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Un atentado grave que exige un llamado a la paz y evitar agrandar las grietas

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta no es un atentado contra una persona, sino a lo que representa y a la democracia. La violencia no puede ser expandida y requiere unión. El presidente desperdició una oportunidad al volver a agitar las diferencias y culpas. Los errores en la seguridad.

La convivencia democrática en Argentina había alejado los fantasmas de violencia extrema. La posibilidad de un magnicidio parecía imposible. El intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un hecho inadmisible, repudiable por todos y que exige el mayor esfuerzo en su investigación. Un intento de magnicidio no es una agresión a una persona; es un atentado contra lo que representa, contra las instituciones y la democracia. 

Argentina vive un clima de tensión por la dura realidad social, económica y política. Ese contexto ha crispado los ánimos, incluso con actitudes que tensan más la situación. Son momentos para promulgar la paz, la convivencia y extremar los esfuerzos para que las diferencias se sean zanjadas en sanas discusiones que no crucen los límites del respeto.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la paz social ha sido alterada y la conmoción que genera el atentado le da la razón. Pero al mismo tiempo el primer mandatario volvió a perder una oportunidad de estar a la altura y superar las grietas con su discurso. Aunque convocó a todas las fuerzas políticas y demás actores sociales, Fernández comenzó su discurso acusando a factores externos a su responsabilidad y su gobierno como responsables. Agitó las diferencias en un momento en que debe primar la unidad nacional.

Un intento de magnicidio no es una agresión a una persona; es un atentado contra lo que representa, contra las instituciones y la Democracia. 

Fallaron todos los mecanismos de control, de prevención, de inteligencia y de custodia de la Cristina Fernández de Kirchner. No es un dato menor, pues en las últimas semanas hubo una fuerte polémica alrededor de la seguridad de la vicepresidenta y de las manifestaciones en la puerta de su casa; justo el lugar donde intentaron matarla.

La violencia desatada está llevando al país al borde del límite del no retorno. Alberto Fernández declaró un inentendible feriado nacional, pero sin avanzar demasiado en el camino de la pacificación que debería seguir. Es una decisión política destinada más a abundar en marchas de apoyo al kirchnerismo, como las que convocó para mañana la CTA junto a la CGT, que a cuidar la seguridad de Cristina.

La oportunidad perdida y nunca más

El intento de asesinato de la vicepresidenta es un hecho de gravedad inusitada, tanto que obliga al esclarecimiento inmediato, pero también a buscar estrategias de pacificación. El presidente, por el contrario, utilizó la cadena nacional para culpar al odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos y judiciales por la situación de violencia que vive el país. Es decir, Alberto Fernández le da un giro político definitivo a esta crisis al culpar a la oposición, los medios y la Justicia antes de avanzar con la investigación sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente agitó las diferencias en su discurso. 

La Justicia no precipitó per se la crisis que el kirchnerismo desató en Argentina, sino que llevó adelante un proceso penal contra la vicepresidenta en el que completó solo la fase acusación, pero al que le faltan aún etapas procesales e instancia de apelación que pueden llevar años hasta que exista sentencia firme. Nada justifica el torbellino político en que se sumió al país.

Estamos ante un hecho que tiene una gravedad inédita. Deberá explicar el presidente de la Nación por qué falló todo el operativo de seguridad que debía custodiar a la vicepresidente. La batalla política contra Horacio Rodríguez Larreta por haber colocado vallas y custodios de la policía porteña en la esquina del domicilio de la vicepresidenta. En el momento del atentado de hoy la vigilancia de la vicepresidenta había quedado en manos de sus custodios y con el área bajo control de la Policía Federal. Habrá que encontrar allí explicaciones por todo lo que no funcionó.

El Estado en conjunto tiene la responsabilidad de dar claridad y resolver lo que pasó. La política también en su totalidad y más quienes tienen la obligación de gobernar, deben profundizar los esfuerzos para volver a construir una convivencia pacífica.

Argentina ha superado obstáculos que eran dolorosos; Argentina ya dijo nunca más. Nunca más a la violencia institucional, nunca más a la intolerancia y la falta de convivencia. Pero la persistencia de esos valores no son automáticos y necesitan ejercitarse para evitar que se atrofien, que se anulen los músculos democráticos y pacíficos que sostienen a la República.