Obra pública: tres defensas se sumaron al planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal y un juez

Ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, continúa desarrollándose el juicio conocido como Obra Pública, con la quinta jornada de alegatos de la fiscalía.

Ayer el juez Gorini informó que el tribunal dispuso la sustanciación vía incidente, del pedido de recusación del fiscal Luciani y del juez Giménez Uriburu presentado por el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández. 

Los defensores Maximiliano Rusconi, Federico Paruolo y Juan Martín Villanueva adelantaron que también pedirían el apartamiento del fiscal y el presidente del Tribunal, mientras que sus colegas Mariano Fragueiro Frías y Miguel Ángel Arce Aggeo requirieron que se aplicara la Ley 27.439 del Régimen de Subrogancias.

Esta mañana ya se habían realizado las presentaciones y el defensor de José López dijo que en el transcurso del día haría su presentación.

Una vez que el tribunal le corra vista, el fiscal Diego Luciani solicitó responder los planteos de las defensas de manera oral “para darle máxima transparencia al trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y al juicio oral”.

Al iniciar sus alegatos, la fiscalía se refirió a la instauración, entre los años 2003 y 2015, “en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”, que tuvo por objetivo extraer fondos estatales a través de la adjudicación, mediante el direccionamiento de obras públicas viales en favor del empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo y socio comercial del matrimonio compuesto por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con el aporte de “funcionarios de confianza” que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar el éxito de las maniobras.

Luciani y Mola profundizaron en la detección de las irregularidades en la obra pública, sobre cómo Báez devino en empresario de la construcción vial.

Asimismo, exhibieron distintas conversaciones entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, y otros funcionarios, de los que surge la puesta en marcha en el año 2015 del plan que denominaron “limpiar todo” -que permitió que Báez cobrará por las obras abandonadas- y otros mensajes con Máximo Kirchner, de los cuales surgían que “las licitaciones se arreglaban con anterioridad” para que resultaran adjudicadas empresas del Grupo Báez, y cómo Kirchner era el encargado de definir la ubicación de las obras a ejecutarse.

Finalmente, se refirieron a las firmas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac, que “se prestaron a la maniobra para simular un escenario de competencia que no existía” y así lograr que se adjudicaran las obras a las firmas de Lázaro Báez.

Ayer el fiscal Luciani inició la cuarta parte del alegato fiscal centrado en quince obras de remediación de canteras, adjudicadas directamente o contempladas dentro de pedidos de modificaciones de obras -entre junio de 2006 y mayo de 2008- a la empresa Austral Construcciones, a las que se refirió como “la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

“Atrás de estas aparentes modificaciones o licitaciones, en rigor de verdad, se escondieron actos graves de corrupción. Las irregularidades aparecían en los expedientes administrativos, a la vista de todos los funcionarios”, consideró la fiscalía y agregó que estas obras “no fueron más que otra excusa para extraer ilegítimamente fondos del Tesoro Nacional hacia Lázaro Báez”.

Dijo también que “estas licitaciones aparentes fueron parte del plan tendiente a extraer ilegalmente fondos del erario. En este caso fue peor porque ni siquiera se realizaron las obras contratadas. Sin embargo, se pagaron millonarios montos de dinero a las empresas de Lázaro Báez. Los convenios fueron firmados cuando supuestamente se habían realizado las canteras. Así, sin ningún tipo de control, a ciegas, sin corroborar nada, con la plata de todos los ciudadanos, se pagaron millonarios montos de dinero que quedaron en los bolsillos de Lázaro Báez”, puntualizó el fiscal.

En tal sentido, agregó que “las millonarias sumas comprometidas y las contrataciones se tuvieron que mantener ocultas de las restantes empresas constructoras, del Registro Nacional de Constructores, de los organismos de control. Y esto constituye una prueba clara de la mala fe con la que obraron y muestra connivencia y los fines espurios de la Administración”.