La pelea que se anticipa entre intendentes del mismo color político

Pasarán las vacaciones de julio que en Mendoza finalizan el viernes 22 y el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda, presentará inmediatamente en la Legislatura provincial su proyecto para poder desarrollar la minería metalífera con algunas de las sustancias químicas que prohíbe la ley 7722. "Apunto a que al menos se dé el debate", confirmó el jefe comunal a MDZ. La disputa vendrá de parte de varios de sus propios pares de radicales de Cambia Mendoza, quienes están en contra de la modificación que pide y además, el Gobierno provincial por ahora no ha garantizado el aval a esa iniciativa malargüina.

¿Tiene usted el apoyo del gobernador Rodolfo Suarez para presentar el pedido de excepcionalidad a la 7722? "Tengo el respaldo del pueblo de Malargüe", aseguró Ojeda ante MDZ. Aunque ante una mirada rápida aparenta eludir la contestación,  en realidad pese a que el Gobernador ha hecho gestos de que quiere avanzar con los proyectos mineros, no le ha garantizado que lo acompañará en su propuesta.

En el municipio de Malargüe tienen el texto de la iniciativa listo desde hace varios meses y en 20 días, pretenden que ingrese por la Cámara Alta, en manos de la senadora Jésica Laferte, quien es la esposa de Ojeda. La legisladora pedirá el estado parlamentario, es decir lo comunicará en el recinto legislativo para que pase a comisiones para que lo debatan. "Necesitamos escuchar a especialistas", reclama Ojeda.

Pero en Casa de Gobierno temen que vuelva a repetirse una situación similar a la de diciembre de 2019 cuando recién comenzaba la gestión de Suarez y en ese entonces, las principales calles de toda la provincia se llenaron de movilizaciones en contra a la modificación que propuso a la 7722. Esta situación generó que el recién asumido Gobernador diera marcha atrás, vetando su propia iniciativa.

Con ese panorama previo y con otro que corresponde al futuro cercano: el año próximo las elecciones provinciales se desdoblarían respecto de las nacionales; es difícil para el Gobierno pagar el costo político de impulsar un proyecto que no cuente con consenso en la población mendocina. 

La ciudadanía mendocina votaría para los cargos de gobernador, intendencias y a la mitad de la Legislatura en junio. En abril, serían las elecciones primarias, por lo tanto antes de que termine 2022  ya estarían en carrera los principales candidatos.

Eso también lo tienen en mente los intendentes del mismo signo político de Ojeda y especialmente aquellos que administran departamentos donde es factible la minería pero que cuentan con la oposición social desde hace más de 15 años. En en ese sentido, el jefe comunal de General Alvear, el radical Walter Marcolini, fue contundente ante MDZ : "Nosotros creemos que no hay margen social para una modificación a la 7722 después de lo que pasó al inicio del Gobierno del doctor Suarez. Sí entendemos que hay que buscar mecanismos que permitan ir a explotaciones que sean sustentables, que no pongan en riesgo la fuente de agua".

En esa línea, puso como dos ejemplos dos proyectos que están en Malargüe y que ya han sido aprobados por la Legislatura porque no incumplen la ley. Esto significa que no usan sustancias prohibidas por la norma aprobada en 2007 por el impulso de las poblaciones de Alvear y los departamentos del Valle de Uco. "Los casos de Potasio Río Colorado o Hierro Indio pueden ser dos importantes explotaciones mineras que den origen a pensar que con mayor tecnología y preservando el río, los cursos de agua, sus cuencas, se pueda llegar a una explotación racional", expresó. De esta forma dejó sentada su posición y le envió un mensaje a Ojeda para que avance con esas iniciativas en vez de cambiar la ley.

El jefe comunal de Las Heras, el radical Daniel Orozco, quien pretende postularse para gobernador el año próximo lanzó esta semana desde Colombia, en un foro ambiental, unas declaraciones que pusieron en alerta al oficialismo. "El agua es oro", aseguró ante representantes de toda América Latina. Esa frase no fue azarosa: es la utilizada históricamente por las asambleas ambientalistas. Las mismas que le están pidiendo a Orozco que restituya la ordenanza de ordenamiento ambiental minero que vetó en 2016, que cerraría las puertas definitivamente para el proyecto de explotación de oro y cobre San Jorge, que está latente desde hace más de una década.

Claro que desde el Valle de Uco, el intendente sancarlino Rolando Scanio (de Unión Popular, que integra Cambia Mendoza), ya ha anticipado que junto al diputado oriundo mismo departamento, el ex intendente Jorge Difonso, se pondrán en contra de cualquier modificación a la norma.