Una ley contra el discurso de odio en tiempos de turbulencia puede poner en jaque la democracia

En las últimas horas, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias con el objetivo de “debatir una legislación contra los discursos de odio que pueda ser enviada al Congreso de la Nación en el corto plazo”

A su vez, uno de los abogados de la vicepresidente de la nación amenaza la libertad de expresión de un caricaturista de talla y este mismo gobierno no es la primera vez que despliega este tipo de conductas, toda vez que ya cuenta con un antecedente al dirigirse de “pseudo mafioso” al mejor caricaturista de la argentina, Hermenegildo Salbat.

Por su parte el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde la Universidad The New School en NY, realizó un subjetivo y curioso análisis acerca de las derechas que promueven el odio.

Hace pocos días paso desapercibido en nuestro país, que la ONU proclamó el dieciocho de junio como día Para Contrarrestar el Discurso de Odio, el que se conmemoró por primera vez este 2022. 

Hablar del Discurso del Odio es en día es muy recurrente, pero de qué estamos hablando.

Pese a que el derecho de libre expresión fue pensado como una libertad individual, al día de hoy, amparados en el ejercicio de la libertad de expresión, se propagan discursos de ciertos colectivos sociales contra otros. Estos mensajes se conocen como discursos de odio, que están integrados por expresiones que incitan a la violencia, la discriminación, el odio y la animadversión hacia una persona o grupos de personas debido a su religión, género, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, propiciando la intolerancia y la hostilidad.

Estos discursos pueden difundirse de forma oral, escrita, audiovisual, en los medios de comunicación o en internet y buscan apelar a la emoción más que a la razón y resaltar cierta actitud de dominio de uno sobre otro y de esta forma silenciar a determinados grupos sociales.

Los discursos más recurrentes son aquellos que subrayan diferencias étnicas, sociales o sexuales y religiosas. Por su parte, un discurso puede ser considerado de odio si cumple cuatro criterios básicos: criterio de un grupo en situación de vulnerabilidad tipificado, criterio de humillación, criterio de malignidad y criterio de intencionalidad. Los cuatro criterios deben concurrir simultáneamente.

En Argentina, no existe legislación específica, pero la Convención Americana de Derechos Humanos -incorporada en la Constitución nacional en 1994- sí los prohíbe y es operativa.

Por supuesto que los discursos de odio ya son un problema en la sociedad y hay que ocuparse de esos, es cierto, pero como expresé al titular este artículo, tal vez hacerlo en momentos de conmoción política, económica, cultural -como el que actualmente se vive en la argentina- no sea lo más apropiado.

Ahora bien, hay posiciones encontradas en cuanto si deben ser regulados de otro modo los discursos de odio, pero advierto con preocupación, acerca del peligro de una ley mordaza, de que se instale la censura previa o la autocensura, ésta última, por temor a sanciones penales, aunada a las pecuniarias, además de los métodos de escrache y la cancelación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los discursos de odio como “cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son. Puede ser sobre la base de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.

Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa indicó en su Recomendación 15/2015 entendió que “el discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales”.

Podemos agregar también que el discurso del odio concretamente, hace referencia a la propaganda de ideas basadas en la superioridad de un grupo de personas por su raza, color u origen étnico, justificando a la vez el odio o discriminación. ?

En julio de 2021, la Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre “la propagación y proliferación exponencial del discurso de odio” para ello invitó a “promover el diálogo para contrarrestarlo”. Uno de los indicares empleados advertían los métodos empleados por los gobiernos radicalizados y legítimamente elegidos.

Por lo anterior las Naciones Unidas invitan a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil a realizar iniciativas que promuevan estrategias para identificar, abordar y contrarrestar el discurso de odio, como Estados miembros, sector privado, medios de comunicación, empresas tecnológicas, líderes religiosos, educadores, sociedad civil, afectados por el discurso de odio, jóvenes o simplemente individuos, todos tenemos el deber moral de denunciar con firmeza los casos del discurso de odio.

Sabido es que nadie nace para odiar, debemos tratar de combatir a través de la educación los discursos de odio, la libertad de expresión es fundamental, sustentada en valores universales como la tolerancia, el pluralismo, la igualdad, la no discriminación, por eso insisto en que una ley mordaza no es el camino puede hacerse un uso indebido de la ley para reprimir a los adversarios al que piensa distinto, silenciar a los periodistas y arremeter contra los defensores de derechos humanos.

