Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, otra vez protagonistas en tribunales

Cuando terminó la feria de verano y comenzó el año judicial en febrero, los exmandatarios Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri eran noticia. En el caso de la vicepresidenta, porque en los tribunales de Comodoro Py se reactivaba el juicio de obra pública y se empezaba a escuchar ante el Tribunal Oral Federal 2, el testimonio de los exjefes de Gabinete del kirchnerismo a solicitud de la defensa de Cristina, entre ellos el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa.

Ahora la ecuación se repite puesto que desde las 8.30 de este lunes, a través de la plataforma virtual, Fernández de Kirchner estará sentada escuchado los alegatos de la fiscalía encabezada por Diego Luciani y acompañado por el fiscal Sergio Mola, quienes expondrán a lo largo de nueve jornadas ante el Tribunal Oral Federal 2. Por el momento se mantiene en total hermetismo cuál será la decisión adoptada sobre los trece imputados. 

Durante las vacaciones de invierno, la vicepresidenta criticó durante a la Corte Suprema, pero también al tribunal que la juzga y aseguró que su condena ya estaba escrita. Tras ello, varios referentes del kirchnerismo se sumaron a las críticas manifestando que lo que se busca es proscribir a Cristina de cara a las elecciones del 2023, algo que ya hemos explicado jurídicamente es imposible que ocurra. 

Antes de la feria de invierno, la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante por lo que no acusó y la Unidad de Informacion Financiera, que mantuvo su rol en medio de una crisis interna, decidió solicitar la absolución de todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación, al entender que a esta altura del proceso “hay más dudas que certezas y que sería irresponsable avanzar en una acusación”.

Tras este alegato, y el cambio de postura por cómo venía actuando la UIF en la causa, un grupo de legisladores denunció a los titulares del organismo por incumplimiento de sus deberes y “encubrimiento agravado”.

En este debate oral, Cristina está acusada como jefa de una presunta asociación ilícita que entre 2003 y 2015, según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, “tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos, la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tanto, dieron por probada la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, (…entre otros)- para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”, según sostenía la acusación.

Por su parte el expresidente Mauricio Macri comenzó el año aguardando por una resolución la Cámara Federal de Mar del Plata tras la apelación que hizo su abogado Pablo Lanusse al procesamiento dictado por el juez de Dolores Martin Bava en el expediente por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, causa que pasó luego a los tribunales de Comodoro Py y obtuvo una respuesta favorable de la Cámara Federal al revocar su procesamiento y sobreseerlo, el último día hábil previo a la feria.

En su resolución dictada en 2021, el juez Bava entendió que durante el Gobierno de Mauricio Macri se "realizaron tareas de inteligencia ilegal, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

Se espera que al reanudar la actividad judicial, la querella de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan encabezada por Valeria Carreras, apele ante la Cámara Federal de Casación penal para que se revise la decisión de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes entendieron que no se cometió delito alguno en “las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial, tanto del propio presidente de la República -cualquiera sea la persona que ejerce el cargo- como de sus movimientos y de quien quiera acercarse a él”.

La querella además pidió, hace unos días, la intervención al relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayan, ante el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri basándose en la “inexistencia de justicia fiable para la víctimas en nuestro país”. Asimismo alegaron “errores jurídicos y arbitrariedad manifiesta en la omisión de hechos y cita sesgada de la prueba”.

Con ese telón de fondo comenzará una segunda mitad de año en la que en los tribunales se definirá el destino judicial de varios políticos, porque también debe definirse si se cierra por completo el expediente contra Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez por la fiesta de Olivos luego de haber ofrecido un resarcimiento económico que fue homologado por la justicia entre otras causas que tienen a los principales referentes en la mira.