos colectivos.

El proyecto lo enviará Suarez, pero viene siendo negociado en el seno mismo de la Corte desde hace un tiempo por los dos magistrados que en su momento propuso Cornejo: el actual presidente Dalmiro Garay y Jose Valerio. Se buscó consenso para que la iniciativa partiera de los mismos jueces y despejar así su viabilidad política en diputados y senadores. Pero no pudo ser.

Cuando se comenzó a debatir el tema, el bloque que integran los dos magistrados filoperonistas estaba de acuerdo en eliminar uno de los vicios que está mostrando el sistema. Esto es, esperar a que la Sala 2 esté de turno para la presentación de cierto tipo de denuncias. O dicho de otra forma: el “forus shopping” que se había generado para demandas de tipo laboral, fundamentalmente. A través del sorteo de jueces que se busca implementar ahora se apuesta por la transparencia. Y en este punto todos los supremos coincidieron.

En lo que no hubo acuerdo interno de la Corte fue en cómo encarar el problema. Adaro planteó que el foco está en la sala administrativa del tribunal y que en ese sentido se podía ir hacia un proyecto que permitiera la recusación sin causa de uno de los miembros de la sala y que la presidencia de la Corte se ejerciera de manera rotativa con mandatos de un año.

Garay había optado por implementar las modificaciones de manera progresiva, aplicarlas en principio solo para las causas que se deban resolver del fuero administrativo para, con el tiempo, terminar abarcando al resto. Valerio apuntó siempre a que la tómbola de jueces sea general desde el principio. La iniciativa que finalmente ingresará, irá por este segundo camino.

El gobierno explicará su proyecto como una continuidad de las reformas en la Justicia iniciadas en 2016 y mucho de eso hay. También es atendible el argumento de que el sorteo de jueces aportará transparencia. Las dudas que surgen están apuntadas hacia la agilidad del sistema una vez implementadas este tipo de modificaciones, que seguramente saldrán de la Legislatura porque el oficialismo cuenta con las mayorías como para imponerlas.

Y, sobre todo, si esto despejará el camino de diferencias políticas internas de la Corte que los pone frecuentemente al borde de la crisis institucional. No se puede soslayar el trasfondo de ley: en medio de un enfrentamiento duro de Garay con Adaro y Palermo que lleva tiempo y que recrudeció hace menos de un mes, el efecto inmediato será la licuación del peso de estos dos últimos magistrados en la Sala 2 del fuero penal que integran con Valerio y en la que logran imponer su mayoría en las votaciones. Lejos de aplacarse, la crisis en la cúpula de la Justicia podría agravarse y ese clima seguramente se trasladará al debate legislativo que arrancará en días.

Otro debate, impulsado por Malargüe

Hace más de un año que se sabe que Portezuelo de Viento está caído. Pero la decisión final de Suarez, tomada hace unas semanas, de terminar con la licitación en marcha de la obra le terminó dando el aval final al intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para presentar un proyecto por el que viene insistiendo desde hace rato. Es más. Desde hace una década al menos, Malargüe viene pidiendo la posibilidad de que los dejen hacer minería y el tema se transformó en una cuestión de estado municipal. Ya en 2012 el entonces intendente peronista Juan Agulles había impulsado una iniciativa en ese sentido que no avanzó y que ahora busca aprobar el radical Ojeda.

En trazos gruesos, la idea malargüina plantea una excepción a la Ley 7.722 para permitir en ese departamento el desarrollo de la minería metalífera, declarar de interés minero a toda el departamento y  establecer una zonificación para permitir el desarrollo de la actividad en cuatro áreas y restringirla en otras. Además se incorpora la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.

El diseño original de la iniciativa, contemplaría asimismo la creación de una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto. La autoridad de aplicación de la ley sería la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro de la Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suarez de principios de gestión en 2019 y que fracasó.

Ojeda viene esgrimiendo argumentaciones jurídicas para avanzar con su intención, aunque los motivos de peso siempre fueron sociales. Entre las primeras, el intendente entiende que su propuesta está sujeta al cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Nacional que hace referencia a las autonomías municipales. Pero en definitiva el problema de fondo es otro: Malargüe enfrenta una situación muy delicada desde lo económico, agravada ahora por el desplome definitivo de Portezuelo.

Por esto último, en principio, algo cambió en la cabeza del gobernador. Hace un par de meses cuando Ojeda ya insistía con su ley, Suarez pateó la pelota afuera ante un tema del cual, no hay caso, ya no quiere ni oír hablar a pesar de que dice estar convencido de que la minería es una salida hacia el desarrollo económico. “Esta no es una iniciativa que dependa de mí. El debate lo tiene que dar la Legislatura”, despejó en mayo pasado. Ahora el panorama sería distinto: Cambia Mendoza se encargaría de la iniciativa en la Legislatura. Todavía está muy fresco el recuerdo de aquellas conflictivas semanas de finales de 2019 cuando Suarez pretendió cambiar la ley antiminera. De hecho el gobernador admitió tiempo después que, sí frenó y derogó la ley que él mismo había impulsado, fue por el temor a que las protestas terminarán con muertos en las calles.

Ya sabe que en Mendoza existe una dirigencia política que se muestra como cancerbera de la 7722, que rápidamente toma el protagonismo ambientalista y que incentiva movilizaciones masivas. Para ellos no se pueden permitir excepciones porque una fisura en la norma podría derivar en más excepciones. Y ya están anticipándose para dar una batalla jurídica, inclusive. Entienden que cualquier modificación a la ley vigente es inconstitucional porque violaría el principio de no regresividad de la norma. Esto es lo que sostienen los tratados internacionales en relación a que la protección legal del ambiente no puede ser disminuida por otra ley. En este sentido siempre, aseveran los ambientalistas, tiene que propender a una protección mayor.

Pero la alarma no está aquí. Si la ley de Ojeda avanza, seguramente será discutida durante el fin de año con todos los riesgos que eso trae aparejado y en donde la alteración de la paz social está a la vuelta de la esquina. Ya sea esa esquina del barrio de la Recoleta o en cualquiera del resto del país.