La Justicia investiga la manipulación de sobres con declaraciones juradas de jueces en el Consejo de la Magistratura

El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación para determinar los hechos acontecidos en el Consejo de la Magistratura en junio pasado tras haber analizado legajos reservados enviados por el juez Daniel Rafecas que dan cuenta que el Presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti, dispuso un exhaustivo y minucioso relevamiento de las condiciones en las que se encontraran las oficinas de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

“En razón de lo expuesto, el objeto de esta investigación será determinar si personas ingresaron de manera ilícita a la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación, y compulsaron los sobres cerrados de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios”, sostuvo en su dictamen Ramiro González quien además solicitó al juez Rafecas varias medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Según se desprende en la presentación realizada por Rosatti en la justicia ese mismo día 21 de junio, la prosecretaria Jefe María Victoria Pérez Bayonzo, en su carácter de responsable de la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales le informó, que siendo las 8:28 horas María Victoria Villareal al llegar a dicha oficina, observó que la puerta de ingreso a la cocina, se encontraba abierta. Es decir, sin llave y arrimada, siendo que la misma había sido cerrada el último día laboral –jueves 16 de junio- y que, las únicas personas que tenían llaves de los accesos era el personal que reviste tareas ahí.  

Por entonces refirió la Dra. Pérez Bayonzo que dicha oficina limita con el hall central del octavo piso de la Administración General del Consejo de la Magistratura, sita en la calle Sarmiento 877 de esta ciudad. Luego manifestó que cuando la agente ingresó a la cocina e intentó abrir la puerta que limita la cocina del despacho de la secretaria, como lo hace habitualmente, notó que una de las cerraduras se encontraba trabada sin lograr abrirla y la otra tenía solo una vuelta de llaves, cuando normalmente se cierra con dos vueltas.

Recibidas las actuaciones tras la denuncia la Fiscalía entendió que previo a expedirse en tal sentido, se debía solicitar al Consejo de la Magistratura de la Nación que informara “...si con posterioridad a la radicación de la denuncia, efectuaron alguna inspección que permita determinar si existen elementos faltantes en alguno de los ambientes que podrían haber sido forzados, como así también si se forzaron cerraduras de las puertas que comunican a dicha oficina o de las puertas internas de la misma. 

En razón de ello, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Rosatti, ordenó la inmediata realización de un relevamiento de todos los elementos de las oficinas en cuestión, resultando de ello que con fecha 5 de julio del año en curso, el Secretario General Mariano Pérez Roller remitió copias certificadas de dos informes labrados por el responsable de la Oficina de Enlace Sebastián Mas y por la responsable de la oficina de DDJJ Patrimoniales, María Victoria Bayonzo.

Del primero de ellos, se destaca que al ser consultada la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura por las grabaciones fílmicas de las cámaras de seguridad, informaron que “...debido al problema generalizado que se registró en los sistemas del Poder Judicial de la Nación el día jueves 16-06-2022. Se vieron afectados la totalidad de los sistemas de cámaras de video vigilancia implementadas en CABA. Los mismos fueron restableciendo en los días subsiguientes.

Dicho esto, en el caso particular del sistema perteneciente al inmueble en Sarmiento 877 de nuestra ciudad, los registros fílmicos se interrumpieron el día jueves 16/06/2022 a las 14.21 y se reanudaron el día miércoles 22/06/2022 a las 9.

En el día de ayer, sostiene el fiscal, se recibió un minucioso análisis de los sucesos acontecidos, que permitió el relevamiento de miles de declaraciones juradas que alberga la oficina ultrajada, hallándose una totalidad de veinticuatro (24) sobres abiertos y alterados, y nueve (9) sobres cerrados que por su aspecto podrían haber sido manipulados.

Algunos de los nombres que surgieron de los sobres abiertos son los de los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, entre otros.

Cabe destacar que también se observó que la mayoría de los cajones que componen los ficheros que albergan la totalidad de la documentación se encontraban desordenados respecto al orden cronológico ascendente en el cual permanecen en dicha oficina.

Por su parte desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial emitieron un comunicado alertando sobre la gravedad de la situación.