Suarez, los mensajes con Massa y la alarma por el conflicto docente

“Te deseo mucha suerte”. El mensaje enviado desde Mendoza por whatsapp fue escueto, pero contenía una carga política que el receptor supo apreciar. “Te agradezco. Y valoro el gesto”, contestó. A pesar de las diferencias y de los cortocircuitos permanentes con el gobierno nacional, Rodolfo Suarez mantuvo siempre un buen vínculo con Sergio Massa. Y esa relación se trasladó, con el cruce de mensajes, al mismo día en que el presidente de la Cámara de Diputados pasó a convertirse en superministro de Economía.

Pero más allá del gesto, la preocupación en el gobierno provincial por la crisis nacional es profunda. Y no abarca sólo a las cuestiones de la macroeconomía que Massa ahora deberá controlar. Sino que están centradas particularmente en la gestión alterada por los conflictos internos, de una administración nacional que tiene un altísimo impacto en Mendoza. Y el temor oficial se traslada, por supuesto, también al fantasma de la conflictividad social.

Si de conflicto político se trata, habrá que seguir muy de cerca en los próximos días una movida de Suarez para sortear las trabas que le busca imponer el peronismo en la Legislatura para impedir que el ministerio de Hacienda pueda tomar nueva deuda para pagar un vencimiento en dólares en 2023. El ya conocido “roll over”, que se transformó en los últimos años en una de las herramientas de presión política del peronismo para controlar los movimientos financieros del gobierno.

Mendoza tendrá que pagar el año que viene 120 millones de dólares (dos cuotas de 60 millones que vencen en marzo y en septiembre) que forman parte del pago de capital de un préstamo de 500 millones de dólares que tomó Alfredo Cornejo en 2016. Como estrategia financiera, Hacienda apunta a tomar deuda en pesos, para después solicitarle al Banco Central que le venda al tipo de cambio oficial los dólares necesarios para pagar esos vencimientos. Pero para dar ese primer paso, necesita sí o sí de mayorías legislativas que hoy no tiene.

Esta semana se planteó una salida alternativa que ya fue puesta marcha y que seguramente generará la reacción opositora: Suarez acudirá a la Justicia para solicitarle una “declaración de certeza” que le permita echar mano a un artículo de la Ley de Administración Financiera que, en caso de resultar viable, le permitirá sortear a la Legislatura para “rollear” esa deuda. La medida está a la espera de un par de dictámenes técnicos antes de ser presentada seguramente ante la Suprema Corte, está cargada de tecnicismos, pero podría resumirse así:

• Un artículo de la ley (el 68) regula los mecanismos para el pago de deuda como “roll over”, y a nivel oficial se entiende que existen dos interpretaciones de esa norma. Uno más estricto y otro más laxo.
• Si bien el artículo en cuestión no da muchas precisiones, sí autoriza al gobierno a reestructurar siempre que lo haga en mejores condiciones.
• Cuando se refinancia una deuda, hay dos formas de hacerla al menos. O dentro del mismo acuerdo y del mismo instrumento para discutir nuevas condiciones. O directamente tomar otra deuda para pagar esa acreencia que se quiere renegociar.
• Según la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo no tiene obligación de pasar por la Legislatura para operar en el primero de los casos. Y aquí viene la jugada legal: Suarez busca que para la segunda opción, la Corte haga una interpretación “flexible” del 68 a la vez que intentará demostrar que esto está dentro de las reglas de la buena administración de los recursos de la provincia.

Si lo logrará o no, dependerá primero de los dictámenes técnicos y después de un fallo favorable de la Corte. Pero lo que está claro que, en caso de salir bien, la jugada alterará aún más el escenario político que ya está por demás convulsionado. Ese mismo nivel de convulsión, como vimos esta semana, tiene la situación social.

El paro docente masivo del pasado martes y miércoles no fue otra cosa que la manifestación de este sector clave de la sociedad que canalizó, a través de la convocatoria del gremio, su descontento por la situación que están atravesando y que los mantiene, como a buena parte de los asalariados, por debajo de la línea de pobreza.

El gobierno provincial se movió con muchísima torpeza política (como mínimo) durante las primeras horas de la protesta, al salir a sostener, luego de haber hecho una mala oferta inicial de aumentos en la mesa paritaria, no solo que el paro era político sino que además los docentes que no asistieron a las aulas habían sido pocos. Lo que no percibieron además a esa altura, fue que los padres de los alumnos también habían decidido protestar a su manera sumándose al reclamo salarial docente sin enviar a los chicos a las escuelas.

