Obra pública: cómo sigue el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios acusados de corrupción

Hoy se cumplen 4 años desde que el Tribunal Oral Federal 4 integrado por Pablo Bertuzzi,  Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez en disidencia condenó a Amado Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión (inmediata) por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles en la causa Ciccone. Se convirtió así en el primer exvicepresidente con una condena que fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2020. Para entonces Boudou ya no era funcionario.

Pero la causa fue vista como una de las primeras en mostrar actos de corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para la justicia, Boudou junto a otros cómplices elaboró un plan para quedarse con la eximprenta Ciccone Calcográfica y así lograr contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial.

Haciendo un paralelismo, hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo escuchando los alegatos de la fiscalía que asegura tener por probado que entre 2003 y 2015 existió una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola retomaran su acusación para seguir fundamentando que hubo una matriz de corrupción.

En la audiencia del viernes, los representantes del Ministerio Público Fiscal repasaron las maniobras desarrolladas para direccionar las adjudicaciones a empresas de Lázaro Báez. 

La fiscalía destacó en su alegato la celeridad con la que se convocaban las licitaciones y se tramitaban los expedientes; el llamado a licitación sin previsión presupuestaria -provincial y/o nacional- para las obras a realizarse; y la adquisición de los pliegos en fechas previas a las convocatorias, lo que evidenciaría que las empresas ganadoras contaban con información privilegiada, lo que resulta ilegal.

Cuando expuso el fiscal Sergio Mola, leyó la declaración de José López (exsecretario de Obras Públicas) en la denominada causa “Cuadernos”, donde el exfuncionario explicó cómo eran las maniobras para asegurar el pago a las empresas “amigas”. En base a esto, destacó que “Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido no sólo estaban al tanto de todo lo que ocurría, eran los que daban las órdenes, decidían a quién pagar y a quién no”.

Cuando el fiscal Luciani retomó la palabra para analizar la última licitación cuestionada, sobre la pavimentación de 100 cuadras en la ciudad de Río Gallegos, se refirió a la misma como “armada de antemano” y sostuvo que “quienes ejecutaron el plan siguieron las directivas y las órdenes de los jefes de la organización”. 

Agregó que este procedimiento tuvo la particularidad de que contó con la intervención del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, que en ese entonces no tenía ningún cargo público.

La fiscalía volvió a exponer -como hizo en otra jornada- algunos de los 26.000 mensajes del celular de José López que fueron analizados. El exsecretario de Obras Públicas le preguntaba a Máximo Kirchner "dónde quería que sea hagan 100 cuadras de pavimento" que ganó el Grupo Austral, entre otros proyectos millonarios. "El hijo de la expresidenta decidía y supervisaba las obras", afirmó el fiscal.

Para reforzar la hipótesis, mostró un intercambio de mensajes que involucraban a José López, Máximo Kirchner, Matías Bezi -señalado como persona de confianza del hijo de la vicepresidenta- y el arquitecto Roberto Gómez, de los cuales surgían cómo “las licitaciones se arreglaban con anterioridad” para que resultaran adjudicadas empresas del Grupo Báez, y cómo Kirchner era el encargado de definir la ubicación de las obras a ejecutarse.

Sobre el final de la jornada del viernes y luego de casi 9 horas de exposición, Diego Luciani se refirió a la situación de las firmas Petersen, Thaille y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac, que “se prestaron a la maniobra para simular un escenario de competencia que no existía” y así lograr que se adjudicaran las obras a las firmas de Lázaro Báez.

El Ministerio Público Fiscal destacó que lo expuesto muestra “un sistema de corrupción montado por Néstor Kirchner, y continuado por Cristina Fernández, que convirtió los procesos licitatorios en una mera ficción, una apariencia, una excusa para extraer fondos del Tesoro Nacional”.

Recordemos que en este debate están sentados en el banquillo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el empresario santacruceño, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; los exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.