Senado bonaerense: tres pedidos de juicio político contra la jueza que suspendió la baja de imputabilidad
Tres pedidos de juicio político fueron presentados contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la baja de imputabilidad a los 14 años.
Senado bonaerense: tres pedidos de juicio político contra la jueza que suspendió la baja de imputabilidad.
XLa jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, enfrenta tres pedidos de juicio político en el Senado bonaerense luego de haber suspendido por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Las presentaciones fueron realizadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos; el senador Guillermo Montenegro, del PRO; y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi. Los pedidos fueron ingresados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento por supuesto “mal desempeño en sus funciones”.
La decisión que suspendió la baja de imputabilidad
Pascual dictó una medida cautelar en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”, mediante la cual suspendió preventivamente la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La normativa establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y contempla la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La ley había sido sancionada en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional.
El régimen establecía además un período de transición de 180 días para que las distintas jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras y disponer de las condiciones necesarias para alojar a adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
Al cumplirse ese plazo, la magistrada resolvió suspender preventivamente su aplicación durante 60 días.
La audiencia convocada por la jueza
En su resolución, Pascual también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
La decisión generó cuestionamientos desde sectores políticos y organizaciones vinculadas con la Justicia. Desde el oficialismo y espacios cercanos también apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la situación generada en torno de la implementación de la normativa.
El miércoles pasado, además, la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”.
En paralelo, la entidad solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que derivó en la suspensión de la normativa.
Para la organización, la resolución de la jueza es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y afecta la división de poderes, debido a que suspendió una norma aprobada por el Congreso Nacional.
Según la ONG, la magistrada fundamentó su decisión sobre “una hipótesis de futuro”, al considerar un eventual incremento de adolescentes detenidos y los posibles problemas de alojamiento que podría generar la aplicación del nuevo régimen.
