El proyecto de reforma de la Corte obtuvo un importante respaldo
El proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza impulsado por el gobernador Rodolfo Suarez generó una una fuerte controversia en el ámbito judicial. En medio de críticas y apoyos, la iniciativa obtuvo el respaldo de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza.
La semana pasada el Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura una propuesta para modificar la Ley N° 4969 y reorganizar el funcionamiento de las salas del máximo tribunal para que se sortee entre los siete integrantes de la Corte los jueces que intervendrán en cada causa.
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“Analizados los fundamentos y propósitos del referido proyecto y su texto, esta Federación considera oportuno manifestar públicamente su total apoyo a la iniciativa, por entender que la misma constituye una propuesta superadora del actual esquema y procura una mayor transparencia y eficiencia en la organización y gestión del Alto Tribunal”, expresó el organismo que nuclea a los cuatro Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia.
En el mismo comunicado difundido este martes, plantean que el proyecto apunta a “corregir deficiencias, evitar distorsiones y erradicar prácticas abusivas del sistema, las cuales vienen siendo, desde hace años, objeto de agudas críticas en el foro”.
“La adopción de un colegio de jueces, y el sorteo de aquellos que deben intervenir en cada causa, indudablemente brinda mayores garantías en la conformación del tribunal, evitando el denominado ‘forum shopping’ -expresión anglosajona que alude al fuero de conveniencia-, ya que en el actual diseño permite elegir la sala de turno para introducir una causa de materia originaria de la Corte”, continúan argumentando desde la Federación.
Por otro lado, resaltan que “se soluciona la incomprensible limitación del presidente del cuerpo a una función simplemente administrativa, siendo Mendoza la única provincia del país donde ello existe, que desvirtúa la esencia misma del cargo de magistrado supremo que aquél detenta y debiera ejercer con el resto del tribunal. Asimismo, se elimina la discrecionalidad al momento de decidir el funcionamiento de la Corte en pleno, aportando mayor previsibilidad y seguridad jurídica al especificar aquellos casos en que ésta debe atender causas de especial trascendencia para la sociedad, como las acciones de inconstitucionalidad o en las que estén en juego intereses colectivos y que indudablemente requieren de mayorías calificadas”.
Este importante respaldo que obtiene la iniciativa del oficialismo se da en el marco de una serie de críticas que ha recibido de parte de exministros y actuales integrantes de la Corte, quienes consideran que la propuesta afecta la independencia del Poder Judicial.