Pero algo hay que tener en cuenta. El SUTE liderado por el kirchnerismo no debe llamarse a engaño y el gobierno tampoco. Los docentes no están a favor de Suarez, como así tampoco respaldan masivamente a Carina Sedano, la referente gremial. En el fondo están en contra de los dos, que no dan respuesta a sus problemas. O como lo reconoció un ministro de Suarez: "Acá la grieta no es entre el PRO y el kirchnerismo. La grieta es la gente contra los dirigentes".

Algo de esto percibió Suarez tras el segundo día de paro, al admitir puertas adentro de su gobierno que la manifestación del malestar de los docentes había sido fuerte. Juntó a los responsables de la discusión paritaria con el SUTE y definió al menos tres líneas de acción. Una de ellas fue no bajar nunca la posibilidad de diálogo, la segunda fue arreglar la situación salarial de agosto para después seguir negociando al ritmo de la crisis económica y de la suba de la inflación y la tercera, quizás la de más peso, lograr que el mínimo ingreso docente esté en los $70.000.

Esa fue, en líneas generales, la oferta que el jueves se le redondeó al sindicato que les habilitaría a los docentes un aumento del 60% entre enero y agosto pero que posteriormente fue rechazada por el gremio. El viernes, Suarez tomó la decisión: "No voy a dilatar un año una buena oferta", dijo, y terminó imponiendo el aumento por decreto. Allí se abrió un juego que, más que de ajedrez político, como siempre parece ser de figuritas para esta administración.

El SUTE se plantó ante el gobierno no tanto por el rechazo a la oferta salarial, sino que exigió además que se estableciera por escrito que la Dirección General de Escuela daba marcha atrás tanto con la decisión de descontar los días de paro, como con la resolución firmada hace unas semanas por José Thomas que limitaba los horario de las asambleas gremiales en las escuelas.

El ala política del gobierno amagó con acceder para superar el conflicto. Y en un momento del jueves todo casi vuela por los aires en la Casa de Gobierno. El sector más duro de los negociadores entiende que los descuentos en el salario son la medida ideal para disciplinar las protestas, efecto arrastre de la gestión escolar de la era Cornejo. Hace más de un mes este asunto ya había explotado puertas adentro. El gobierno arregló con Gustavo Correa, el hombre verdaderamente fuerte del SUTE, el pago en negro de algunas mejoras salariales que el sindicato aceptó más allá de que con posterioridad salió a despotricar porque el Estado “los negreaba”. En el fondo, Correa sonrió por este acuerdo.

El ítem aula opera solo sobre el blanco del salario docente y en la actualidad alrededor del 15% de los sueldos que perciben los maestros son en negro. En consecuencia, el impacto del ítem impuesto por Cornejo en 2016  para minar los paros se licuó. No es menor que en un salario inferior a los 100.000 pesos, los descuentos pueden llegar a los 10.000 pesos por ir al paro. Pero bajo las circunstancias actuales de empobrecimiento, muchos docentes decidieron sumarse a la protesta aún resignando plata.

El miércoles se verá como sigue la historia porque el SUTE podría definir nuevas medidas de fuerza que llegarán incluso a la propuesta de 72 horas de paro. Pero aquí jugaría un elemento nuevo que no estaba hasta viernes: los aumentos que fueron definidos por decreto se sumarán al estado docente, es decir, serán pagados en blanco con lo cual el ítem aula recuperaría a partir de setiembre el poder disuasivo que tuvo en los últimos años frente a las huelgas.

Pero aunque el gobierno juegue con esto, sabe que el escenario es complicado. En esta protesta intensa de docentes, los padres de los alumnos empatizaron con el reclamo, muchos de ellos no enviaron a los chicos al colegio y los sacaron del aula. No hay que hilar fino para interpretar que, muy probablemente, ellos también canalizaron a través de estos paros su necesidad de manifestarse en contra de todo lo que se está viviendo y que no es muy distinto a lo que les pasa a maestras y maestros con salarios que no alcanzan y una inflación que se devora todo.

Para el gobierno, fue una batalla cultural perdida: si durante los últimos años los paros docentes tuvieron un impacto relativo fue, entre otros motivos, porque los padres siguieron mandando a sus chicos al colegio. La educación en Mendoza viene arrastrando desde hace años dos problemas esenciales: el salario docente y que los alumnos no aprenden. Nada hace prever que, en medio de todo este conflicto, esa triste realidad vaya a cambiar.