Obra pública: segundo día de alegatos, con una fiscalía decidida a acusar

Ayer, en el comienzo del juicio denominado de la obra pública, en el cual está acusada entre otros la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani comenzó su alegato frente al Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, con una fuerte crítica a la querella de la Unidad de Información Financiera, cuya exposición consideró como temeraria y poco seria, y aseguró que “este Ministerio Público Fiscal a diferencia de la UIF tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita”.

La jornada duró poco más de 8 horas y tanto Luciani como Sergio Mola aseguraron que, a lo largo de su exposición que puede durar más allá de las 9 jornadas que le solicitaron al TOF 2, mostrarán toda la prueba analizada y coincidieron con el requerimiento de elevación a juicio que hablaba de la existencia de una asociación ilícita.

Qué decía el pedido de elevación a juicio de los fiscales

En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al solicitar la elevación a juicio, tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial, adjudicada a la provincia de Santa Cruz, y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

Dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo (Cristina Fernández de Kirchner) pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti, para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.

La fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Recordemos que durante su indagatoria en diciembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner desconoció su amistad con Báez, el acusado de ser el principal beneficiario de obra pública. Allí remarcó: “No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso hacía la dictadura con la gente que aparecía en las agendas”.

Luciani recordó esos dichos y manifestó que aunque Cristina Fernández de Kirchner niegue ser amiga de Báez o critique al tribunal que acusa, "Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Báez mientras se le otorgaban obras públicas". “No recibimos respuesta. Intentaron ocultar esto. Este vínculo innegable y la estructura detrás de Báez lo habilitó a armar un verdadero emporio”, sostuvo.

Se espera que para hoy se continúe con los alegatos que probablemente finalizarán la última semana de agosto, tras lo cual será el turno de las defensas para hacer sus exposiciones. 

A través de las redes, varios referentes del kirchnerismo salieron en apoyo de su líder y se refirieron a lo que pasó en el juicio como un acto persecutorio o de lawfare, criticando a la fiscalía por falta de pruebas, a pesar de que muchos se sorprendieron con los 26 mil mensajes de José Lopéz, que se desconocían hasta la fecha, donde hablaba del plan limpieza.