En detalle: qué incluye la declaración jurada que Manuel Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción
En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni informó la existencia de ahorros que no habían sido incluidos en sus presentaciones patrimoniales anteriores.
Después de semanas de expectativa y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó finalmente ante ARCA y la Oficina Anticorrupción una serie de declaraciones juradas rectificativas en las que reconoció haber poseído 506.000 dólares no declarados antes de ingresar a la función pública.
La presentación se concretó este miércoles, luego de que un equipo de asesores legales y contables trabajara durante varias horas en la carga de documentación correspondiente a distintos períodos fiscales. Además de las declaraciones del funcionario, también fueron modificadas las presentaciones realizadas por su esposa, Bettina Angeletti.
La clave de la rectificación
El punto más relevante de la documentación presentada se encuentra en la corrección de la primera declaración jurada que Adorni entregó como funcionario nacional. En aquella oportunidad había informado bienes y activos equivalentes a unos 24.000 dólares al tipo de cambio de ese momento.
Ahora, sin embargo, el funcionario sostuvo que también contaba con 506.000 dólares en efectivo que no habían sido declarados ante las autoridades tributarias. De esta manera, el patrimonio reconocido para ese período asciende a aproximadamente 530.000 dólares.
La decisión de rectificar esos datos se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del funcionario y por diversas investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa algunas de sus operaciones inmobiliarias y gastos personales.
Las explicaciones sobre el origen del dinero
Según trascendió, Adorni atribuirá el origen de esos fondos a más de 25 años de actividad laboral. Parte importante de ese patrimonio, según su versión, habría sido obtenida a través de inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018.
El funcionario también argumentará que una porción de los recursos provino de ahorros acumulados durante años y de la venta de un inmueble heredado en la ciudad de La Plata.
Por el momento no se conocieron detalles públicos sobre las operaciones financieras ni sobre las billeteras virtuales utilizadas para realizar esas inversiones, aspectos que podrían adquirir relevancia en el marco de la investigación judicial.
Propiedades, reformas y cuestionamientos
La situación patrimonial de Adorni quedó en el centro de la escena tras la difusión de información vinculada a distintas adquisiciones inmobiliarias realizadas en los últimos años. Entre ellas aparecen un departamento en Caballito y una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
También trascendieron detalles sobre obras de remodelación efectuadas en esa propiedad, cuyos costos habrían sido significativamente superiores al valor original de compra. Esos movimientos despertaron interrogantes sobre la capacidad económica del funcionario para afrontar semejantes desembolsos con los ingresos que había declarado hasta el momento.
La rectificación presentada ante los organismos de control apunta justamente a explicar esa diferencia entre los bienes adquiridos y el patrimonio previamente informado.
La causa judicial continúa
Más allá de la actualización de las declaraciones juradas, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito seguirá su curso. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan distintos aspectos relacionados con los bienes, gastos y movimientos financieros del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Desde el Gobierno adelantaron que tanto Adorni como su esposa regularizarán las obligaciones tributarias que pudieran surgir de las omisiones reconocidas en las declaraciones rectificadas. Además, ambos se incorporaron recientemente al régimen simplificado previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.
Sin embargo, la presentación de la documentación no implica el cierre de la causa. La Justicia deberá determinar ahora si las explicaciones brindadas por el funcionario son suficientes para justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio durante los últimos años.