Causa Vialidad: uno de los acusados se despega de Lázaro Báez

Luego de los intentos del kirchnerismo en suspenderlo ante el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, se reanudó este martes el juicio del caso Vialidad, que cuenta entre sus imputados a la vicepresidenta, con un nuevo alegato de las defensas. En esta ocasión, llegó el turno del abogado Luis Alonso Martínez, defensor de Mauricio Collareda, extitular de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz entre 2008 y 2015 y que fue acusado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por el delito de administración fraudulenta.

"Mi defendido no tuvo intervención relevante en los hechos. La acusación es infundada y contradictoria. No tuvo relación con Lázaro Báez y no trabajó en ninguna de sus empresas. Hay un ensañamiento. El distrito 23 [Santa Cruz] no contaba con los recursos ni inspectores suficientes para hacer los controles", explicó Martínez al comienzo de su exposición, que duró casi tres horas.

Al intentar demostrar que Collareda no administró dinero de la obra pública y no participó en los procesos licitatorios, el letrado sostuvo que "el distrito 23 tenía facultades de control muy limitados, pero no participaba de la adjudicación de las licitaciones. Esta situación era igual a la del resto de los distritos del país de acuerdo al informe de 2013. Collareda cumplió con los deberes propios de su caso en las condiciones en las que esos deberes estaban reglamentados. Y su conducta fue la correcta. De acuerdo a la auditoría de 2016, bajo la administración de Iguacel, se detalla que no se evidencian tareas sin ejecutarse. Collareda no tomó decisiones por las que supuestamente se direccionó la obra pública".

Según la acusación realizada por el fiscal Luciani, desde Vialidad, Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia. En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalizando su alegato, Martínez cuestionó a los fiscales y reforzó sus argumentos: "No tenía la custodia ni la administración de los fondos que supuestamente fueron mal gastados. Su intervención fue accesoria. La maniobra no le generó una ganancia económica ni un ascenso laboral ni en el Estado. No tuvo ningún beneficio persona", señaló el abogado, que además pidió que en caso que Collareda sea declarado culpable, su condena sea de carácter condicional.

Desplazado de Vialidad Santa Cruz en 2016, Collareda siguió vinculado al rubro de la obra pública en la provincia como asesor técnico de una empresa que se abrió paso en el negocio ante el derrumbe de Austral Construcciones.

Martínez se refirió a los supuestos vínculos de Collareda con Lázaro Báez: "La fiscalía se hizo eco de las manifestaciones de Iguacel, que dijo que era 'cercano' a Báez. Collareda negó que eso sea verdad, pero los fiscales intentan unir el vínculo diciendo que trabajó en Palma SA, entre 2000 y 2003, y que esa empresa sería de un familiar de Báez. No se comprobó que Lázaro Báez haya influido en su nonbramiento. No hay amistad ni vínculo comercial. Collareda no tenía injerencia en ninguno de los procesos licitatorios".