Discapacidad: un síntoma de la anomia social del Estado en Argentina

La protesta de familiares de personas con discapacidad, prestadores, instituciones y otros actores de lo que se da en denominarse como “colectivo de discapacidades” se posicionó frente a la atención pública en una acción que se inició en las redes sociales para después saltar a los medios de comunicación. Así fue reconocido incluso por diversos presentadores de los medios metropolitanos: por caso, Eduardo Feinmann pidió perdón por haber perdido el tiempo con la chirinada de lo que pasaba frente al domicilio de la vicepresidenta en vez de estar atendiendo tremenda cuestión.

Los casos que se van conociendo ponen en entredicho el mensaje de amor por el otro que proclaman los distintos actores políticos del FdT: en algunos casos, se adeudan pagos de hace más de un año. Esto sucede luego de que el pasado abril el gobierno le diera formalidad al Fondo para la Atención de las Discapacidades (FONADIS) con el declarado objetivo de financiar “programas que favorezcan la inclusión y participación de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida comunitaria, la autonomía, la accesibilidad al medio físico y comunicacional y el incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática”, entre otros.

Todo muy generoso y políticamente correcto, la cuestión es la implementación: la misma está a mano de las obras sociales y las prepagas que, de los 90 días de hecho que habitualmente se toma el sistema para pagar, esta vez ya llevan 120 y contando. El gobierno se escuda en la intempestiva renuncia de Martín Guzmán que, al dejar abandonado el Ministerio de Economía, paralizó la firma de órdenes de pago, lo que sería la causal de los atrasos.

En este relato hay huecos. Un caso tremendo, es el de la familia con un niño con la enfermedad de Tay-Sachs, una afección potencialmente mortal que afecta el sistema nervioso central y que se transmite de padres a hijos. En este caso, la cobertura está a cargo de OSPERYH, la obra social de los porteros que lidera Víctor Santamaría. Asumiendo que existan los problemas aducidos por el gobierno para pagarle puntualmente a esta obra social, SUTERYH, el gremio de la cual la misma se desprende, posee cuantiosos recursos. Víctor Santamaría es el titular del Grupo Octubre, y suele ser presentado en su rol de empresario.