El derecho a movilizarse no está por encima de la sana convivencia

Argentina entró, a partir del lunes, en una escalada de violencia verbal preocupante. Esto conlleva a una violencia en términos institucionales pero no en el sentido en el que el presidente Alberto Fernández denuncia de Horacio Rodríguez Larreta, sino en el sentido en el que la división de poderes está siendo sometida a un escarmiento popular. Esto es a propósito de la defensa de un liderazgo que entiende que su razón de ser y fortaleza está con la gente en la calle. 

Es una enorme irresponsabilidad de los actores centrales del Gobierno y de los dirigentes haber convocado a derribar las vallas. Es una enorme responsabilidad del Gobierno porteño no haber negociado a tiempo. El fiscal Diego Luciani dijo que era corrupción o justicia. Ahora parece ser todo corrupción o República. 

Lo que está en discusión es la división de poderes y un sano equilibrio democrático que va a tener que ser repensado porque está crujiendo. El status quo va a ser modificado en base a la gran decepción de los argentinos. Es un país que está trabado hace 10 años. 

Argentina está escribiendo las páginas de escalada verbal, las cuales son premonitorias de la violencia física, no deseable y no entendible en el siglo XXI, pero comprensible en virtud de la degradación a la que se ha sometido la institucionalidad argentina. Hay una gran falta de ejemplaridad por parte de la autoridad. 

Una demostración más fue el repliegue de la policía y la finalización del acto en la vía pública, copada por la militancia, en un barrio que no descansa desde el lunes. 

Nadie impidió que la sociedad se movilizara ni marchara hacia un personaje político en pos de idolatrarlo. Sólo se impidió que ese derecho esté por encima del derecho a una sana convivencia en un barrio que no podía dormir. Las vallas fueron puestas para garantizar la paz en esas dos cuadras.