Lo contrario a la ley es la prevención este si es el camino, y ello es así, pues “Atacar el discurso de odio y racismo en las escuelas prevenir que se instalen, instauren, perduren y vivan en nuestra sociedad la acción de aquellos que siembran el odio en la construcción de un camino que, cuando no se previene a tiempo, termina generando catástrofes. Algún día fue la señalización de un banco de plaza, otro día fue de un comercio, otro día fue el señalamiento de periodistas opositores al régimen, otro día fue de las actividades comerciales de un grupo de ciudadanos alemanes... Pero fueron todos pasos previos que terminaron generando el mayor genocidio de la historia de la humanidad”.

La relación entre libertad de expresión y el discurso de odio ha sido objeto de numerosos debates. Podríamos agrupar buena parte de estos debates en dos grandes grupos. El primero tiene que ver con qué tipo de discursos son los que pueden ser considerados discurso de odio, es decir la identificación. El segundo se relaciona al modo en que debe regularse la circulación de estos discursos.

Como punto inicial se reconoce la posibilidad de establecer por “ley formal” las restricciones a la libertad de expresión esa ley debe ser iluminada por el debate parlamentario y debe, además, cumplir con el test de razonabilidad- y la norma debe ser bien definida si es para limitar un derecho humano.

El derecho a la libertad de expresión tiene un alcance sumamente amplio. Incluye, entre otras, la manifestación de ideas y opiniones que otros pueden considerar profundamente ofensivas y perturbadoras. Sin embargo, existe una preocupación creciente por cierto tipo de expresiones públicas, que además de resultar ofensivas o perturbadoras, tienen un efecto nocivo para la convivencia democrática. Estas manifestaciones, a las que se suele denominar genéricamente «discursos de odio», contribuyen a estigmatizar o incitan a la violencia contra determinados grupos sociales.

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”. Se parte de la consideración de que el derecho a la libertad de opinión y expresión es la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas y una base del pleno disfrute de los demás derechos humanos.

Se reafirma en los comité especializados que la obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión implica la responsabilidad de todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y de otras entidades u organismos en los que el Estado tenga participación. Esta libertad que me refiero tiene dos dimensiones la individual y social simultáneamente.

En este sentido, se reconoció a los nuevos medios de comunicación como redes sociales- función social – que son actores fundamentales del cambio en las prácticas de comunicación de todo el mundo, destacando que debe fomentarse su independencia y asegurarse que todos puedan acceder a ellos. La redes sociales llegaron para quedarse definitivamente, es un espació de pureza en las expresiones libres de la gente, pero que nada tiene que ver con la verdad.

El gobierno insiste en tratar de regularlas, con la excusa que ahí dentro existe discursos de odio, con leyes que siempre correrán de atrás que en definitiva son intentos inocuos de poca recepción social. Hoy día la gente prefiere la auto regulación que proponen las empresas de buscadores para ponderar lo que se dice en los medios ésta libre y auto regulación, confronta con los deseos de los populismos que sostienen la limitación de las expresiones libres.

Los gobiernos populistas confunde el discurso de odio con las opiniones libres y distintas al pensamiento único que proponen esos sistemas políticos poco tolerantes a la confrontación.

Para sorpresa de los populismos y por el bien de las democracias, existen en el sistema jurídico discursos protegidos según su contenido, como ser: a) La presunción de una garantía desde un principio para todo tipo de expresiones libre, incluidos los discursos puedan ofender, ser chocantes o perturbadores. Esto es así, porque en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten.

La libertad de expresión debe garantizarse no sólo la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.

