Con indagatorias avanza el juicio contra Oscar Parrilli y Katya Daura por defraudación al Estado

El Tribunal Oral Federal 7 dio inicio el lunes pasado al juicio oral contra el senador kirchnerista Oscar Parrilli; Katya Daura, ex titular de Casa de Moneda; Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, entre otros, por administración fraudulenta al haberse pagado un adelanto de $800.000 por libros que nunca se imprimieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013.

En el mismo juicio se debate un proceso seguido contra Katya Daura  por el presunto uso de cerca de 8 millones de pesos de la Casa de Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de su casa de la localidad bonaerense de Pilar. En 2016 el juez Sebastián Ramos dictó el procesamiento de Daura por el delito de peculado por el uso de fondos públicos para beneficio personal.

La semana pasada, tras la lectura de las imputaciones y el agregado de los requerimientos de elevación a juicio, la defensa de Oscar Parrilli encabezada por Aníbal Ibarra solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio a la que adhirieron el resto de las defensas. 

En tanto al realizar las cuestiones preliminares, el abogado defensor de Daura, Matías Molinero, planteó la excepción de falta de acción por inexistencia de delito alegando una novedad normativa de la Policía Federal Argentina en relación a la seguridad y custodia del titular de la Casa de Moneda y su grupo familiar. La defensa de Mario Enrisi y Héctor Desmoras adhirió al planteo. Los letrados buscaban suspender el juicio y que sus defendidos fueran sobreseídos sin pasar por el debate.

Luego de un breve cuarto intermedio, la fiscal de juicio, Dafne Palópoli, solicitó al tribunal que se rechacen tanto el pedido de nulidad como la excepción de falta de acción tras lo cual el Tribunal Oral determinó rechazar los planteos y avanzar en el debate.

Aníbal Ibarra requirió al TOF 7 que sus asistidos Oscar Parrilli y Javier Grosman declaren de forma presencial algo que aún no fue resuelto y se espera que mañana den una respuesta mientras que comienzan las indagatorias en la causa por peculado, donde tendrán oportunidad de declarar o negarse a hacerlo Katya Daura, Mario Enrisi y Héctor Desmoras. Esto será de forma virtual, tal como se desarrolla el juicio.

El 11 de julio deberían ser las indagatorias en la causa por defraudación y luego se pasará a un cuarto intermedio por la feria judicial y se retomará en agosto con una audiencia semanal hasta el final del debate. Está previsto que en el mismo declaren cerca de 90 testigos. 

Una de las causas se originó a raíz de una denuncia del entonces presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose, por las maniobras supuestamente defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo. Dicha adjudicación de la "Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010" por entonces a cargo de Parrilli fue para el organismo dirigido por Daura, para imprimir 100.000 ejemplares del libro sobre "La década ganada" por $ 8.000.000, de los cuales recibió un anticipo de $ 800.000 pesos para la primera etapa.

Según la denuncia, el proceso licitatorio habría estado direccionado a que la Casa de Moneda ganara y contratara a terceros para la publicación de un libro sobre la década kirchnerista que nunca se hizo y tampoco fue reclamado por la secretaría de presidencia.

La Casa de Moneda compró papel a Celulosa Argentina por $ 2.650.000 y una parte lo envió a depósitos de la firma "Anselmo Morvillo S.A", quien se encargaría de la impresión de la obra y que ahora reclama por una deuda de $ 1.650.000 pesos en concepto de depósito de papel. 

Cuando en 2017 el fiscal Carlos Rívolo le pidió al fallecido juez Claudio Bonadio la elevación de la causa consideró que Parrilli en su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, “tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda – por fuera de los canales legales- los términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a Casa de Moneda por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución”.

Pose también denunció por entonces a Daura por utilizar fondos del estado para beneficio personal al contratar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y personal de seguridad. Por entonces el fiscal Gerardo Pollicita había imputado a Daura y a Héctor Desmarás, quien fue gerente de seguridad de la Casa de Moneda, y a Mario Enrici, quien era gerente general y fueron procesados por el juez Sebastián Ramos. 

En marzo de 2018, la Cámara Federal al confirmar los procesamientos refirió: “La estructura montada –custodios, choferes, seguimiento satelital de vehículos- para respaldar las actividades de Daura y sus 5 hijos, ha sido desmesurada, infundada e ilógica, y generó el uso de recursos del Estado para beneficio personal de la nombrada y su círculo íntimo".