El siglo XX se caracterizó por ser el siglo de la comunicación por redes sociales, ductos de difícil regulación legislativa por tanto también de casi imposible control. El éxito de estas radica fundamentalmente en la posibilidad que ofrecen a los usuarios de comunicarse con otros, de manera totalmente inmediata, a través de espacios virtuales, sin importar en qué lugar del planeta se encuentren. Esto invita a entender una preocupación más y es que esa comunicaciones han migrado al mayor espacio de todos los tiempos y en el que es más difícil atajarlos: internet y, en concreto, las redes sociales. Pero la paulatina expansión de internet ha provocado que los discursos de odio encuentren una manera más efectiva de propagarse, especialmente por medio de las redes sociales y también por páginas web. Al respecto, estudios e investigaciones desde las ciencias sociales identifica las causas que están detrás de este fenómeno: “la crisis económica, el extremismo violento, la crisis de los refugiados y la ausencia de medidas preventivas dirigidas a fomentar la resiliencia de la sociedad” capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. De estos discursos de odio en Internet derivan comportamientos como el ciberacoso y el ciberodio.

Entonces mientras que el mundo online ha abierto infinitud de oportunidades al integrar la comunicación, casi sin regulación alguna, también ha traído consigo riegos y amenazas como estos discursos radicalizados del odio y la discriminación.

Los gigantes de las TIC, como Facebook, Twitter, Google, YouTube y Microsoft, manifestaron hace años su compromiso y responsabilidad para evitar la propagación del discurso del odio en sus espacios. Vale hacer saber que todas las redes sociales disponen de vías para denunciar o comunicar malas prácticas de una manera rápida, aplicar las normas de uso y comportamiento y activar los protocolos de denuncia de cuentas y publicaciones con contenido abusivo, pero que no del todo son efectivas.

En los últimos diez años mil ochocientos periodistas fueron asesinados en todo el mundo, según datos de la UNESCO. Sólo en América Latina esta cifra fue de doscientos noventa y dos, a esto se añaden miles de ataques contra quienes ejercen el periodismo esos se manifiestan en forma de tortura, amenazas, intimidación, hostigamiento, secuestro, desaparición forzada y detención arbitraria, entre otros. Detrás de estos ataques pueden encontrarse diversos tipos de actores, como el crimen organizado, autoridades nacionales o locales u otros grupos de poder político o económico que quieren silenciar a periodistas.

Se observa con preocupación la generalización en la región de una narrativa que estigmatiza a periodistas, humoristas, caricaturista y medios de comunicación que no opinan de manera conteste con los oficialismos, que es dirigida por la autoridad pública de modo intencional y que a su vez es seguida de ataques coordinados en redes sociales al punto tal de llegar a su cancelación. Es decir poner al estado al servicio del gobierno para censurar y cancelar definitivamente a una persona. Esta práctica, se encuentra presente en una diversidad de Estados, democráticos o no, pero lo cierto es que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de los y las periodistas a sufrir represalias, hostigamiento y acoso en redes.

Nos encontramos ante nuevos escenarios, inimaginables hace tan solo un dos décadas, que llevan a pensar que en vanos serán todos los intentos de regulación de redes y amenazas direccionadas a quienes odian o aman, por esas plataformas digitales, ya no importa el contenido, ya están y existen esas expresiones en ciberespacio y difícilmente alguien podrá erradicarlas o limitarlas de las redes, los usuarios de las redes quieren la menor intervención estatal posible, quieren ser y sentirse libres no importa el costo que se tenga que pagar, ya mi colega especialista en marcos regulatorios en redes sociales y nuevas tecnologías, Raúl Martínez Fazzalari expreso “Las redes de comunicación digitales desde hace años han tomado el rol predominante de la comunicación de masas”, por eso reitero mi observancia, nada bueno se logrará si las empresas son las que regulan por si solas, porque los algoritmos no comprenden el contexto y el sentido de las expresiones libres y podrían caer en la censura. El camino indicado será las políticas públicas desde el Estado articuladas con la sociedad civil y el sector privado direccionadas a morigerar y mitigar todo aquello que produce estos discurso.

Soy partícipe activo de la idea de la menor regulación posible del estado en el libre ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, pero si la sociedad se encuentra amenazada en sus derechos individuales por el discurso del odio corresponde implementar políticas públicas regulatorias y de prevención, empero dada la complejidad de la ingeniería, diseño y funcionamiento de internet y las redes sociales, sería auspicioso que cualquier intento de regulación legislativa cuente con un debate amplio en el congreso con contenido, y que garantice la participación plural de todos los sectores afines a la cuestión.

Alberto J. Lucchetti

Abogado especializado en Libertad de expresión - Magister en administración de justicia y docente de derecho internacional de los derechos humanos y garantías –UBA.